Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), a las que ha tenido acceso Diagonal, la segunda emitida hace escasas fechas, han acabado con el peculiar entramado creado por Correos para limitar las bajas médicas de sus empleados, el denominado Tribunal Médico Central.

Tras la denuncia de un trabajador

Varapalo judicial al Tribunal Médico Central de Correos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado que el Tribunal Médico Central, utilizado por Correos para limitar las bajas médicas de sus empleados, no tiene potestad para contradecir informes médicos de especialistas.

Valladolid

17/03/16 · 11:06 

 https://www.diagonalperiodico.net/global/29745-varapalo-judicial-al-tribunal-medico-central-correos.html

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), a las que ha tenido acceso Diagonal, la segunda emitida hace escasas fechas, han acabado con el peculiar entramado creado por Correos para limitar las bajas médicas de sus empleados, el denominado Tribunal Médico Central.
Estas sentencias han sido consecuencia de una demanda interpuesta por el funcionario de Correos y delegado sindical de CGT Luis Posadas Lubeiro.
El Tribunal Médico Central lo componen tres médicos de familia (no especialistas) que se reúnen semanalmente en la sede central de Correos para emitir altas médicas a los empleados.
Luis Posadas padece una meralgia parestésica del nervio femorocutáneo (irritación de un nervio de la pierna que le deja paralizado) desde enero de 2013, por lo que los especialistas a los que acudió (neurólogo, reumatólogo, etc.) decretaron su baja médica. Pese a que su dolencia persistía, el 13 de junio de ese año el Tribunal Médico Central de Correos, sin ningún tipo de reconocimiento médico al trabajador, resuelve que está en condiciones de trabajar y emite el alta con un informe estándar utilizado para todos los casos, fotocopiado incluso con la firma ya puesta.
Este funcionario indicó que su dolencia le impedía incorporarse y presentó cerca de una veintena de informes médicos de siete especialistas que certificaban que no estaba en condiciones de trabajar. Sin embargo, Correos le abrió expediente sancionador y, tras varios meses incoándolo, le sancionó con un año de suspensión de funciones por falta disciplinaria de carácter grave por “ausencia injustificada”.
Luis Posadas interpuso dos recursos contencioso-administrativos, uno contra la decisión del Tribunal Médico Central por darle el alta sin pasar reconocimiento y otro contra la sanción recibida por no incorporarse al puesto de trabajo. En ambos, el TSJCYL le ha dado la razón, en sendas sentencias de suma importancia porque sientan jurisprudencia contra el proceder de este Tribunal Médico creado por Correos. En la primera se reconoce su situación de incapacidad laboral y se establece que Correos no tiene potestad para contradecir informes médicos de especialistas, y en la segunda se anula la sanción recibida indicando que no se produce ausencia injustificada al puesto de trabajo.
Tras estas sentencias, además de venirse abajo el entramado médico montado por Correos, este organismo tiene un gran problema que solucionar, ya que según las sentencias legalmente Luis Posadas no ha dejado de estar de baja y lleva tres años sin cobrar, por lo que tendría que percibir su salario con sus correspondientes vacaciones, días de libre disposición, etc. Además de las costas del juicio. Y, según la normativa, si está de baja más de 18 meses le tenían que haber jubilado.
“¿Cómo se soluciona eso ahora?”, se pregunta Posadas, que indica que “lo malo es que ese dinero no va a salir del bolsillo de los culpables, que son los jefes que toman la decisión de expedientar, o los médicos que firman sin más…, sino de los ciudadanos por ser una empresa estatal; por ello, si a partir de ahora toman alguna represalia, interpondré querella no contra Correos, sino contra quien firme la resolución para que tenga que responder de forma personal por sus decisiones sin ampararse en Correos”.
Desde que se le manifestó la enfermedad, Posadas no ha vuelto a trabajar. Se trata de una dolencia considerada rara y que se cronifica, aunque con el tiempo puede estabilizarse y hacerse más llevadera. Consiste en una inflamación de un nervio que va de la zona lumbar hasta la rodilla y provoca dolores insoportables. “Y en esas circunstancias querían que fuera a trabajar, cuando no podía ni andar”, seña este funcionario de Correos, que ha manifestado a Diagonal que “es la primera vez en España que un funcionario llega hasta el final y desmonta la infraestructura del TMC, que no tiene amparo legal, funciona con criterios economicistas siguiendo las directrices de la empresa y hace dejación administrativa, ya que fotocopian los informes hasta con la firma, es un tribunal que sólo da altas y cobra por ello, como una especie de comisión por el beneficio que produce a la empresa el alta médica”.
Según Luis Posadas, “no respetan la baja médica indicada por especialistas que sí examinan a los pacientes, y esto lleva a situaciones extremas, como carteros repartiendo el correo con muletas o carteros que se pierden porque tienen alzhéimer pero no les permiten estar de baja médica”. Y añade que “muy poca gente puede permitirse estar años sin cobrar y encima pagando abogados, y cuando se abusa de alguien que no se puede defender, eso es fascismo”.
Sobre la razón última de este comportamiento, Luis Posadas apunta que “es una estrategia de Correos para cargarse a todos los funcionarios y dejar solamente al personal laboral; la situación de Correos es cada vez peor porque internet le está comiendo el terreno, y como los jefes quieren mantener sus suculentos beneficios se quieren deshacer del colectivo de funcionarios machacándonos por donde más sensibles podemos ser, que es en temas de salud, y quedarse sólo con el personal laboral, al que le pueden decir que trabaje sólo cuatro horas (contratadas, pero exigiéndoles que se queden más horas), con contratos basura, etc.”.
Luis Posadas es delegado sindical de CGT, y afirma que “los sindicatos mayoritarios se callan porque reciben prebendas”.

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Por si acaso a esas letrinas de comunicación que se dicen “medios” se les olvida, que va a ser que sí, les recuerdo que es Cuba la que puede ayudar a EEUU en su transición a la democracia para que deje de ser el país que acumula la mayor deuda americana y el que derrocha la mitad de los recursos del planeta; el que más drogas consume y quien más vulnera los derechos humanos, mientras multiplica indigentes y analfabetos y mantiene al margen de cualquier seguro social a 50 millones de personas.  Es Estados Unidos el país que más guerras ha provocado y más paces ha mentido, el que cuenta con más bases militares diseminadas por todo el mundo, más golpes de Estado ha urdido y más gobiernos democráticos ha tumbado. Es a ese país al que hay que ayudar para que sus candidatos a la presidencia no los elija el capital de entre los escaparates de la V Avenida, Beberly Hills o el circo, y para que sus ciudadanos, además de votar, puedan elegir.
Es a esa nación a la que hay que ayudar porque es inaceptable la existencia de campos de concentración, y Guantánamo solo es el más conocido, o cárceles secretas; bochornosa la construcción de gigantescos y vergonzosos muros con los que aislar a sus vecinos; inadmisible que secuestren opositores por todo el mundo; que sean sus soldados los únicos que no están obligados a responder ante tribunales internacionales de justicia porque están por encima de cualquier ley; y que, asesinado su presidente en un encubierto golpe de estado, tenga la justicia que esperar 66 años para que ese pueblo conozca la verdad. Inaceptable la impunidad del crimen de sus cinco presidentes asesinados siempre en oscuros expedientes de hombres perturbados que actuaban solos y al servicio de nadie; como es cínico que dé la bienvenida a quien llega en Virginia a la sede de la Central de Inteligencia Americana (CIA) el bíblico lema de “Y la verdad os hará libres” mientras se tiene presos o escondidos o asilados a sus propios conciudadanos, precisamente, por haberse atrevido a decir la verdad.
Quien debe cambiar es ese “norte revuelto y brutal” del que hablara Martí y que como bien dijera Chávez sigue oliendo a azufre, que enarbola la violencia como conducta, la tortura como terapia, el crimen como oficio, la guerra como negocio y para el que siempre hay un Nobel de la Paz.

Dos juezas de Bilbao, expedientadas por «falta grave» de maltrato a funcionarios

• El Tribunal Superior eleva ambos casos al Consejo del Poder Judicial, que tendrá que decidir si los archiva o impone una sanción de entre 501 y 6.000 euros

• Ainhoa De las Heras | 

2 marzo 201601:24

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha abierto expediente disciplinario a dos magistradas de Bilbao y ha elevado ambos casos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sendas posibles «faltas graves». Se trata de las titulares del Juzgado de Violencia de Género número 2, a quien se acusa de exceso y abuso de autoridad y falta de desconsideración hacia los funcionarios; y de lo Social 1, también por desconsideración hacia los secretarios y demás personal de la Administración de Justicia.
En el primer caso, la denuncia fue presentada por personal interino y en el segundo, por titulares e interinos, a instancias del sindicato LAB, a finales del pasado mes de enero ante el Decanato y la Sala de Gobierno del TSJPV. Ambas magistradas se encuentran de baja laboral desde entonces, cuando se abrieron diligencias informativas. Para evitar contaminaciones, dos jueces guipuzcoanos se encargaron de tomar declaración a los funcionarios de ambos juzgados y a las magistradas. Finalmente, la Sala de Gobierno ha decidido remitir los casos a Madrid.
En Violencia de Género 2, los hechos más graves se registraron el pasado 20 de enero, cuando la magistrada, en un arrebato, pidió a los funcionarios que le revelaran a qué sindicato estaban afiliados, algo que es ilegal, y les advirtió de que iba a «ir a por ellos». La Sala de Gobierno del TSJPV ha decidido también dar cuenta al servicio de Inspección para intentar solucionar las disfunciones detectadas en cuanto a los excesos del personal funcionarial.

«Sacar a la luz injusticias»

Al abordar malos tratos, que exigen una respuesta inmediata, como órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares, cuando les entra una denuncia, por ejemplo, a las dos de la tarde, deben prolongar su jornada, y eso se produce de forma habitual. Respecto a Social 1, los funcionarios se quejaban de que la jueza les trataba de forma «despótica» y «prepotente» y de que incluso se habían registrado también quejas de abogados. La actitud inadecuada de estas dos magistradas era algo conocido por todos los estamentos judiciales «desde hace muchos años», según LAB.
A partir de ahora, la comisión disciplinaria del Consejo General, formada por siete vocales, dispone de un período de seis meses para resolver el expediente, bien archivándolo o proponiendo una sanción. Según el artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), las faltas graves de los magistrados se castigan con una multa económica de entre 501 y 6.000 euros. La comisión deberá designar un instructor o promotor, que se encargará de investigar cada caso, bien tomando declación oral o por escrito a los implicados, según explicaron desde el órgano de gobierno de los jueces. En España ejercen unos 5.000 magistrados y cada año se registran una media de entre 40 y 50 expedientes, según las mismas fuentes.
La delegada de LAB-Justicia Loreto Cabo Maguregi cree que, «al margen de que las denuncias terminen o no en sanción, el hecho de que hayan llegado hasta donde han llegado demuestra que los jueces no son intocables». Según Cabo Maguregi, «cuando los trabajadores tienen puebas concluyentes y ganas de sacar a la luz injusticias, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior responde». En su opinión, «los jueces tienen mucho poder, lo que no podemos permitir es que hagan un uso abusivo de él».

 http://www.elcorreo.com/bizkaia/201603/02/juezas-bilbao-expedientadas-falta-20160301235942.html

Han pasado 40 años de la masacre del 3 de marzo. Cuatro décadas. En esa construcción del relato, la víctimas siguen sin recuperar su lugar. Los verdugos, en cambio, engreídos, vanidosos, refugiados en su eterna impunidad.

Vitoria: 3 de marzo de 1976

Iñaki Egaña

Viento Sur

Han pasado cuatro décadas desde la masacre de Gasteiz, de aquellas luchas obreras que nos convulsionaron. El PTV (Pueblo Trabajador Vasco) que la izquierda abertzale puso en la vanguardia de la revolución, adquirió visibilidad en las movilizaciones. Su organización, su compromiso fue también la del enemigo de clase al que, 40 años después, me dispongo a recordar.
Uno. La organización obrera surgió de la solidaridad con los trabajadores de Forjas Alavesas y otras empresas que negociaban su convenio. Una huelga general paralizaba Gasteiz y varios miles de trabajadores se dieron cita en la parroquia del barrio de Zaramaga. La Policía Armada, siguiendo instrucciones superiores, realizó una acción de guerra en tiempo de paz. Lanzó gases lacrimógenos y botes de humo en el interior de la iglesia y cuando los obreros despavoridos intentaron ganar el exterior, fueron abatidos como conejos.
Dos. El balance en Gasteiz fue de cinco muertos y más de un centenar de heridos. Los fallecidos: Romualdo Barroso (19 años), Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar (17 años), José Castillo y Bienvenido Pereda. El 8 de marzo en Basauri y en una manifestación de protesta por los sucesos de Gasteiz, la policía mataba a Vicente Antón Ferrero, de 18 años. El día 5, en Tarragona y en una manifestación tras la masacre de la capital alavesa moría, tras caer o ser arrojado de un tejado cuando le perseguía la policía, el obrero Juan Gabriel Rodrigo Knafo, de 19 años. El 14 de marzo, en una protesta por las muertes de Gasteiz frente a la Embajada española de Roma, la policía italiana disparó fuego real contra los congregados matando a un viandante, Mario Marotta e hiriendo gravemente a otros dos.
Tres. La respuesta del Estado español fue de reafirmarse en la actuación de sus policías. Para el gobernador civil de Araba, Rafael Landín, la "represión de la policía ha sido en algunos momentos insuficiente" lo que corroboraba la nota oficial del Gobierno de Arias Navarro: "La actuación de las fuerzas del orden ha estado encaminada a proteger el ejercicio de las libertades individuales". Como en el golpe de Estado de 1981 con los números de la Guardia Civil, ningún agente policial, a fin de cuentas los que dispararon y mataron obreros, fue imputado.
Cuatro. En línea con el apartado anterior de impunidad, los únicos detenidos fueron aquellos que la Policía señaló como dirigentes obreros, que ingresaron en la prisión de Carabanchel: Imanol Olaberria, Jesús Fernández Navas, Juanjo Sebastián y Emilio Alonso. Otros en Langraitz. Las víctimas fueron encarceladas y los verdugos, compañías acantonadas en Miranda, Valladolid y Gasteiz, felicitados por haber matado obreros.
Cinco. La amenaza y el interés por amedrentar a los obreros y a los sectores populares no fue una bravuconada, sino que el Estado la cumplió a rajatabla. En los dos meses siguientes, los agentes policiales y similares mataron a dos carlistas en Jurramendi, a Felipe Delgado en un control en Zestoa, a Alberto Soliño, en el festival de la canción vasca en Eibar, mientras una bomba abandonada por el Ejército hispano en Urbasa mataba a cinco vecinos de Etxarri Aranatz. Amenazaron con seguir matando y lo hicieron. Funcionarios del Estado.
Seis. Los responsables de la masacre tenían nombres y apellidos. El director de Seguridad del Gobierno español era Víctor Castro Sanmartín, presidente de la Hermandad de la División Azul (españoles con Hitler en la URSS), protagonista de las negociaciones con EEUU para las bases militares en España. En 1976, tras los sucesos, fue destinado al CESID (servicios secretos). Su adjunto era José Antonio Zarzalejos Altares que recibió como trofeo el Gobierno Civil de Bizkaia, de donde dimitió tras la legalización de la ikurriña. Zarzalejos Altares, sin embargo, fue nombrado fiscal general del Tribunal Supremo ya en la época del PSOE. Fue complaciente con los GAL, haciendo honor a su currículo. Sus hijos también fueron y son sonoramente montaraces. Uno, José Antonio, director de “El Correo”, “ABC” y hoy en “El Confidencial”. El otro, Javier, secretario general de Presidencia en el Gobierno de Aznar y hoy presidente de la Fundación ultra, FAES.
Siete. Con el poder mediático controlado y los obreros tachados de delincuentes, terroristas y vándalos, el Estado ató la tercera pata, la judicial. El TOP (Tribunal de Orden Público, antecedente de la Audiencia Nacional) se desinhibió de los sucesos en favor de un tribunal militar, cuyo instructor fue el teniente coronel Cipriano Pérez Trincado, voluntario requeté en 1936, relator de su particular "cruzada". Trató a las víctimas como entonces, enemigos. Los hechos fueron sobreseídos. Matar obreros era gratis.
Ocho. Los responsables políticos de la masacre son recordados, en esa construcción vergonzosa del relato, como pro-hombres de la España moderna. Arias Navarro era el presidente del Gobierno. El Carnicero de Málaga le habían apodado, responsable de la ejecución de 4500 republicanos. Hoy tiene nombre de parques, calles, su familia mantiene un marquesado y grandeza de España. Su sucesor, el que ocultó la masacre, se llamaba Adolfo Suárez, que se jactaba de no haber leído jamás un libro, ha sido elevado recientemente a los altares. Ambos, Arias y Suárez, habían sido nombrados por el Borbón restaurado que tomó el nombre de Juan Carlos I.
Nueve. Qué decir de Fraga, ministro de Interior entonces: "No se van a tolerar planteamientos utópicos". "No fue una actuación excesiva, se estaba jugando mucho". Martín Villa, el ministro de Relaciones Sindicales (los sindicatos estaban ilegalizados) llegó a suceder a Fraga, y se metió luego empresario, de la marca España: Sogecable, Endesa, Prisa y hoy consejero del Sareb, el banco de los morosos. Desde 1964 con chófer oficial.
Diez. Jesús Quintana, el capitán que dirigió la masacre, señaló en la causa abierta que los obreros muertos estaban bien muertos, porque la Policía actuó en "defensa propia". No hubo, sin embargo, policía herido por arma de fuego, ni siquiera por arma blanca. Quintana, a quien Interpol pidió la detención y extradición, vive en Granada y, como jubilado da extensos paseos, paradoja, por el parque García Lorca, cerca de su domicilio.
Once. Los empresarios alaveses, que presionaron para que los salarios fueran congelados, para que el escarmiento a los obreros rebeldes fuera de los que hacen época y marcaran a toda una generación, no aparecen en las crónicas históricas. Ellos, que se negaron rotundamente a la negociación, aparecieron entonces como paladines del acuerdo. Nombraron a un mediador vallisoletano que llevaba en Gasteiz varios años como juez de instrucción, Juan Bautista Pardo García. Pardo sería, ya en 1989, el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Doce. En esta construcción de un relato oficial, de una desvergüenza supina, como esas excusas utilizadas para evitar el título honorífico a Lluís Llach, la apología del crimen ha sido excluida. Y, nuevamente, las víctimas han sido relevadas de su categoría. La justicia española y sus aparatos hacen caso omiso a Interpol. Y la policía autonómica fue capaz de disolver la manifestación de aniversario del 3 de marzo de 2006, hacer tres detenidos e imputarlos por "atentado". Por cierto, los ertzainas robaron a los manifestantes la ikurriña que abría la protesta. La Ertzaintza envió las imputaciones "por enaltecimiento del terrorismo" a la Audiencia Nacional, que las rechazó. Sería un juzgado ordinario de Gasteiz el encargado del caso y tres años después absolvió a los imputados. El responsable de aquel desaguisado, el consejero Javier Balza, tuvo un recorrido similar al de Martín Villa, pero a lo «euskal style»: Caja Vital, Uría Menéndez Abogados, Iberdrola… Pago por servicios prestados.
Han pasado 40 años de la masacre del 3 de marzo. Cuatro décadas. En esa construcción del relato, la víctimas siguen sin recuperar su lugar. Los verdugos, en cambio, engreídos, vanidosos, refugiados en su eterna impunidad.
Iñaki Egaña, Historiador Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article11016