Correos pone en la mesa 1.200 millones para ganar en la última milla a Amazon

 El Grupo Correos está dispuesto a dar un vuelco radical a su negocio y emprender una profunda transformación y diversificación que dé respuesta a la actual demanda de servicios de los ciudadanos, centrada en la paquetería y a la entrega rápida y eficaz de mercancía de todo tipo y tamaño, una decisión que acabará arrinconando al tradicional negocio postal, y que tiene enfrente a Amazon o AliExpress, unas veces aliados y otras claros competidores. La espectacular estructura de la empresa pública participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con 2.400 oficinas, 33.000 repartidores, más de 13.000 vehículos, numerosos centros logísticos, dinero público de respaldo e importantes alianzas financieras y con aseguradoras, desde el Banco Santander a Mapfre, pasando por Bankinter.

El desembarco de Amazon en España, ha contribuido a dar este giro, que empezó a producirse hace apenas dos años y al principio de manera tímida, pero al que en el futuro se contribuirá con una lluvia de millones. Así, la empresa pública ha recurrido al Sistema Dinámico de Adquisición, un proceso totalmente electrónico, que permite gestionar cientos de contratos de duración limitada y repetitivos y de todas las cuantías para convertirse en el Amazon público español o al menos ganar la 'última milla' al gigante estadounidense. De esta forma, el pasado 7 de enero, la Plataforma de Contratación Pública publicitaba la licitación de un contrato valorado en 194,5 millones, el tercero más cuantioso hasta la fecha del Grupo Correos, para dar cobertura tecnológica, de gestión y de consultaría a distintas actividades "que permitan dar respuesta a las necesidades de Negocio" y la integración de productos comerciales y soluciones de mercado en el entorno corporativo del Grupo.

Unos meses antes se formalizaban otros dos macrocontratos. En el más reciente, Correos Express, filial de paquetería urgente de Correos, ponía sobre la mesa un contrato valorado en 506,3 millones de euros, por el procedimiento electrónico y abierto, para la recogida, transporte y distribución de paquetería en 'última milla', clave en el comercio electrónico, tanto propio como ajeno, y que servirá para garantizar la entrega rápida, la principal apuesta de Amazon. En abril de 2021, se empezaba a adjudicar a cientos de empresas el mayor contrato del Grupo hasta ahora -513 millones- con el objetivo de que cualquier transportista pueda facilitar sus servicio, para cubrir todas las rutas que no sean de 'última milla'. Correos distribuyó cerca de 135 millones de paquetes en 2021.

Digitalización, 'ecommerce', centros logísticos, internacionalización... Correos busca nuevas actividades en un modelo similar al de Amazon o AliExpress

¿Pero puede Correos, con una plantilla de 56.000 trabajadores, convertirse en un Amazon público? El Grupo ya ha emprendido iniciativas en todas las áreas en la que trabaja la multinacional estadounidense, en algunas de manera más modesta, como el desarrollo de una gran plataforma de comercio electrónico, aunque puede convertirse en un proyecto totalmente abierto a terceros y en otras de manera mucho más decidida, como empezar a gestionar cada vez más centros logísticos o Correos Express, el servicio de mensajería urgente que trata plantar cara a los gigantes de la distribución, y la internalización de su actividad -en principio Portugal y Asia-. 

El pasado abril, el líder de Más País, Íñigo Errejón, planteaba la necesidad de una ley, que pretende llevar al Congreso de los Diputados, para crear una plataforma estatal de venta online y de distribución, una especie de Amazon público y español, a partir de la estructura de Correos y Telégrafos, que además tuviera en cuenta a las pequeñas empresas, presionadas, según él, por el gigante estadounidense. Diez meses después, la propuesta de Errejón, posiblemente sin saberlo, comienza a dar pasos muy firmes en algunas de las múltiples patas del negocio, mientras en otras son algo más lentos.

Correos tiene sobre la mesa casi 200 millones para lograr su consolidación digital, clave para los futuros desarrollos de actividades, y la reformulación y diseño de plataformas ecommerce y apps del grupo. El pliego técnico, que se extiende durante 170 folios, divide estas necesidades en tres categorías, seis subcategorías y 12 subsubcategorías, que van desde la propuesta de nuevos negocios, al desarrollo de apps de comercio, proyectos  tecnológicos, la integración de productos comerciales y soluciones de gestión y consultoría, entre otros. Todos estos servicios serán contratados durante los próximos cuatro años mediante un Sistema Dinámico de Adquisición.

Correos Market, piedra angular del 'ecommerce' de Correos, puede ser la  clave de más iniciativas, respaldadas por la gran red logística de la empresa

La empresa pública puso en marcha a mediados de 2019, una plataforma online, que denominó Correos Market, a través de la cual los productores locales, pymes y autónomos podían enviar sus artículos a cualquier punto de España utilizando la extensa red de distribución de la empresa pública. El proyecto, que permite entrar a las empresas en otros 'marketplace' y crear tiendas online y apps y que ya cuenta con más de 1.200 afiliados, tenía como objetivo facilitar el desarrollo de la España vaciada y permitir la digitalización y comercio online de pequeños negocios.

Este impulso al 'ecommerce', que tiene como complemento los 4.300 buzones de paquetería CityPaq repartidos por todo el territorio nacional, tendrá un desarrollo importante en los próximos años, según consta en el pliego técnico, en el que se destaca la relación telemática del Grupo Correos con gran cantidad de entidades externas. "El crecimiento del comercio electrónico unido a necesidad de diversificación de nuestro negocio -mediante la creación de nuevos servicios a consumir por los clientes- hace necesario no sólo que los tiempos de respuesta ante posibles integraciones -terceros o con aplicativos internos- deban ser cada vez mejores y más eficaces", asegura.

Las empresas interesadas en desarrollar para Correos estos negocio, bajo el epígrafe, Soluciones Tecnológicas para Integraciones con Terceros, deberán acreditar el dominio y trabajos en aplicaciones como Magento, Prestashop, WooCommerce y Shopify, las cuatro soluciones principales de 'ecommerce'. En cuanto a la logística, Correos anunciaba hace solo unos días la puesta en marcha de un servicio logístico para una solución integral de comercio online, "con la preparación de los envíos, así como la realización de operaciones de valor añadido". La iniciativa ha ido acompañada con la apertura de dos nuevas plataformas logísticas, una en Illescas (Madrid) y otra en San Esteve Sesrovires (Barcelona).

El Grupo Correos está dispuesto a convertirse en el referente logístico español y según admite en el contrato va a aumentar el número de almacenes para el desarrollo de este negocio con la intención de gestionar más.Precisamente su competidor Amazon, que cuenta con una plantilla fija de 15.000 trabajadores, ha tomado impulso para poner en marcha nuevos centros logísticos, que sirven para impulsar la 'última milla' del proceso de pedidos, con la apertura de nuevas plataformas en Madrid capital, Móstoles y Coslada, y algunas, como la de Zaragoza, que empezará a funcionar este año. Por su parte, la empresa pública española también apuesta por la 'última milla', clave para el comercio online, que exige rapidez y nulos costes, o mínimos, a la hora de la entrega.

A la empresa pública que gestiona los cupones de la ONCE, actúa como oficina bancaria, ofrece queso, vino y miel en su Correos Market, vende seguros de Mapfre y se encarga de la tramitación de diversas tasas y abonos de las administraciones, que ya ha recibido algunos avisos de Competencia, que vigila sus ofertas comerciales a grandes clientes para impedir distorsiones en el sector, necesita apostar por nuevas actividades para sobrevivir dignamente y no atada a las subvenciones. La transformación y diversificación del negocio y la digitalización pueden ser claves para que la entidad no se convierta en un lastre.

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https://www.eldebate.com/economia/20220126/cartero-orense-lucha-dudosa-gestion-amigo-sanchez-ugt-ccoo-correos.html

 Javier González Carballo es cartero desde el año 2007. En la actualidad trabaja en Orense, pero antes lo ha hecho en otros destinos y lo ha pasado bastante mal: «Estuve unos años en Sant Cugat. Ganaba 1.100 euros y tuve que comprarme una autocaravana de segunda mano donde poder vivir. Con mi mujer embarazada, esperábamos trasladarnos a Galicia, donde había plazas vacantes. Como no bailaba al son de los sindicatos mayoritarios, no nos daban plaza. Pregunté a los sindicatos y me dijeron que solo se preocupaban por la gente de su entorno».

Quizá por este desdén, o porque se toma en serio a su empresa, Carballo acabó convirtiéndose en delegado del sindicato CGT e investigando qué está ocurriendo realmente en su compañía, que se encuentra en medio de una transición difícil por la caída del tráfico postal.

Carballo ha leído los artículos que hemos publicado en El Debate sobre las críticas de UGT y CCOO a la gestión del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Aunque no defiende al actual presidente, sostiene que las críticas persistentes de los sindicatos mayoritarios se basan en que ven peligrar los cuantiosos ingresos que reciben por formación: «Los sindicatos se dedicaban a la formación de los empleados hasta que ha llegado Serrano. Según los datos que solicitamos al Portal de Transparencia y que nos enviaron el 9 de enero de 2019, CCOO recibió 350.000 euros y UGT 180.000 por los cursos impartidos en 2017. Era un modo de pagar la calma social. Cuando Serrano llegó (fue nombrado en julio de 2018) dijo que esos cursos se cambiarían por unos textos de formación para aquellos que quisieran prepararse para entrar y prosperar en Correos», explica. 

Dudosa defensa de los trabajadores

Según Carballo, los sindicatos mayoritarios no solo reciben esas cuantiosas subvenciones. También cobran a los empleados por los cursos que les imparten, y que son claves para ir sumando puntos y consolidándose en la empresa. No entiende por qué no los da la misma compañía, pero además hay algún otro incentivo perverso: «En recursos humanos me dijeron que querían rejuvenecer la plantilla. Hablaban de que los empleados dan muchos problemas a partir de los 50 años: enfermedades, etc. Los nuevos empleados suponen nuevas afiliaciones, nuevos cursos, y con ello, más ingresos», sostiene.

Se cobra a los trabajadores, y además no se tienen en cuenta sus condiciones de trabajo. Carballo no solo lamenta que cada presidente que llega tenga que presentar un nuevo plan estratégico; también que en época de covid se tomen medidas como reducir el número de mesas o juntar al personal que clasifica el correo. Él cogió el virus, y algunos de sus compañeros, también.

En cualquier caso, si se debate un plan estratégico, como ha sido el caso recientemente, Carballo mantiene que los sindicatos mayoritarios han de estar, no autoexcluirse. Otra cuestión es que luego firmen o no. Sostiene que entre los empleados crece el desencanto con UGT y CCOO por hechos como el ocurrido el 28 de diciembre: «Por la mañana decían que el acuerdo social alcanzado entre Correos y algunos sindicatos era una farsa y convocaban una huelga para el 5, 7 y 12 de enero. Por la tarde, tras sondear a sus afiliados y decirles que se sentían engañados, comentaban que paralizaban la movilización, pero estarían vigilantes». 

Sostiene además que, al ser los mayoritarios, si realmente estuvieran tan poco conformes, podrían romper el convenio y trabajar en otro. «Hay unas prebendas por debajo; muchos liberados sindicales desde hace treinta años a los que no conocemos. Hemos hecho muchos escritos preguntando por su trabajo y nunca nos responden».

La amenaza de Correos Express

Carballo cree que el objetivo es convertir Correos en Correos Express, la filial de paquetería urgente. «El servicio de paquetería de la matriz se está desmontando desde hace dos años», admite. Si apostaran por él, lo reforzarían. Frente a él, explica que sube el negocio de Correos Express, una empresa que «está compuesta por autónomos que cobran un euro por entrega. Los carteros llevan una PDA para apuntar sus entregas. Si en lugar de poner que han hecho 70 se equivocan y ponen que han hecho 65, les cobran dos euros». A Carballo no le parece bien algo que le sugiere un trato de favor a Correos Express: «Si estamos en plena transición y la paquetería está subiendo, no deberían desviarse recursos a una empresa privada que pertenece a un grupo de una empresa pública». Los envíos del servicio de paquetería de la matriz de Correos se cobran a más de 20 euros; los de Correos Express, a 11 euros. No hay mucho aliciente para apostar por la primera.

Carballo no sabe qué se quiere hacer con Correos. No sabe si el objetivo es malvenderla. Tiene claro que la mayor parte de la cúpula de la compañía no conoce el trabajo de Correos, y lo que busca es reducir costes. No entiende que mientras se persigue este objetivo la compañía invierta en patinetes o aviones y hable de repartir a través de ellos, o se gaste 4.000 euros en cada una de sus motos nuevas de reparto. 

Mientras tanto, se queja de que a los repartidores rurales se les exige que adapten sus vehículos para una cantidad creciente de productos y se pregunta qué pasará con el servicio postal universal, razón de ser de Correos. Afirma que ya hoy se están falseando las entregas de lunes a viernes con las que se correspondería este servicio. 

En medio de este panorama, Carballo expresa su gran deseo de que Correos funcione. Ve evidente que tienen que estar en el negocio de la paquetería y compitiendo, y está seguro de que no hay ninguna empresa con una infraestructura logística como la de Correos, capaz de llegar a todas partes. Le encanta ser cartero y el trato con la gente, pero sabe que en los próximos seis meses «se avecina una lucha muy grande, porque quieren sacar adelante el plan estratégico como sea». Cree que quieren arrasar con todo, y lamenta que no puedan llegar a todo judicialmente, aunque tienen varias causas judicializadas. Por eso intenta luchar también de otros modos. Cuando Pedro Sánchez fue a Galicia el pasado 20 de diciembre, intentó manifestarse, pero le salió mal. Le dieron un golpe por detrás y se acabó la reivindicación. 

https://www.eldebate.com/economia/20220126/cartero-orense-lucha-dudosa-gestion-amigo-sanchez-ugt-ccoo-correos.html

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Correos, una empresa en continua evolución

 Las necesidades de la sociedad de hoy no son las mismas que cuando Correos se creó hace ya más de tres siglos. Pero la razón de ser de la compañía sí que sigue siendo igual desde el día de su fundación: servir a la ciudadanía y facilitar su día a día. Por ello, Correos innova continuamente para adaptarse a las demandas de nuestra sociedad, mejorar los servicios que provee y garantizar la solidez de la compañía.

Este proceso de transformación gira en torno a tres ejes: la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia. Todo ello manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización ni proceso de despidos. Gracias a esta transformación, Correos ha hecho frente a la caída del postal agravada por la crisis sanitaria (en 2021, 212 millones menos que en 2020, año en el que se enviaron 500 millones de envíos menos que en 2019).

Correos es además el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal (SPU) a todos los ciudadanos y ciudadanas, en cualquier punto del territorio. La compañía garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1).

Correos cuenta en la provincia de Málaga con 68 oficinas informatizadas y 101 puntos rurales de atención al público (62 oficinas auxiliares y 39 de atención al paso) y durante el último año se han realizado 9 proyectos de mejora en sus centros de trabajo. La compañía postal también dispone en la provincia de 28 unidades de reparto que en el último cuatrimestre del año 2021 fueron dotadas con 605 nuevos dispositivos portátiles con mejores prestaciones para su plantilla.

La adecuación de la estructura de distribución para ser más eficientes, sin merma de la calidad, es una obligación como operador público. De hecho, la compañía sigue avanzando en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en zonas rurales de todo el país. Estas oficinas quedarán totalmente digitalizadas y conectadas a los sistemas de Correos, y podrán facilitar el acceso de la ciudadanía a todos sus servicios en igualdad de condiciones que en las zonas urbanas más pobladas.

En lo que se refiere al empleo de calidad, Correos considera que es el mejor instrumento para garantizar la prestación del servicio, con la máxima calidad a toda la ciudadanía y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de la sociedad con empleo estable. Por ello, durante 2020, un total de 4.005 personas, 123 de ellos en la provincia de Málaga, se incorporaron como trabajadores fijos en la compañía en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal. El pasado mes de septiembre, se realizaron las pruebas para el ingreso de personal laboral indefinido, con 3.381 plazas provenientes de la convocatoria de 2019, 63 de ellas para la provincia de Málaga.

Actualmente está abierto un nuevo proceso de consolidación de 5.377 puestos de trabajo de las convocatorias de 2020 y 2021.

Más allá de su actividad de negocio, Correos mantiene un sólido compromiso por paliar el problema de la despoblación y contribuir al desarrollo del mundo rural. Acciones que se articulan mediante la digitalización e incorporación de nuevos servicios en las oficinas rurales, las iniciativas para luchar contra la exclusión financiera o el apoyo a los productores y pymes locales.

Correos calcula que ingresará 1000 millones de euros con más oficinas digitales en la España vaciada

 Correos atraviesa una grave crisis política y económica. Esto es innegable. La grave situación que atraviesa ha hecho mella y se ha visto reflejada en la pérdida de calidad de sus servicios. También ha sido criticada por los propios trabajadores y sindicatos, secundando huelgas durante las Navidades. En la opinión pública, la empresa además se ha visto comprometida tras aumentar el precio de algunos de sus servicios básicos, como es el caso de los sellos para envíos de cartas y tarjetas postales.

Correos es conocedor de esto y afirma que “en el ámbito económico, el primer objetivo debe ser la reconducción de las tendencias observadas a lo largo de los últimos años de deterioro de los resultados del Grupo hasta alcanzar un crecimiento de ingresos y equilibrio en la cuenta de resultados, en un periodo de tres años”. Y en ello está trabajando la empresa, aseguran las fuentes consultadas. Para ello, Correos ha estado trabajando desde el inicio de 2021 en un nuevo Plan Estratégico, ya que el actual está “obsoleto”. Para hacernos una idea, “en los últimos 25 años solo se han desarrollado tres planes estratégicos”, cuya función es el cambio de concepto de empresa y reconducir su funcionamiento con el objetivo de conseguir mayores beneficios económicos e “inyectar más cantidad de dinero en sus arcas”.

Según fuentes consultadas, actualmente Correos tiene 400 millones de euros de pérdidas acumuladas desde 2019, “sin conocer todavía las cifras del resultado del último trimestre del 2021”. También, el presupuesto anual con el que cuenta la empresa “es inferior al necesario”, comentan organizaciones sindicales. “Se necesitarían 220 millones de euros al año, y tanto en 2022 como en 2021 el presupuesto se queda solo en 110 millones”.

Los sindicatos mayoritarios no solo critican que el presupuesto sea “ínfimo”, sino que también se muestran molestos con el “modelo de empresa” que quieren llevar a cabo, afirmando que el grupo “quiere desmantelar el servicio postal universal, para centrarse exclusivamente en la logística de paquetes”.

Correos se encarga “del 65% de la paquetería” que se envía en nuestro país, pero esto no se refleja en una gran recaudación. “Nos dedicamos a la paquetería de bajo coste, no a la que da dinero”, critican. “Deberíamos competir con las grandes empresas que se dedican al ‘e-Commerce’”. En cambio, aunque parezca que ya no se usa el correo postal, este todavía representa el 65% de la fuente de ingresos” de la empresa. En cambio, desde Correos aseguran que para 2023 se estima que el 49,7% de los ingresos proceda del negocio postal y el 32,2% se obtenga a través del sector de la paquetería.

Para solucionar todos estos problemas económicos, Correos ha decidido ponerse a trabajar en un nuevo concepto de empresa con el objetivo de conseguir rellenar sus arcas. Así, ha podido saber Confidencial Digital, a finales de diciembre Correos ha acordado su nuevo Plan Estratégico, con el que estima recaudar más de 1000 millones de euros, hasta 2024. El proyecto principalmente pretende reforzar y digitalizar las zonas rurales, a través de la vertebración del territorio nacional, ampliando y diversificando sus actividades.

El Plan Estratégico

A principios de 2021, el Grupo Correos convocó a Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato Libre (SL), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Intersindical Galega (CIG) y Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA, por sus siglas en euskera) para, a través de distintos grupos de trabajo, acordar un nuevo Plan Estratégico.

Según explica Correos, se ha realizado un “análisis de las principales experiencias llevadas a cabo por ocho operadores internacionales”, con el que se han “identificado patrones a los que aproximarse” y ha servido para “constatar que los operadores con carteras de ingresos más estables son aquellos que han emprendido un modelo de actividad diversificada con servicios logísticos y de paquetería ‘express’”.

El Plan de Correos con el que Correos calcula ingresar más de 1000 millones de euros ha sido acordado con CSIF, Sindicato Libre y CIG, mientras que los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) se han desmarcado de la negociación por desavenencias políticas con el presidente de la compañía, calificando este acuerdo como meramente propagandístico: “estos proyectos modernos buscan más la imagen que la efectividad”, declara un representante de estos sindicatos disconformes.

Según ha podido saber Confidencial Digital, el acuerdo se ha logrado a finales de año y va a ser firmado en dos semanas entre la organización y los órganos sindicales. La empresa Deloitte está trabajando en ello. En el texto se acuerdan los siguientes conceptos: instalación de nuevas terminales de paquetería, oficinas móviles, digitalización de puntos rurales, quioscos multiservicios, así como la vertebración del mapa mediante el transporte ferroviario. A través de este Plan Estratégico, con el que se amplían y diversifican las actividades del grupo, se pretende principalmente reforzar y actualizar el servicio de Correos en las zonas rurales. No obstante, fuentes conocedoras del acuerdo afirman que todavía se pretende incluir algún que otro servicio más.

Terminales de paquetería y quioscos multiservicios

Correos sabe que el negocio de paquetería es un servicio con tendencia ascendente. En 2013, esta actividad apenas representaba el 6,1% del trabajo de la empresa, en cambio para 2023 estiman que va a suponer el 40,9% de la actividad total del grupo. Ante esta previsión, Correos ha decidido apostar por aumentar el número de terminales de paquetería que hay en la actualidad. Este servicio está formado por máquinas ‘homepaq’ y ‘citypaq’, con las que poder recoger, enviar o devolver paquetes a través de taquillas ‘inteligentes’.

Estas máquinas pueden instalarse en cualquier lugar de la ciudad: lugares de tránsito como supermercados, gasolineras o centros comerciales, cerca del domicilio, en el trabajo o en lugares públicos. Correos quiere apostar por incrementar especialmente en zonas rurales esta tecnología que ya lleva utilizándose desde hace años en nuestro país, con el objetivo de facilitar la recogida de un pedido, pues están disponibles a cualquier hora del día, sin necesidad de estar pendiente de estar en el domicilio en un momento concreto.

También en las zonas rurales Correos va a apostar por los quioscos multiservicios, donde se pueden adquirir cualquier tipo de producto “como si fuera una tienda o un bazar”, “por ejemplo artículos de papelería”, comentan fuentes consultadas. En locales como estos también se pueden realizar ingresos de dinero, pagar recibos o comprar, entre otras cosas, billetes de tren, avión o entradas de conciertos, explican.

Oficinas móviles y digitalización de puntos rurales

Correos cuenta con unas 2300 oficinas y 2200 puntos de atención rural distribuidos por todo el país”. A pesar de ello, hay muchas zonas de la España vaciada donde no hay ningún tipo de local al que asistir físicamente. Esta situación además cada vez se está agravando más, pues “han cerrado 240 oficinas en los últimos meses” y “se pretende clausurar todavía alguna más”, comentan fuentes consultadas. Ante esto, para sustituirlas, Correos va a tener que aumentar la flota de oficinas móviles. Así, cada cierto periodo de tiempo, “una especie de autobús equipado con los servicios de Correos” va a acudir a aquellas localidades rurales donde no haya oficinas físicas para que sus ciudadanos puedan realizar las actividades que ofrece la empresa.

La pérdida de población en las áreas rurales está provocando que los trabajadores de Correos en estas zonas sean muy escasos. Este hecho, “unido a la saturación administrativa” repleta de burocracia, trámites y tiempos de espera, provoca que el problema se intensifique para los ciudadanos que viven en localidades rurales y requieren de este tipo de servicios. Por ello, “para una mejor eficacia” y para tratar de “no saturar la red”, se va a dotar a los carteros de nuevos aparatos electrónicos (como las ‘PDAs’ recientemente entregadas) con las que cualquier trabajador de la entidad en una zona rural puede no solamente entregar cartas y paquetes, sino también dedicarse a servicios administrativos.

Según fuentes sindicales consultadas, “esta medida sí se considera positiva porque vertebra la red”, aunque critican dos problemas que deberán solucionarse: los empleados van a tener que recibir una formación técnica con la que estar cualificados para desarrollar este tipo de actividades y, al mismo tiempo, deberán dotar a todas estas localidades de servicios de Internet a través de fibra óptica. “Esto hoy en día es un problema”.

Correos Farma, Frío, Market y Sampling

Correos también tiene previsto ampliar y diversificar su actividad en zonas rurales a través de servicios concretos que tratan de acercar al ciudadano productos sectoriales que pueden ser difíciles de conseguir o transportar en la España vaciada.

Correos Farma va a permitir recibir “rápido y a diario” medicamentos a domicilio. Con este servicio las farmacias van a poder ofrecer entregar sus productos a los clientes que estén en su área rural de influencia. Según los representantes sindicales consultados, esta actividad va a requerir modernizar la flota de vehículos para garantizar el correcto transporte de los medicamentos que requieran conservar una cadena de frío, por ejemplo.

Algo parecido ocurre también con el servicio de Correos Frío, encargándose de transportar productos perecederos de alimentación. Este servicio también va a precisar de vehículos adaptados a este tipo de mercancía refrigerada.

Fuentes consultadas explican que algunos de estos servicios ya están en funcionamiento desde hace tiempo, pero a través del Plan Estratégico Correos pretende reforzar estas actividades y sobre todo acercarlas a todas las zonas rurales. Correos Frío es un servicio totalmente novedoso en la empresa. Ha sido presentado en 2022.

Correos Market es uno de los servicios que tiene más incidencia en las zonas de la España vaciada. Es un ‘marketplace’ con el que se pretende dar visibilidad a los productos artesanos de zonas rurales. Esta venta ‘online’ “apuesta por favorecer a emprendedores, agricultores y artesanos” con la venta de productos de calidad y proximidad. En cambio, las fuentes consultadas critican que este servicio “exige condiciones muy estrictas a quienes quieren vender sus productos allí” ya que “para que salga rentable” deben comercializar “mucha variedad y cantidad”. Actualmente, 1221 empresas españolas venden sus productos a través de este servicio. Tras la erupción del volcán de La Palma, productores de la isla han puesto sus productos locales a la venta en Correos Market para hacerlos llegar a cualquier parte del país.

Correos Sampling “es seguramente uno de los servicios menos necesarios que hay para la población” critican fuentes sindicales. En cambio, aseguran que esta actividad “sí que puede aportar gran cantidad de dinero al Grupo Correos”. Es un servicio de publicidad y propaganda de marcas, en el que te envían a casa muestras de los productos de su empresa, de manera gratuita para el consumidor. Algunas de las entidades que participan actualmente son: Lindt, Puerto de Indias, Krissia, Larome París, etc.

Vertebración por transporte ferroviario

Según ha podido saber Confidencial Digital, Correos ha decidido vertebrar el territorio a través de servicios ferroviarios que accedan también a zonas rurales y no sean altamente contaminantes. El servicio ferroviario ya se ha desarrollado en décadas anteriores en la empresa a través de los denominados trenes postales, pero desde 1993 esta actividad ha cesado. Actualmente, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, junto al director de Estrategia, Avelino Castro, han decidido volver a implantar esta medida. Hay que recordar que el propio Castro ha trabajado anteriormente en Renfe y “fue una de las personas que decidió dejar de operar los trenes postales”. “Ahora en cambio, cuando es directivo de Correos apuesta por ello”, critican fuentes sindicales, que sentencian: “llama la atención”.

Pero, además del transporte ferroviario, en los pocos días que todavía llevamos de 2022, Correos ha decidido apostar también por el transporte aéreo. Así, ha creado el servicio Correos Cargo, que se va a encargar de la paquetería y mercancía que proviene de lugares internacionales. El proyecto se va a llevar a cabo a través de Iberojet, la aerolínea de Ávoris, que va a destinar aeronaves Airbus A330 para realizar la ruta Madrid – Hong Kong. Asimismo, la idea de Correos es convertirse en un referente del eje logístico Latinoamérica – Europa – Asia.

Financiación internacional

A través de esta ampliación y diversificación de servicios, reforzando su presencia en zonas rurales principalmente, Correos estima recaudar más de 1000 millones de euros hasta 2024. Pero tal y como se ha ido explicando en el artículo, la puesta en marcha de estos servicios no va a ser del todo sencilla ya que va a requerir de una inversión previa en infraestructuras y digitalización.

Ante ello, sumidos en una crisis económica, con 400 millones de pérdidas acumuladas desde 2019 y un presupuesto “ínfimo” de 110 millones de euros para este año (“se necesitaría el doble”), “nos preguntamos de dónde va a sacar el dinero el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano”, cuestionan desde los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), que se han desmarcado de la negociación asegurando que este Plan Estratégico es “solo fachada” y va a ser un “fracaso”. Algunas fuentes consultadas calculan que para llevar a cabo este “megalómano proyecto” se necesitarían más de 2600 millones de euros de inversión y vaticinan que el Grupos Correos tendría que pedir un préstamo como mínimo del 75%, es decir, casi 2000 millones.

En cambio, otras fuentes consultadas explican que la financiación se pretende conseguir a través de la internacionalización de la empresa. Según afirma el propio grupo, “la expansión internacional de Correos ya ha comenzado”. Ahora “es necesario acotar bien cuáles son los mercados objetivo, para construir una estrategia de entrada fuerte e inteligente”. Así, la empresa presidida por Serrano ha analizado entrar a operar en países como Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Omán, México, Rusia, Tailandia, Polonia y Portugal.

De hecho, según ha podido saber ECD, Correos actualmente posee una participación del 35% en dos empresas chinas: KCG eCommerce Solutions y K Parcel. Asimismo, el Grupo Correos tiene una participación del 100% en las empresas filiales: Nexea Gestión Documental, Correos Telecom y Correos Express Paquetería Urgente. Esta última a su vez es propietaria del 51% de CEP - Correos Express Portugal, que cuenta a su vez con una participación del 100% de CEP II – Correos Express Portugal. Ante estos datos, fuentes consultadas explican que parte de la financiación necesaria se va a conseguir debido a la participación que Correos tiene en las empresas chinas y a través del mercado que opera en Portugal mediante Correos Express.

El mes pasado ha transcendido que la empresa española también había tratado de hacerse cargo del mercado brasileño a través de la privatización de la empresa de correos nacional, tras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la sacara a subasta. También hay constancia de que la actual directiva del grupo tiene especial interés en el mercado mexicano.

Así, según fuentes conocedoras del acuerdo del Plan Estratégico, la internacionalización de Correos no solo obedece a la necesidad de adaptarse al siglo XXI, sino que también está relacionada con la búsqueda de nuevas vías de financiación para invertir en la ampliación y diversificación de los servicios explicados, que forman parte del Plan Estratégico, con el que Correos estima conseguir más de 1000 millones de euros hasta 2024.

Correos dispara otra vez sus precios en 2022 pese a la advertencia de la CNMC

 

Empleados de Correos en el aeropuerto de Madrid-Barajas (Madrid). BERNARDO PÉREZ

Un año más, Correos sigue con su política de disparar los precios muy por encima de la inflación, y sobre todo, en aquellos productos y servicios que tienen consideración de servicio público universal, es decir, que debe prestar obligatoriamente y por los que recibe una subvención del Estado. Para 2022, la sociedad estatal solo ha comunicado públicamente que los sellos de las cartas ordinarias nacionales suben un 7,1%, pero su catálogo de tarifas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, desvela aumentos de precios mucho mayores para la mayor parte del resto de sus productos, especialmente para la paquetería, la correspondencia internacional y los servicios oficiales como certificados, que experimentan subidas de entre el 10% y el 20%.

Desde el 1 de enero de 2022, el sello para el envío de cartas y tarjetas postales (normalizadas y de hasta 20 gramos de peso) a destinos nacionales sube un 7,1%, y pasa a costar 0,7 euros, cinco céntimos más que el año anterior. Si la carta es certificada (no urgente), el aumento es del 8,4% de 4,15 a 4,50 euros.

Los aumentos son mucho mayores en los franqueos al extranjero. Así, las cartas y tarjetas postales internacionales (ordinarias y normalizadas hasta 20 gramos) con destinos europeos, incluido Groenlandia, suben un 10%, y se franquearán este año con 1,65 euros (1,50 euros en 2021); las cartas con destino Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda experimentan la mayor subida, ya que su franqueo es ya de 2,10 euros (1,90 euros en 2021), lo que supone un aumento del 10,5%; para el resto de destinos, la subida es del 9,3%, pasando a costar 1,75 euros (1,60 euros en 2021).

Pero el producto que se lleva la palma en el incremento de precios es el de la paquetería. El paquete azul, uno de los servicios más populares de Correos para envíos nacionales (incluye aviso de recibo, reembolso y devolución en caso de no entrega), sube un 18,5% hasta los 15 euros para envíos de hasta un kilogramo. Las subidas son ligeramente menores en los de mayor peso (por ejemplo, los de entre 15 a 20 kilogramos suben un 16,2% hasta los 44,35 euros). La paquetería ordinaria no urgente registra incrementos menores, del entorno del 5%, para los envíos intrapeninsulares y a las islas.

Desde 2015, el precio de los sellos para las cartas ordinarias nacionales se ha incrementado en un 79%, pese a que la inflación en esos años ha sido mucho menor, pasando de los 0,42 euros a los 0,75 euros, mientras que el franqueo de las cartas a destinos europeos se encarecido un 83% y a Estados Unidos se ha más que duplicado (+110%). Como viene siendo tradicional, Correos ha justificado la subida de este año de las cartas ordinarias en que sus tarifas siguen estando por debajo de la media europea. “España seguirá figurando en 2022 entre los países de la Unión Europea con las tarifas postales más económicas, con una diferencia respecto a la tarifa media europea en 2021 (0,86 euros) de 11 céntimos de euro por envío, y por debajo de Alemania (0,80 euros), Reino Unido (1,00 euros), y Francia (1,08 euros)”, indicó la sociedad estatal.

La justificación solo se refiere a las tarifas de las cartas nacionales ordinarias, cuya importancia económica es muy limitada, y no al resto de productos, en particular, a la paquetería, principal fuente de ingresos de Correos. Además, hay que recordar que la sociedad recibe todos los años una subvención pública por prestar el servicio universal postal, en el que están incluidos las cartas y los paquetes de hasta 20 kilogramos.

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Cuestionado por la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido muy crítica con la política de precios de Correos. En su último informe preceptivo fechado en enero de 2021, ya advertía de la distorsión en la política tarifaria que aplica la empresa pública dependiendo del tipo de cliente, ya fueran particulares o empresas. En ese análisis, Competencia llegaba a la conclusión de que los precios con descuentos que Correos aplica a grandes clientes (empresas y administraciones públicas) para sus envíos masivos se situarían muy por debajo de sus costes, en una proporción superior al ahorro de costes que generarían tales clientes. “Por lo tanto, existen indicios de que Correos incumple con una de las obligaciones que le marca la normativa a la hora de fijar sus tarifas: la de orientar sus precios a los costes reales que le supone prestar el servicio”, indicaba el informe, que recordaba que esa política de descuentos a grandes clientes ha sido cuestionada en sucesivas resoluciones del organismo desde 2014.

Por el contrario, Competencia hacía hincapié en que el paquete azul doméstico de hasta 20 kg y el paquete con destino Europa (paquete exportación económico) “no presentan unos precios asequibles para los clientes en comparación con los precios medios que se pagan por estos servicios en la Unión Europea”. Y resaltaba también que “el incremento notable del precio de la carta ordinaria con destino Europa desde 2015, que se sitúa actualmente en el nivel de precio medio europeo, sugiere continuar una estrecha vigilancia en los próximos años”.

Los precios que aplica Correos en la paquetería son determinantes, ya que su dominio del mercado es absoluto. Dos de cada tres españoles eligen la compañía estatal para realizar sus envíos de paquetería (según los últimos datos del Panel de Hogares CNMC del segundo trimestre de 2020). Le siguen MRW, utilizada por casi un 9% de los clientes, y Seur, por un 6%. El resto de compañías de envío de paquetería aglutinan el 14% restante.

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Uberización o democracia, he aquí la tensión

Por

Rafael Mayoral.

3 de enero de 2022 21:00

El modelo empresarial posfordista nacido al calor del neoliberalismo, que se basa en la terciarización y la externalización, la deslocalización productiva y la desvalorización del trabajo, se ha mostrado incapaz de responder a los retos de la humanidad en nuestro tiempo, a la vez que la precariedad se ha hecho cotidiana para mucha gente y se ha perpetuado la desigualdad. La hegemonía del capital parasitario y la ausencia de una capacidad productiva autónoma del Estado abre una tensión entre dos modelos emergentes: la uberización o la democratización de la economía y este año, el tercero de la pandemia, será clave para ver esta lucha de contrarios. Nos jugamos demasiado.

La crisis del 2008 había dejado al descubierto que la locura que suponen la economía de casino, la desregulación financiera, la pérdida de valor del trabajo y la deuda privada como motor de la especulación inmobiliaria conducía al desastre. Sin embargo, de las tinieblas neoliberales emergió rápidamente una salida que no es precisamente beneficiosa para la mayoría social: el cuestionamiento del modelo especulativo que se produjo entonces propició como contrapartida que los propios sectores económicos parasitarios aprovecharan el rescate del sistema financiero e impulsaran un nuevo modelo que, con el alma del posfordismo, se ha despojado de cualquier compromiso con la legislación vigente. Este modelo emergente asume como proyecto estratégico subvertir la legalidad en al ámbito laboral, fiscal, regulatorio o de consumidores para caminar hacia la dictadura de las grandes corporaciones.

Huida hacia adelante en 2008: en su cabeza (y su bolsillo) sonaba bien...

La crisis provocada por la pandemia ha mostrado con toda crudeza laineficiencia del modelo económico industrial posfordista y las debilidades estratégicas que suponen la deslocalización de la producción y la ausencia de sectores industriales de capital público en ámbitos estratégicos como el farmacéutico.

De hecho, es posible que la salud comunitaria sea el ejemplo más sangrante para constatar esta ofensiva neoliberal, aunque no el único. Los servicios públicos, y en especial el sistema sanitario público, se han demostrado como uno de los principales patrimonios y conquistas del pueblo a pesar de los ataques y recortes a manos de los talibanes del neoliberalismo.

Un sistema público -incompleto- de cuidados, articulado esencialmente sobre la externalización y la gestión privada, en muchos casos de fondos de inversión, ha puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar para el sector público una actividad esencial para la comunidad que no puede estar en manos de mercaderes. El cambio de época nos debe permitir mirar más allá de revertir los recortes para pensar en un nuevo modelo que ponga los cuidados en el centro.

Pero retrocedamos unos pocos años antes para situar la partida. La crisis del modelo neoliberal provocada por el crack de 2008 tuvo como resultado una tensión de su modelo productivo, y el fracaso de la desregulación financiera puso en evidencia también la ineficiencia de la externalización y los peligros estratégicos de la deslocalización industrial. Si la crisis del 73 abrió la puerta al posfordismo con los procesos de terciarización, de externalización y deslocalización de la producción, la crisis de 2008 abrió la puerta a la uberización pero también a su cara opuesta: la posibilidad de democratizar la economía.

Lo ocurrido en los primeros años del siglo XXI es esencial para comprender la situación que vivimos y las fechas no son casuales. Uber se funda en 2009, bajo el mantra de la “economía colaborativa”. Con ese paradigma se escondía una estrategia monopolística de dumping basada en el incumplimiento flagrante de la legislación laboral, fiscal y de consumidores, así como en la concentración de datos. La vía de hecho frente al derecho con el objetivo de subvertir el marco de relaciones jurídicas emanadas de la soberanía popular.

Amazon, creada a finales del siglo XX como una librería online pero transformada décadas después en un gigante vendelotodo, es otra de las empresas que encarnan este modelo a la perfección. La desvalorización del trabajo, la implementación de estrategias de digitalización de la explotación laboral y el diseño de una estructura interna en contra de la libertad sindical colocan su modelo como referente de una empresa con objetivos monopolísticos y, eso sí, muy exitosa en cuanto a los beneficios para sus dueños.

No conviene pasar por alto que una de las principales características de estas empresas es establecer estrategias de elusión fiscal apoyándose en estructuras financieras radicadas en guaridas fiscales. Toda una carta de presentación de su responsabilidad social corporativa.

El modelo de economía extractiva denominada “uberización” se ha extendido a múltiples sectores económicos: en muchos casos en forma de economía de plataforma desde el reparto a domicilio de alimentos hasta el monstruo que es Amazon; pero, además, con el control y la comercialización de los excedentes inmobiliarios de la crisis de 2008, con la concentración de tierras por fondos de inversión derivadas del proceso de estrangulamiento del tejido productivo familiar a través de la deuda, con fondos buitre que impulsan actividades económicas “desreguladas” o con el despedazamiento de empresas industriales.

Hay un cruce de caminos y urge una salida democrática a todo esto

El empuje de este modelo atroz se ha encontrado con fuertes resistencias: huelgas de taxis, las movilizaciones de riders, la articulación de los sindicatos de inquilinos, la organización de las Kellys, las huelgas en Amazon, las demandas judiciales y las sentencias... y con una actividad legislativa inusitada estos últimos años.

La tensión existe, se da entre su lógica de precarizar las vidas y sectores que defienden la posibilidad de trabajar con condiciones dignas, con cotizaciones justas al sistema público de seguridad social y con un sistema fiscal progresivo. Sectores que reclaman que los precios de un elemento esencial para la vida no se encuentren bajo el control monopólico de los grandes especuladores.

Esa tensión entre modelos ha trascendido el debate parlamentario y se despliega desde el ejecutivo del Estado hasta las autoridades municipales, pasando por las comunidades autónomas y los tribunales de justicia.

Un conflicto con avances y retrocesos entre la salida democrática a un modelo neoliberal fracasado o la adopción de un pinochetismo digital 2.0. Un cruce de caminos evidente, igual que cuando hablamos del modelo de Estado que queremos, que nos permita en este caso elegir entre el interés de la mayoría social o el de unos pocos privilegiados.

Años de pandemia y de tensión legislativa... y patronal

La crisis de la pandemia tuvo como respuesta en primer lugar los decretos del escudo social, que por primera vez plantea el despliegue de políticas públicas de rescate social, conservación del tejido productivo y límites a la especulación. Con medidas de diferente alcance, con avances y retrocesos, aquí se ha manifestado la contradicción en el seno del Gobierno de coalición entre un PSOE de software neoliberal, al que le cuesta entender el cambio de época, y una Unidas Podemos que tiene en la democratización de la economía unas de sus señas de identidad.

Pero hay más ejemplos de esta batalla permanente y algo hemos avanzado. La tensión entre modelos condujo a una ley rider pactada entre sindicatos y empresarios que reconocía la evidencia y la presunción de laboralidad de los repartidores a domicilio al tiempo que permitía el acceso a la caja negra del algoritmo a los representantes de los trabajadores y a la inspección de trabajo. Esto último, la apertura del algoritmo, es muy importante: sitúa a la legislación española a la vanguardia de la regulación de las relaciones laborales de plataforma, al incorporar las condiciones escondidas en las cajas negras de estos algoritmos como elementos configuradores de la relación laboral sujeta a la legislación, al convenio colectivo y a la cotización al sistema público de pensiones.

Y aquí se dieron nuevas contradicciones llamativas: la consecuencia inmediata del acuerdo sobre la ley rider fue la ruptura de la patronal y la creación de una patronal propia de las empresas uberizadas. La mayoría de empresarios entendió que este modelo sin control abría la puerta a un escenario que encontraba su ventaja comparativa en el no reconocimiento de la legislación laboral.

El proceso de uberización del campo, denunciado expresamente por el sindicato COAG, ha propiciado que los desequilibrios en la retribución en la cadena alimentaria condujeran a la ruina de las explotaciones familiares y a peligrosos procesos de concentración de tierra en manos de grandes fondos de inversión. La nueva ley de cadena alimentaria y de prohibición de la venta a pérdidas impulsa un marco normativo que recoge buena parte de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias para defender la actividad productiva frente al desequilibrio endémico de la cadena de valor.

Asistimos una vez tras otra a la contradicción que supone el nuevo modelo económico emergente con los modelos de empresa consolidados y con los diferentes ámbitos regulatorios, buscando el control de elementos estratégicos del funcionamiento de la sociedad: transporte, logística, vivienda, alimentación, agua, servicios a la comunidad y un largo etcétera.

El sector del taxi esto lo conoce de primera mano. En España, en los últimos años, se han sucedido conflictos importantes y entre ellos destacan las sucesivas huelgas y batallas judiciales del taxi contra las empresas Uber y Cabify. Las resoluciones judiciales fueron dando la razón de forma reiterada al sector, en España y en Europa. La presión social ha puesto en marcha iniciativas legislativas como el decreto ley que habilitaba la regulación de la licencia urbana y, además, diferentes comunidades autónomas han impulsado leyes que definen y delimitan el concepto de precontratación y otros elementos tendentes a proteger al servicio público regulado del taxi frente al intrusismo monopolista. Las comunidades gobernadas por el PP, al contrario, se han convertido en las reservas protectoras de las actividades de estas empresas, teniendo a Madrid y a Andalucía como sus principales baluartes con la negativa de ambas a regular la precontratación.

La necesidad de seguir regulando el funcionamiento de las VTC frente a los abusos de las plataformas se concretó en 2021 con la aprobación del reglamento sancionador, que establece la consolidación de la definición de la precontratación como tiempo, la tipificación de la actividad deambulatoria, de la captación y, en la práctica, la obligatoriedad de la vuelta base. La mejora de este régimen sigue poniendo de relieve la profundidad que representaron las movilizaciones y las huelgas del taxi como defensa de un servicio público regulado. Un avance que sigue chocando con la actitud subversiva de gobiernos autonómicos como el de Ayuso, que ha aprovechado las navidades para impulsar una ley ómnibus que pretende blanquear para el transporte urbano de viajeros la actividad monopolística de las corporaciones de plataforma.

La tensión entre los modelos, como se ve,también se ha convertido en legislativa y el agravamiento de la situación provocado por la crisis pandémica agudiza la contradicción.

La pelea sigue y 2022 es un año clave  

El año que estrenamos será crucial para asuntos de enorme trascendencia como la vivienda o la implementación de la nueva reforma laboral. Y en ambos casos se observa esta contraposición de modelos.

La gestión inmobiliaria llevada a cabo tras 2008 y la emergencia de los fondos como nuevos actores en la actividad han generado dinámicas alcistas; y la consolidación de plataformas de alquiler turístico y la concentración digital de la oferta han propiciado al mismo tiempo una situación de mercado cautivo sujeto a las estrategias monopolísticas de los diferentes actores corporativos. Las subidas desorbitadas de precios del alquiler suponen un enorme problema de justicia social y la limitación de la especulación inmobiliaria, además de ser un mandato constitucional recogido en el artículo 47, supone una necesidad para articular un proceso de revalorización del trabajo, de la producción, de los servicios y de los cuidados.

La tensión en materia de vivienda entre PSOE y Unidas Podemos no es nueva. En su mandato en solitario, los socialistas no querían recuperar el IPC interanual durante la duración de los contratos ni, en caso de venta, el reconocimiento de los contratos de alquiler no inscritos en el registro de la propiedad (casi todos). Finalmente, tuvieron que ceder ante UP. La ley de vivienda forma parte del acuerdo de Gobierno, un asunto incómodo para el PSOE, que ha estado jugando el papel de defensor de los intereses de los grandes fondos y de la patronal inmobiliaria que tiene al frente a Joan Clos, que fuera alcalde con el PSC y ministro con el PSOE. Y las tensiones no han cejado. A pesar de ello, se llegó a un principio de acuerdo en torno a los contenidos del anteproyecto.

La propuesta legislativa debía haber llegado al Consejo de Ministros antes de fin de año, pero, de nuevo, vuelve a retrasarse. La flamante ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha afirmado: ”No estamos recibiendo presiones” ¿Qué puede estar pasando?

Por último, la reforma laboral: por primera vez habrá un paquete legislativo de recuperación de derechos laborales para las clases populares. Sin duda, quedan muchas tareas y un largo camino por recorrer para revertir décadas de reformas laborales previas en las que se recortaban derechos de los trabajadores hasta casi resultar sinónimo lo uno de lo otro, por lo que conviene poner esta en valor ya que constituye un cambio de rumbo en el marco de las relaciones laborales.

Curiosamente, y de nuevo, el acuerdo de los agentes sociales para la reforma ha generado profundas divisiones en el seno de la patronal. La negociación del acuerdo ha dejado entrever, también, los distintos puntos de vista que hoy conviven en el Gobierno. La tensión entre modelos es palpable cuando en la reforma se abordan asuntos como la ultraactividad, la mejora de la capacidad de negociación colectiva o medidas contra la temporalidad y la devaluación salarial. Un golpe en el timón que no nos hace perder de vista que el desmontaje de un modelo económico, social, cultural y político y la articulación de un horizonte de esperanza para las mayorías sociales requiere de la ambición suficiente para no renunciar a ninguna de las conquistas democráticas que podamos conseguir.

Tomemos la salida correcta, la única posible

Desmontar el neoliberalismo y construir otras relaciones laborales, económicas y sociales forma parte de un proceso sociopolítico de cambio de época donde cuidar la democracia consiste en defender el derecho de la gente a gobernar sus propias vidas y el derecho a la vida del planeta Tierra.

Cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, los monstruos acechan. Hay que tomar la salida correcta para afrontar ese cambio de época, la salida democrática del neoliberalismo y la superación de su modelo empresarial posfordista por un modelo más democrático, más justo y también más eficiente. Un modelo en el que el Estado y las administraciones públicas regulen las relaciones sociales para evitar el abuso de las corporaciones sobre la población, asumiendo la responsabilidad de garantizar los servicios públicos y siendo un elemento fundamental de la planificación democrática de la economía destinada a satisfacer las necesidades de la población. La protección de la participación de las mayorías sociales tiene en la protección del derecho a la libertad sindical, el derecho de asociación, de reunión, de libertad de expresión y el ejercicio de la solidaridad los ejes del desarrollo comunitario frente a las dinámicas de atomización social. Se trata de la búsqueda del protagonismo popular para caminar con paso firme a una democracia de 365 días.

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Un fantasma recorre el mundo. Ha surgido en los denominados países desarrollados, pero se ha ido expandiendo por todo el planeta y amenaza con llegar a cualquier rincón del mismo. Se llama economía gig. Es la última vuelta de tuerca del neoliberalismo

La economía gig 4 enero 2022 Un 'rider' de Glovo, circula en su bicicleta por una calle de Madrid.- Eduardo Parra / Europa Press

Un fantasma recorre el mundo. Ha surgido en los denominados países desarrollados, pero se ha ido expandiendo por todo el planeta y amenaza con llegar a cualquier rincón del mismo. Se llama economía gig. Es la última vuelta de tuerca del neoliberalismo. Básicamente, consiste en lo siguiente: por un lado, hay una empresa que basa su gestión en una plataforma digital, con la que es capaz de conectar a un gran número de clientes, proveedores y trabajadores; por otro lado, están los trabajadores gig, quienes son los que llevan a cabo el servicio solicitado por el cliente. Estas tareas suelen ser muy sencillas, como, por ejemplo, llevar a un cliente desde un sitio de la ciudad a otro o llevar algo de comida desde un restaurante a la vivienda de un cliente. Aunque en ocasiones, los cometidos no son tan sencillos, como, por ejemplo, la traducción de un texto, el diseño de un programa informático o el comentario de un libro. El discurso oficialista, defendido tanto por las empresas como por los gobiernos de diversas ideologías y que se basa en los conceptos de innovación y emprendimiento, es el siguiente: esta nueva forma empresarial permite el acceso al mercado del trabajo de aquellas personas que estaban excluidas, especialmente, mujeres y jóvenes. Esto es así debido a la flexibilidad y autonomía que tienen lo trabajadores gig. Ellos/as son los que deciden cuánto, cómo y cuándo trabajar; incluso, qué encargos aceptan, o no. En realidad, estas personas no son trabajadores; más bien son emprendedores, ya que son sus propios jefes. Por todo esto, estos trabajadores son contratistas independientes (autónomos, en la terminología española), es decir, no pertenecen a la plantilla de la empresa plataforma. Sin embargo, la realidad parece otra muy distinta. Algunos de estos trabajadores se ven obligados a llevar a cabo jornadas interminables de trabajo para poder ganar un salario decente con el que poder vivir. Esto puede llegar, incluso, a afectar a su salud y seguridad. Por ejemplo, algunos riders deben conducir durante largas horas, atravesando calles congestionadas de tráfico e intentando reducir al mínimo el tiempo de reparto (esto no sólo implica ir a la máxima velocidad posible, sino también saltarse algunas normas de tráfico, que conlleva cierto peligro, no sólo para el resto de usuarios de las calles, sino para el propio rider). En definitiva, la condición de autónomo de estos trabajadores implica la no aplicabilidad de la regulación que protege los derechos laborales de los trabajadores por cuenta ajena (esto, a su vez, conlleva que el cliente pueda obtener el servicio mucho más barato que el proporcionado por las organizaciones tradicionales). Pero en realidad, la economía gig no es tan novedosa como aparenta, algunos trabajos del siglo XIX presentaban una forma organizacional muy parecida. La novedad, no obstante, está en el papel esencial de la plataforma digital, que genera un desequilibrio de poder importante entre la empresa y los trabajadores gig. Aunque su origen puede situarse en la denominada economía compartida (sharing), la lógica contractual es sustancialmente diferente: no es el lucro o beneficio empresarial el objetivo de esta última. Por otro lado, la economía gig también puede ser interpretada como una extensión de formas anteriores de intermediación en el mercado de trabajo, aunque, esta vez, la intermediación se extiende también al mercado del producto o servicio que preste la plataforma. En cualquier caso, esta nueva forma agudiza extremadamente la precariedad. Los trabajadores quedan sometidos a la arbitrariedad del mercado, en competencia directa de unos contra otros. No obstante, para que esta competencia entre trabajadores tenga éxito es necesario que venga acompañada de algunos factores que la fortalezcan. Por ejemplo, que se produzcan importantes recortes en el Estado de Bienestar, o que persistan tasas de desempleo relativamente elevadas. En este sentido, es denunciable la complicidad de algunos gobiernos que fomentan este tipo de trabajo (precario y mal pagado) con el objetivo de mantener artificialmente reducidas las tasas de desempleo. Sin embargo, su propósito principal es el de acabar con un entorno laboral caracterizado por el trabajo fijo, la vigencia de una serie de derechos inherentes al trabajo (seguridad social, negociación colectiva, etc.), y la responsabilidad social y fiscal. Este entorno laboral es más sólido en Europa que en Estados Unidos, de ahí que esta forma empresarial encuentre más dificultades de expansión en los países europeos. Por otro lado, la falsa autonomía del trabajador gig es casi completamente anulada por el férreo control del gestor algorítmico. Efectivamente, el principal elemento gestor de este modelo empresarial es un algoritmo que, basado en opiniones y valoraciones de clientes y proveedores, así como otros datos sobre cómo se ha llevado a cabo el servicio (por ejemplo, tiempo de ejecución), decide a quién asignar el siguiente encargo o si hay que "desconectar" a un determinado trabajador de la plataforma. Es lo más parecido al panóptico de Bentham, de Foucault y de Han. No es necesario la supervisión directa. En otras palabras, los trabajadores se vigilan solos. Es el culmen del proceso de explotación. En el debate sobre la falsa autonomía de los riders han irrumpido sentencias judiciales en algunos países europeos. En España, además de algunas sentencias judiciales (las más famosas de ellas son las que fallan contra Deliveroo y Glovo, obligándoles a aceptar a los riders como trabajadores en plantilla), tenemos la aprobación de la denominada Ley Rider, en agosto de 2021. Ambas sentencias se apoyan en la capacidad que tiene la empresa para incidir sobre el trabajo de los supuestos autónomos, lo que es un claro indicio de una relación de empleo. Básicamente, la Ley Rider ha consistido en la introducción de dos modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores de 2015. Por un lado, obliga a las empresas a hacer transparentes sus algoritmos, es decir, el trabajador debe "ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial". Por otro lado, impone a las empresas contratar a sus repartidores, en concreto, se establece como relación de empleo "la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital". La gran deficiencia de esta ley es que precisamente sólo afecta al sector de reparto. Pero la digitalización a través de plataformas se está extendiendo a la práctica totalidad de los sectores. Esto implica un incremento en la precariedad laboral y una disminución de los derechos de los trabajadores, especialmente en los que respecta a los periodos de desempleo, así como la seguridad en las situaciones de desempleo y jubilación. En definitiva, es el gran negocio para las empresas. En primer lugar, evitan, traspasándoselo a los trabajadores, una buena parte del riesgo inherente a toda actividad empresarial; y, en segundo lugar, eluden una serie de pagos que afectan sustancialmente a los derechos laborales de sus trabajadores. Por tanto, todo parece indicar que las ganancias en eficiencia derivadas de esta nueva forma organizacional son apropiadas, en su totalidad, por la parte empresarial. Conclusión: debemos elegir entre una sociedad más eficiente, pero más desigual; o más equitativa, pero menos eficiente. El conflicto está servido.

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