El pacto de Ábalos con la UE para evitar otra multa a Correos acaba en la Justicia

Los operadores privados recurren al Tribunal de la UE la decisión de Bruselas de avalar la asignación recibida por Correos entre 2011 y 2020 y denuncian una sobrecompensación de 800 millones.

Los competidores de Correos en el mercado postal español, agrupados en la patronal Asempre, no están dispuestos a dar por cerrada la causa en Europa contra la presunta sobrefinanciación del operador postal público por los Presupuestos Generales del Estado. Tras batallar por vía administrativa en la Comisión Europea para rebajar la asignación pública que recibe el operador estatal por la prestación del denominado Servicio Postal Universal - el núcleo de servicios de interés general que se deben prestar aún a pérdidas para garantizar el cumplimiento de la ley postal española -, lo que desembocó en una multa de 167 millones de euros por el periodo 2004-2010 y en un acuerdo entre Bruselas y el Gobierno de España que limitó a un máximo de 128 millones de euros la asignación anual para el periodo 2011-2020, el lobby ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la UE para recurrir la decisión de la Comisión respecto al periodo 2011-2020 con el argumento de que ignora una sobrecompensación del Estado español a Correos por un valor cercano a los 800 millones de euros, según aseguran fuentes conocedoras del recurso planteado por Asempre y ha confirmado a La Información la propia asociación profesional.

El recurso de la asociación profesional que aglutina a los operadores postales privados reabre el que en los últimos años se ha convertido en el principal foco de preocupación para el operador postal público, que ha visto no sólo como se desmoronaban los ingresos procedentes del negocio postal tradicional sino también los que le llegaban de los Presupuestos Generales del Estado a cuenta de la creciente presión externa sobre la retribución del Servicio Postal Universal. Tras los difíciles años de la crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a acordar con el operador postal público una retribución anual de 220 millones de euros por la prestación del SPU, sin soporte jurídico alguno y sin respaldo en la información contable de la empresa del Estado, según han venido denunciando sus competidores, que han visto esa asignación como una especie de 'rescate encubierto' a la compañía con consecuencias devastadoras para la competencia en el mercado postal, decretada por ley en 1998.