El modelo empresarial posfordista nacido al calor del neoliberalismo, que se basa en la terciarización y la externalización, la deslocalización productiva y la desvalorización del trabajo, se ha mostrado incapaz de responder a los retos de la humanidad en nuestro tiempo, a la vez que la precariedad se ha hecho cotidiana para mucha gente y se ha perpetuado la desigualdad. La hegemonía del capital parasitario y la ausencia de una capacidad productiva autónoma del Estado abre una tensión entre dos modelos emergentes: la uberización o la democratización de la economía y este año, el tercero de la pandemia, será clave para ver esta lucha de contrarios. Nos jugamos demasiado.
La crisis del 2008 había dejado al descubierto que la locura que suponen la economía de casino, la desregulación financiera, la pérdida de valor del trabajo y la deuda privada como motor de la especulación inmobiliaria conducía al desastre. Sin embargo, de las tinieblas neoliberales emergió rápidamente una salida que no es precisamente beneficiosa para la mayoría social: el cuestionamiento del modelo especulativo que se produjo entonces propició como contrapartida que los propios sectores económicos parasitarios aprovecharan el rescate del sistema financiero e impulsaran un nuevo modelo que, con el alma del posfordismo, se ha despojado de cualquier compromiso con la legislación vigente. Este modelo emergente asume como proyecto estratégico subvertir la legalidad en al ámbito laboral, fiscal, regulatorio o de consumidores para caminar hacia la dictadura de las grandes corporaciones.
Huida hacia adelante en 2008: en su cabeza (y su bolsillo) sonaba bien...
La crisis provocada por la pandemia ha mostrado con toda crudeza laineficiencia del modelo económico industrial posfordista y las debilidades estratégicas que suponen la deslocalización de la producción y la ausencia de sectores industriales de capital público en ámbitos estratégicos como el farmacéutico.
De hecho, es posible que la salud comunitaria sea el ejemplo más sangrante para constatar esta ofensiva neoliberal, aunque no el único. Los servicios públicos, y en especial el sistema sanitario público, se han demostrado como uno de los principales patrimonios y conquistas del pueblo a pesar de los ataques y recortes a manos de los talibanes del neoliberalismo.
Un sistema público -incompleto- de cuidados, articulado esencialmente sobre la externalización y la gestión privada, en muchos casos de fondos de inversión, ha puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar para el sector público una actividad esencial para la comunidad que no puede estar en manos de mercaderes. El cambio de época nos debe permitir mirar más allá de revertir los recortes para pensar en un nuevo modelo que ponga los cuidados en el centro.
Pero retrocedamos unos pocos años antes para situar la partida. La crisis del modelo neoliberal provocada por el crack de 2008 tuvo como resultado una tensión de su modelo productivo, y el fracaso de la desregulación financiera puso en evidencia también la ineficiencia de la externalización y los peligros estratégicos de la deslocalización industrial. Si la crisis del 73 abrió la puerta al posfordismo con los procesos de terciarización, de externalización y deslocalización de la producción, la crisis de 2008 abrió la puerta a la uberización pero también a su cara opuesta: la posibilidad de democratizar la economía.
Lo ocurrido en los primeros años del siglo XXI es esencial para comprender la situación que vivimos y las fechas no son casuales. Uber se funda en 2009, bajo el mantra de la “economía colaborativa”. Con ese paradigma se escondía una estrategia monopolística de dumping basada en el incumplimiento flagrante de la legislación laboral, fiscal y de consumidores, así como en la concentración de datos. La vía de hecho frente al derecho con el objetivo de subvertir el marco de relaciones jurídicas emanadas de la soberanía popular.
Amazon, creada a finales del siglo XX como una librería online pero transformada décadas después en un gigante vendelotodo, es otra de las empresas que encarnan este modelo a la perfección. La desvalorización del trabajo, la implementación de estrategias de digitalización de la explotación laboral y el diseño de una estructura interna en contra de la libertad sindical colocan su modelo como referente de una empresa con objetivos monopolísticos y, eso sí, muy exitosa en cuanto a los beneficios para sus dueños.
No conviene pasar por alto que una de las principales características de estas empresas es establecer estrategias de elusión fiscal apoyándose en estructuras financieras radicadas en guaridas fiscales. Toda una carta de presentación de su responsabilidad social corporativa.
El modelo de economía extractiva denominada “uberización” se ha extendido a múltiples sectores económicos: en muchos casos en forma de economía de plataforma desde el reparto a domicilio de alimentos hasta el monstruo que es Amazon; pero, además, con el control y la comercialización de los excedentes inmobiliarios de la crisis de 2008, con la concentración de tierras por fondos de inversión derivadas del proceso de estrangulamiento del tejido productivo familiar a través de la deuda, con fondos buitre que impulsan actividades económicas “desreguladas” o con el despedazamiento de empresas industriales.
Hay un cruce de caminos y urge una salida democrática a todo esto
El empuje de este modelo atroz se ha encontrado con fuertes resistencias: huelgas de taxis, las movilizaciones de riders, la articulación de los sindicatos de inquilinos, la organización de las Kellys, las huelgas en Amazon, las demandas judiciales y las sentencias... y con una actividad legislativa inusitada estos últimos años.
La tensión existe, se da entre su lógica de precarizar las vidas y sectores que defienden la posibilidad de trabajar con condiciones dignas, con cotizaciones justas al sistema público de seguridad social y con un sistema fiscal progresivo. Sectores que reclaman que los precios de un elemento esencial para la vida no se encuentren bajo el control monopólico de los grandes especuladores.
Esa tensión entre modelos ha trascendido el debate parlamentario y se despliega desde el ejecutivo del Estado hasta las autoridades municipales, pasando por las comunidades autónomas y los tribunales de justicia.
Un conflicto con avances y retrocesos entre la salida democrática a un modelo neoliberal fracasado o la adopción de un pinochetismo digital 2.0. Un cruce de caminos evidente, igual que cuando hablamos del modelo de Estado que queremos, que nos permita en este caso elegir entre el interés de la mayoría social o el de unos pocos privilegiados.
Años de pandemia y de tensión legislativa... y patronal
La crisis de la pandemia tuvo como respuesta en primer lugar los decretos del escudo social, que por primera vez plantea el despliegue de políticas públicas de rescate social, conservación del tejido productivo y límites a la especulación. Con medidas de diferente alcance, con avances y retrocesos, aquí se ha manifestado la contradicción en el seno del Gobierno de coalición entre un PSOE de software neoliberal, al que le cuesta entender el cambio de época, y una Unidas Podemos que tiene en la democratización de la economía unas de sus señas de identidad.
Pero hay más ejemplos de esta batalla permanente y algo hemos avanzado. La tensión entre modelos condujo a una ley rider pactada entre sindicatos y empresarios que reconocía la evidencia y la presunción de laboralidad de los repartidores a domicilio al tiempo que permitía el acceso a la caja negra del algoritmo a los representantes de los trabajadores y a la inspección de trabajo. Esto último, la apertura del algoritmo, es muy importante: sitúa a la legislación española a la vanguardia de la regulación de las relaciones laborales de plataforma, al incorporar las condiciones escondidas en las cajas negras de estos algoritmos como elementos configuradores de la relación laboral sujeta a la legislación, al convenio colectivo y a la cotización al sistema público de pensiones.
Y aquí se dieron nuevas contradicciones llamativas: la consecuencia inmediata del acuerdo sobre la ley rider fue la ruptura de la patronal y la creación de una patronal propia de las empresas uberizadas. La mayoría de empresarios entendió que este modelo sin control abría la puerta a un escenario que encontraba su ventaja comparativa en el no reconocimiento de la legislación laboral.
El proceso de uberización del campo, denunciado expresamente por el sindicato COAG, ha propiciado que los desequilibrios en la retribución en la cadena alimentaria condujeran a la ruina de las explotaciones familiares y a peligrosos procesos de concentración de tierra en manos de grandes fondos de inversión. La nueva ley de cadena alimentaria y de prohibición de la venta a pérdidas impulsa un marco normativo que recoge buena parte de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias para defender la actividad productiva frente al desequilibrio endémico de la cadena de valor.
Asistimos una vez tras otra a la contradicción que supone el nuevo modelo económico emergente con los modelos de empresa consolidados y con los diferentes ámbitos regulatorios, buscando el control de elementos estratégicos del funcionamiento de la sociedad: transporte, logística, vivienda, alimentación, agua, servicios a la comunidad y un largo etcétera.
El sector del taxi esto lo conoce de primera mano. En España, en los últimos años, se han sucedido conflictos importantes y entre ellos destacan las sucesivas huelgas y batallas judiciales del taxi contra las empresas Uber y Cabify. Las resoluciones judiciales fueron dando la razón de forma reiterada al sector, en España y en Europa. La presión social ha puesto en marcha iniciativas legislativas como el decreto ley que habilitaba la regulación de la licencia urbana y, además, diferentes comunidades autónomas han impulsado leyes que definen y delimitan el concepto de precontratación y otros elementos tendentes a proteger al servicio público regulado del taxi frente al intrusismo monopolista. Las comunidades gobernadas por el PP, al contrario, se han convertido en las reservas protectoras de las actividades de estas empresas, teniendo a Madrid y a Andalucía como sus principales baluartes con la negativa de ambas a regular la precontratación.
La necesidad de seguir regulando el funcionamiento de las VTC frente a los abusos de las plataformas se concretó en 2021 con la aprobación del reglamento sancionador, que establece la consolidación de la definición de la precontratación como tiempo, la tipificación de la actividad deambulatoria, de la captación y, en la práctica, la obligatoriedad de la vuelta base. La mejora de este régimen sigue poniendo de relieve la profundidad que representaron las movilizaciones y las huelgas del taxi como defensa de un servicio público regulado. Un avance que sigue chocando con la actitud subversiva de gobiernos autonómicos como el de Ayuso, que ha aprovechado las navidades para impulsar una ley ómnibus que pretende blanquear para el transporte urbano de viajeros la actividad monopolística de las corporaciones de plataforma.
La tensión entre los modelos, como se ve,también se ha convertido en legislativa y el agravamiento de la situación provocado por la crisis pandémica agudiza la contradicción.
La pelea sigue y 2022 es un año clave
El año que estrenamos será crucial para asuntos de enorme trascendencia como la vivienda o la implementación de la nueva reforma laboral. Y en ambos casos se observa esta contraposición de modelos.
La gestión inmobiliaria llevada a cabo tras 2008 y la emergencia de los fondos como nuevos actores en la actividad han generado dinámicas alcistas; y la consolidación de plataformas de alquiler turístico y la concentración digital de la oferta han propiciado al mismo tiempo una situación de mercado cautivo sujeto a las estrategias monopolísticas de los diferentes actores corporativos. Las subidas desorbitadas de precios del alquiler suponen un enorme problema de justicia social y la limitación de la especulación inmobiliaria, además de ser un mandato constitucional recogido en el artículo 47, supone una necesidad para articular un proceso de revalorización del trabajo, de la producción, de los servicios y de los cuidados.
La tensión en materia de vivienda entre PSOE y Unidas Podemos no es nueva. En su mandato en solitario, los socialistas no querían recuperar el IPC interanual durante la duración de los contratos ni, en caso de venta, el reconocimiento de los contratos de alquiler no inscritos en el registro de la propiedad (casi todos). Finalmente, tuvieron que ceder ante UP. La ley de vivienda forma parte del acuerdo de Gobierno, un asunto incómodo para el PSOE, que ha estado jugando el papel de defensor de los intereses de los grandes fondos y de la patronal inmobiliaria que tiene al frente a Joan Clos, que fuera alcalde con el PSC y ministro con el PSOE. Y las tensiones no han cejado. A pesar de ello, se llegó a un principio de acuerdo en torno a los contenidos del anteproyecto.
La propuesta legislativa debía haber llegado al Consejo de Ministros antes de fin de año, pero, de nuevo, vuelve a retrasarse. La flamante ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha afirmado: ”No estamos recibiendo presiones” ¿Qué puede estar pasando?
Por último, la reforma laboral: por primera vez habrá un paquete legislativo de recuperación de derechos laborales para las clases populares. Sin duda, quedan muchas tareas y un largo camino por recorrer para revertir décadas de reformas laborales previas en las que se recortaban derechos de los trabajadores hasta casi resultar sinónimo lo uno de lo otro, por lo que conviene poner esta en valor ya que constituye un cambio de rumbo en el marco de las relaciones laborales.
Curiosamente, y de nuevo, el acuerdo de los agentes sociales para la reforma ha generado profundas divisiones en el seno de la patronal. La negociación del acuerdo ha dejado entrever, también, los distintos puntos de vista que hoy conviven en el Gobierno. La tensión entre modelos es palpable cuando en la reforma se abordan asuntos como la ultraactividad, la mejora de la capacidad de negociación colectiva o medidas contra la temporalidad y la devaluación salarial. Un golpe en el timón que no nos hace perder de vista que el desmontaje de un modelo económico, social, cultural y político y la articulación de un horizonte de esperanza para las mayorías sociales requiere de la ambición suficiente para no renunciar a ninguna de las conquistas democráticas que podamos conseguir.
Tomemos la salida correcta, la única posible
Desmontar el neoliberalismo y construir otras relaciones laborales, económicas y sociales forma parte de un proceso sociopolítico de cambio de época donde cuidar la democracia consiste en defender el derecho de la gente a gobernar sus propias vidas y el derecho a la vida del planeta Tierra.
Cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, los monstruos acechan. Hay que tomar la salida correcta para afrontar ese cambio de época, la salida democrática del neoliberalismo y la superación de su modelo empresarial posfordista por un modelo más democrático, más justo y también más eficiente. Un modelo en el que el Estado y las administraciones públicas regulen las relaciones sociales para evitar el abuso de las corporaciones sobre la población, asumiendo la responsabilidad de garantizar los servicios públicos y siendo un elemento fundamental de la planificación democrática de la economía destinada a satisfacer las necesidades de la población. La protección de la participación de las mayorías sociales tiene en la protección del derecho a la libertad sindical, el derecho de asociación, de reunión, de libertad de expresión y el ejercicio de la solidaridad los ejes del desarrollo comunitario frente a las dinámicas de atomización social. Se trata de la búsqueda del protagonismo popular para caminar con paso firme a una democracia de 365 días.
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