Circular de Navidad

Piden que los trabajadores de la red Pública que lleven más de tres años en sus puestos se conviertan en fijos

 HUELGA DE FUNCIONARIOS

INTERINOS de toda España SE LANZAN A LAS CALLES CONTRA EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Los sindicatos Co.bas, Confederación Intersindical y Solidaridad Obrera han movilizado a funcionarios de todo el país contra el Icetazo, ante el proyecto de ley de reducción de la temporalidad de los puestos públicos de trabajo

Piden que los trabajadores de la red Pública que lleven más de tres años en sus puestos se conviertan en fijos 

Los sindicatos Co.bas, Confederación Intersindical y Solidaridad Obrera, que no han contado con el apoyo de UGT y CCOO, han llamado a los funcionarios para llevar a cabo un huelga general contra el Icetazo. Se refieren así a el decreto ley promovido por el Gobierno para reducir la temporalidad en el empleo público, validado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio tras realizar ajustes en el mismo.

Consideran que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el funcionariado agravará la situación de los trabajadores, traduciéndose en un "abuso", con consecuencias como el despido forzoso junto a indemnizaciones que supondrán la bancarrota de las administraciones locales y autonómicas. Reclaman que los trabajadores que lleven más de tres años en sus puestos se conviertan en fijos. La huelga ha sido apoyada por la Federación de Enseñanza de CGT, CGT Andalucía Ceuta y Melilla, CNTAIT, IAC, ISTA-Intersindical, Intersindical Valenciana, CUT Aragón, CUT Galiza, STEM, SUATEA, Somos Sindicalistas, SAS, y USTEA.

Con ella, exigen la regularización de los puestos de trabajo  en las Administraciones Públicas siguiendo la normativa europea, la paralización de las ofertas de empleo público de estabilización que no deberán retomarse hasta que no se encuentre una solución para el personal temporal, la sanción a los responsables de la situación abusiva de los trabajadores interinos y el refuerzo de los Servicios Públicos. Piden además que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público transponga definitivamente la directiva 1999/70/CE al sector público sin desvirtuar el objeto y finalidad de la misma.

La convocatoria, que ha tenido carácter estatal, ha calado en puntos de España como Cataluña o la Comunitat Valenciana. Los funcionarios catalanes advierten de que existe un 30%  de temporalidad en las plantillas de la función pública, que en algunos sectores pueden incluso sobrepasar el 60%, y critican que muchos contratos temporales se encuentran en situación de "fraude de ley" al haber superado los tres años, por lo que consideran que deberían ser indefinidos.

Se ha definido la línea de actuación para llevar a cabo la huelga, que deberá reducir los servicios mínimos. Así, desde Cataluña, las reivindicaciones afectarán al transporte público, que se limitarán en un 85%. Se producirá un parón las labores educativas, para las que el Govern ha decretado que debe haber dos docentes por cada cuatro clases infantiles y de primaria, y un 33% en secundaria. También la radio y televisión pública se verán limitadas, emitiendo el 50% de los contenidos habituales.

Los cuerpos de la Conselleria de Justicia trabajarán como si se tratara de un día festivo en los casos del personal de centros penitenciarios, mientras los encargados de rehabilitación deberán cumplir con un 50% del personal y el de oficinas con un 65% y los juzgados de guardia deberán tener el 100% de los efectivos adscritos. En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y en las audiencias provinciales, el personal deberá garantizar los servicios mínimos de un funcionario en cada sala, sección o servicio de registro o de presentación de escritos. En cuanto a los servicios sanitarios, los hospitales deberán tener un funcionamiento normal en urgencias, unidades especiales, y circuitos asistenciales de coronavirus en la atención primaria y la campaña de vacunación.

La noticia en infolibre:

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/10/28/convocada_una_huelga_general_contra_los_abusos_temporalidad_los_empleos_publicos_126163_1012.html

Un nuevo derecho que dé el paraguas legal a las diferentes administraciones y empresas públicas para promover el carácter fijo de su relación laboral a quien trabaja en fraude de ley.

 28 de octubre Huelga General en las Administraciones públicas contra el abuso de temporalidad, por la FIJEZA

El 28 de octubre de 2021 se ha convocado huelga general en el sector público por los siguientes motivos:

Las últimas sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son muy  

claras en el sentido de que hay que trasponer completamente la Directiva 1999/70 / CE  

sobre el trabajo de duración determinada al ordenamiento jurídico interno de España, con el  

fin de sancionar a la administración incumplidora que haya cometido abuso de temporalidad contra las personas trabajadoras, y disuadir también convenientemente su comisión en el futuro.

En este sentido, sentencias como la resolución del TJUE del 19 marzo de 2020, y la  

jurisprudencia posterior de este mismo tribunal, establecen bien claramente que los actuales procesos selectivos, de turno libre y resolución incierta, no se pueden considerar como una sanción adecuada al abuso y, por tanto, no son ninguna garantía para estabilizar las plantillas.

Hay que sancionar la contratación abusiva, igualando los derechos con los que ostentan la  

condición estable en el mismo régimen jurídico, es necesario avanzar en el reconocimiento del carácter fijo de la relación laboral para quien está ocupando plazas de carácter estructural con contratos o nombramientos temporales.

Este nuevo marco normativo, necesario para estabilizar realmente las plantillas, en ningún caso puede responder a la lógica de la propuesta presentada por el Gobierno y negociada con la burocracia sindical de las tres centrales estatales mayoritarias: CCOO, UGT  

y el CSIF. El real decreto ley 14/2021, conocido como "Icetazo" representa la reedición de la versión más dura y excluyente hacia las personas trabajadoras temporales de las viejas formas de entender la "estabilización" ya fracasadas en el pasado. Una propuesta que, si no es sustancialmente modificada en el actual trámite parlamentario como proyecto de ley,  

implicará un auténtico ERE de extinción; el despido masivo para miles de personas trabajadoras del sector público. Un despropósito que hay que cambiar de manera urgente los próximos días y semanas.

La "fijeza" debe ser entendida como la estabilización del personal interino o laboral temporal, facilitando la modificación de su situación para alcanzar su funcionarización o bien estableciendo contratos / nombramientos fijos. Esta debe ser la respuesta a la alta temporalidad existente en contraposición a los acuerdos firmados en 2017 y 2018 entre el  

anterior Ministro Montoro y los sindicatos del régimen y ante este nuevo "proceso de estabilización "que se quiere poner en marcha con el" Icetazo ".

Por ello, el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad que se está tramitando en el  

Congreso de los Diputados debe terminar recogiendo este nuevo derecho en su articulado.

Un nuevo derecho que dé el paraguas legal a las diferentes administraciones y empresas públicas para promover el carácter fijo de su relación laboral a quien trabaja en fraude de ley.

Un nuevo derecho para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las personas  

empleadas públicas.

Por todo ello, los sindicatos firmantes denunciamos que el real decreto ley conocido como  

"Icetazo": vulnera la normativa y la jurisprudencia europea al no establecer ninguna sanción adecuada y disuasoria a la administración pública por el abuso cometido, y no hace más que castigar al personal abusado, poniendo en riesgo su continuidad en el puesto de trabajo.

Pedimos su derogación inmediata. Exigimos que la nueva ley que se está tramitando recoja  

la fijeza como a sanción al abuso de temporalidad.

https://youtu.be/https://youtu.be/LiLkhoJJN7U

El poder mediático y los obreros de enfrente

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En estos días que llevo pasando muchas mañanas en casa, después de seis años frenéticos, me he aficionado a dos actividades contemplativas. La primera es volver a ver las tertulias matinales, terapia que compite de tú a tú con las mejores técnicas orientales de control de la ira. La segunda es escuchar las conversaciones con voz diafragmática que tienen entre ellos los albañiles que están reformando el edificio de enfrente del piso en el que vivo. Desde mi salón tengo en primer plano, en la tele, a los tertulianos, y en segundo plano, tras la ventana, a la cuadrilla de trabajadores. Produce una gran desazón, a la vez que un paradójico placer sensorial por la consonancia, comprobar hasta qué punto la escaleta de temas y opiniones que se lanza desde los platós de Atresmedia y Mediaset es reproducida sin alterar ni una coma por este focus group de miembros canónicos de la clase obrera, con una simultaneidad espeluznante. A veces pareciera que el mismísimo Ferreras fuese a aparecer en ese ático para dar paso a publicidad. Continuidad de los parques.

Hay dos albañiles que son los que más a menudo protagonizan las discusiones. La última, sobre el escaño arrebatado por el Estado profundo a Alberto Rodríguez. Uno es joven, republicano de izquierdas y lleva pendientes y pintas. El otro es un señor conservador con el pelo blanco al que Escrivá querría hacer trabajar diez añitos más. La mayoría de las veces es el primero, pese a su gran capacidad oratoria, el que acaba acorralado dialécticamente y forzado a conceder todo, agotado tras pelear contra una sucesión demoledora de todos los greatest hits discursivos de las reinas de la mañana. 

El nuevo narcisista es quien se cree un ciudadano librepensador y niega la influencia de la acción del poder mediático en su propio pensamiento y conducta política

Suele decirse, y con buena intención, aquello de que una cosa es la opinión pública y otra distinta es la opinión publicada. Es mentira. Salvo en momentos muy puntuales de quiebra, momentos revolucionarios, la opinión pública mayoritaria básicamente coincide con la opinión publicada. O, como mínimo, se le acaba pareciendo bastante. Y no porque la prensa recoja la opinión de la calle, sino porque esta última se genera fundamentalmente a partir de materiales mediáticos. La capacidad de los medios de comunicación de masas, y en particular de la televisión, para inocular marcos mentales, producir estados de ánimo colectivos y generar voluntades políticas en la población es arrolladora. En todos nosotros y nosotras. En tiempos de guerra, el poder disciplina con el fusil, en tiempos de paz el poder disciplina con la televisión. El nuevo narcisista es quien se cree un ciudadano librepensador y niega la influencia de la acción del poder mediático, principal centro de producción de ideología, en su propio pensamiento y conducta política. 

Es cierto que las redes sociales, un espacio de comunicación más horizontal y democrático, han comido terreno en los últimos años a los medios convencionales, pero basta echar un vistazo a los TT de tuiter para comprobar la permeabilidad de los acontecimientos televisivos y de los líderes de opinión crecidos al calor de los platós en la propia conversación en redes. También es cierto que la televisión es un dispositivo que, como todos los dispositivos tecnológicos, seguramente tiende a la obsolescencia y está destinado a perder importancia paulatinamente; pero no lo es menos que hoy, en un contexto de atomización y disolución del tejido social generado tras décadas de neoliberalismo y llevado a su clímax por la reducción al mínimo de los espacios de socialización física a causa de la pandemia, la eficacia de los mensajes mediáticos es mayor que nunca. Los estímulos que una persona recibe en una manifestación, en una asamblea estudiantil, en un centro social, en una fiesta popular o en su lugar de trabajo pueden –podían– competir e imponerse, en muchas ocasiones, a las flechas verticales del poder mediático y acabar situando al individuo en un lugar diferente al de las corrientes de opinión oficiales. Cuando todos esos espacios se estrechan y las personas pasan más tiempo que nunca solas en su casa con una pantalla delante (en 2020 se batió el récord histórico de consumo televisivo), quedan completamente a merced de los dueños de los medios de difusión masiva. Quizá en ningún momento de la historia el poder de los mensajes que lanzan las grandes empresas de comunicación haya sido mayor que ahora.

Constatar en un texto, en 2021, la capacidad performativa del poder mediático no es algo muy novedoso. Pero yo lo suelo echar de menos en los análisis políticos que hace la izquierda. Al menos en un lugar relevante. Sí es frecuente ver a la derecha señalar, por ejemplo, a la escuela y a la televisión (la escuela después de la escuela) en Cataluña como elementos explicativos de que la sociedad catalana se haya vuelto mayoritariamente independentista en cuestión de diez años. Y tiene mucha razón. Con ello, demuestra ser más materialista en su análisis de la realidad que una izquierda con una cultura más dada a pensar de forma autorreferencial y a buscar en su propio ombligo las causas de sus derrotas (“nos han dado una paliza, algo habremos hecho para merecerlo”), y que incluso tiende a calificar de excusas que alguien ponga el acento en el peso de los elementos estructurales que determinan el desarrollo de un proceso histórico, como es quién controla y qué dice la televisión. Ninguna reflexión honesta sobre lo sucedido en España en estos años (el fenómeno Podemos, su evolución política y el acoso y derribo a sus máximas figuras; el procés catalán; el auge y caída de Ciudadanos; el empuje de Vox y la fascistización galopante de la sociedad española...) puede hacerse sin enfocar una parte central de la misma en la acción del poder mediático. Realmente, ningún fenómeno social o político y ningún comportamiento electoral que haya sucedido desde el momento en que todo ser humano tiene una pantalla en su casa desde la que es impactado permanentemente por la ideología dominante puede analizarse sin considerar de forma primordial ese elemento. 

Los cambios políticos en España siempre han tenido un correlato en el sistema mediático. Se ha escrito mucho sobre la relación entre la creación de los distintos canales de televisión privados y los mandatos de cada presidente del Gobierno. El último fue Zapatero, que promovió la creación de La Sexta (que, a la postre, ha acabado también bajo control de la derecha, tras fusionarse con Antena 3 durante el primer mandato de Rajoy, que facilitó las condiciones para que esa fusión se produjera). La excepción ha llegado ahora. El proceso político que comenzó con el 15M y la irrupción de Podemos ha traído cambios profundos en el sistema de partidos y en la composición de los poderes legislativo y ejecutivo, y ha llevado a la izquierda transformadora a su mayor poder institucional en los últimos 80 años. Sin embargo, no hemos logrado producir todavía ningún cambio relevante en el sistema mediático español (ni en el poder judicial, pero eso lo dejamos para otra ocasión). Y quizá sea este uno de los límites fundamentales, si no el más importante, de este proceso de avance democrático. La televisión en España es hoy un patrimonio exclusivo del poder económico, de la derecha y la ultraderecha, con muy pocas excepciones, lo cual es especialmente terrible no tanto en lo que toca a su dominio de los medios conservadores, sino de los medios “progresistas”. El escaso terreno ganado en Televisión Española, donde hace unos meses se podía escuchar a gente como Miquel Ramos u Olga Rodríguez, ha sido fulminado a raíz del pacto PSOE-PP para el control de RTVE. Así, ¿cómo no se va a derechizar España? ¿Acaso podría ocurrir algo diferente? Cuando uno ve una tertulia o un informativo, lo que resulta difícil de entender es cómo puede seguir habiendo alguien en este país dispuesto a votar a algo de izquierdas. Ninguna población humana resiste mucho tiempo sometida a un permanente método Ludovico de aversión a la justicia social.

El monopolio del capital sobre los grandes medios de difusión de información es uno de los mayores problemas de las democracias liberales en todo el mundo y una de las causas más claras de que –dicho en términos un poco naif– la mayoría social acabe votando por los enemigos de sus intereses. La clave para entender que, en el grupo de los obreros de enfrente, el pensamiento progresista sea diariamente sepultado por todos los marcos mentales reaccionarios no tiene tanto que ver con el mayor o menor virtuosismo de los discursos públicos de la izquierda, sino con el hecho de que a eso que llamamos batalla cultural nosotros seguimos yendo con tirachinas y ellos con carros blindados. Ojalá una ley de tres tercios (un tercio medios privados, un tercio medios públicos y un tercio medios comunitarios) que democratice el ¿cuarto? poder. Ojalá nos tomemos más en serio que el sistema mediático, como el Estado, es instrumento de poder, es también sujeto con sus propias dinámicas de autonomía, y es ante todo una zona estratégica de combate político. Si no logramos conquistar ningún espacio mediático relevante que aporte pluralidad a los mensajes ideológicos que recibe la gente, seguiremos librando, no una batalla, sino una intifada cultural de piedras contra tanques (y teorizando sobre si lo que falla es la calidad de nuestras piedras). Tiene algo de épico, pero se suele perder.

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En estos días que llevo pasando muchas mañanas en casa, después de seis años frenéticos, me he aficionado a dos actividades contemplativas. La primera es volver a ver las tertulias matinales, terapia que compite de tú a tú con las mejores técnicas orientales de control de la ira. La segunda es escuchar...

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Los colectivos 'uberizados' llevan sus reivindicaciones ante la Comisión Europea: "Sin derechos no puede haber democracia"

 Colectivos uberizados de varios países europeos han llevado sus reivindicaciones a Bruselas. Primero, en el II Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización, una jornada organizada por La Izquierda en el Parlamento Europeo, con presencia también de representantes políticos, y, después, ante el comisario europeo de Trabajo, en una reunión dentro de la Eurocámara. El comisario, Nicolas Schmit, ha reconocido el peligro de que el modelo de desprotección laboral de las plataformas se extienda al resto de sectores, según ha informado posteriormente Podemos.

"Es el propio trabajador el que lleva el látigo encima", dijo un rider en la reunión: "Queremos saber con qué empresas y lobbies se ha reunido la Comisión". Las Kellys, por su parte, afirmaron: "Los algoritmos están entrando en los hoteles. Además de ser mujeres precarias, ahora tenemos un móvil que nos dice el tiempo que podemos estar en cada habitación. Exigimos que se controlen los algoritmos para que no entren en todos los sectores de la sociedad". Por su parte, un representante de Correos en Lucha señaló: "Sin derechos no puede haber democracia, sin estabilidad laboral no puede haber democracia. Van a venir a por todos los sectores para seguir sacando beneficios. Es hora de legislar para la mayoría y no para una minoría". Y Tito Álvarez, de Élite Taxi, señaló: "Si la directiva que prepara la Comisión no le para los pies a las plataformas, estamos preparados para hacerlo nosotros en la calle. Queremos abrir la caja negra de los algoritmos y ver qué hay dentro".

Actualmente, la Comisión Europea prepara una directiva sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. La propuesta se conocerá a finales de año. El Parlamento Europeo ha exigido que reciban la misma protección social y laboral que el resto de sectores, que se combata la figura del falso autónomo y que la gestión de los algoritmos sea transparente. Según datos de la propia Comisión, 24 millones de personas −el 10% de la fuerza de trabajo europea− ha participado en algún momento en la gig economy.

Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos y responsable de Internacional del partido, dijo tras la reunión con el comisario Schmit: "Salimos de una reunión que hemos tenido con más de 50 representantes de distintos colectivos y distintos países. Una reunión muy útil porque el comisario ha podido escuchar al único lobby que importa de verdad, el lobby de los trabajadores y trabajadoras. Hemos podido ver que está de acuerdo en que actualmente hay una relación de subordinación que hace muy difícil poder defenderse frente a estas plataformas, y que comparte también que la solución de un tercer estatuto no sería una solución con derechos y garantías para los trabajadores".

De acuerdo con lo que ha comentado Villanueva, "a las preguntas de los colectivos sobre qué les ha pedido Uber, Deliveroo o los lobbys de estas plataformas, el comisario. desgraciadamente, no ha dado respuesta. En este momento quedan todavía muchas dudas que resolver, y la nueva directiva que proteja a estos trabajadores de plataformas tiene que tener en cuenta no solo la transparencia de los algoritmos, sino también la lucha contra los paraísos fiscales, de los cuales estas plataformas, estos fondos buitre, se benefician".

En el encuentro previo en un local de Bruselas que habitualmente acoge reuniones de colectivos sociales, La Tricoterie, se han sucedido los testimonios de personas uberizadas, según recoge Brave New Europe. Odile Chagny, de Shares & Workers en Francia, dijo que la directiva europea solo iba a abrir una nueva fase de lucha: “Nada nos asegura que los derechos en los que nos vamos a apoyar van a ser efectivos".

Por su parte, Mafalda Brilhante, activista feminista y miembro de Precárixs Inflexíveis en Portugal, dijo, de acuerdo con Brave New Europe: "Hemos pedido que se desarrolle una legislación específica para proteger a esos trabajadores, para permitir una relación laboral. Las plataformas han decidido dejar de trabajar con los intermediarios, como una forma de presionar a los partidos de izquierda". Martin Willems, de United Freelancers, de Bélgica, un sindicato de trabajadores autónomos, señaló: "La mayoría de los repartidores, ¿qué quieren? Que se paguen los tiempos de espera, que tengan un salario mínimo garantizado, que tengan seguro de trabajo, diálogo social para abordar los problemas. Quieren tener los mismos derechos que los demás trabajadores. Esa sería la solución. Las plataformas utilizan el argumento de la libertad para negar la protección social. Existe esta estafa de decir que le damos libertad a cambio de que no tiene derechos. No, queremos ambos. Queremos derechos para esos trabajadores, pero también queremos más autonomía y menos subordinación".

— The Gig Economy Project (@project_gig) 27 de octubre de 2021

Y Nuria Soto, de RidersXDerechos, afirmó, prosigue Brave New Europe: “Las plataformas están usando cualquier elemento para decir que somos nuestro propio jefe. Muchos ciclistas dicen que son autónomos, pero cuando les preguntas si quieren las cotizaciones a la Seguridad Social de un asalariado, responden 'sí'. Entonces, ¿qué quiere el rider, una cosa u otra? La lucha sindical es clave. Podemos crear alternativas basadas en el colectivo, no solo en el individuo personal. El sindicalismo y el cooperativismo van de la mano".

“Lo que se está discutiendo no es solo cuál es la situación de los riders o de los conductores, sino del intento de imponer un nuevo modelo de relaciones laborales al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Esto no es un problema de los colectivos que hoy ya están afectados, sino que es una amenaza al conjunto de la clase trabajadora”, ha señalado el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral en su intervención en el foro: "Con la Ley Rider española tanto los inspectores de trabajo como los representantes de los trabajadores van a tener la capacidad de abrir la 'caja negra' del algoritmo y acceder a eso que, en realidad, son las condiciones de trabajo que antes se recogían en un contrato. Este es el camino, necesitamos que los inspectores de trabajo se tecnifiquen y necesitamos tecnificar también la acción sindical, abrir las 'cajas negras' y poner los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el centro".

https://www.eldiario.es/economia/colectivos-uberizados-llevan-reivindicaciones-comision-europea-derechos-no-haber-democracia_1_8436811.html

El supermercado de servicios de Correos: finanzas, energía, telecos, billetes de tren y aerolíneas de carga

 Madrid Actualizado:24/10/2021 19:40h Guardar

El negocio tradicional de Correos ya no es la esencia de la compañía. Enviar cartas cada vez cae más en desuso y desde hace algunos años la empresa está inmersa en un proceso de diversificación para sobrevivir a los cambios de tendencias. Ya ‘vende’ productos de telecomunicaciones, seguros, energía, servicios bancarios y viajes de tren. Y otro giro de timón podría estar por llegar: la creación de una línea de carga aérea.

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, desveló que están estudiando el lanzamiento de una línea de carga aérea que supondría un paso más en su transformación como operador logístico global. Su objetivo sería, entre otros, potenciar las relaciones comerciales con otros operadores de la región latinoamericana. La compañía ya encomendó el pasado mes de julio a KPMG Asesores los servicios de consultoría para analizar la viabilidad del servicio de transporte aéreo, según un documento publicado en la plataforma de contrataciones del Estado, pero se trata de la primera vez que la compañía lo nombra públicamente.

Lo cierto es que las aerolíneas han encontrado un filón en el transporte de carga, que apenas ha notado la crisis, llegando a superar en junio y septiembre las cifras previas a 2019 por la gran demanda de material sanitario. Muchas de ellas se han amarrado al negocio logístico para aliviar sus cuentas durante un año en el que el negocio de pasajeros ha estado prácticamente paralizado.

Pero su estela no se verá frenada por la recuperación de su principal negocio, si no que ya muchas compañías piensan en potenciarlo. Más, en una coyuntura en la que el transporte aéreo se está viendo beneficiado por el alto coste de los fletes marítimos y la crisis de materias primas, que lo colocan como gran alternativa a pesar de su mayor coste.

También ante el lanzamiento definitivo del e-commerce. De hecho, Aena hace años que ya detectó este auge y ahora busca aprovechar sus infraestructuras en algunos de los aeropuertos españoles mejor colocados estratégicamente para este negocio como son los de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma. En marcha ya está el de Barajas en la capital, donde ya ha comenzado la licitación de un polo logístico de 28 hectáreas dentro de su proyecto de la Airport City Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En cualquier caso, como recordó el pasado viernes el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, Correos ya intentó operar un servicio nocturno de carga pero acabo renunciando «por falta de densidad». Aunque aseguró que en el momento actual «podría ser diferente» por el comercio electrónico y los altos niveles de envíos de paquetería que ha traído consigo.

Sea como fuera, Manuel Zapatero, director de Productos y Servicios de Correos, confirma que están inmersos en una gran estrategia de diversificación: «Nos encontramos actualmente en una coyuntura en la que el negocio postal ha sufrido un desplome que se traduce en una caída de 560 millones de cartas menos que en 2019. Es nuestra obligación, por lo tanto, no perder de vista el mercado y evolucionar en todo momento para tratar de adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes y darles el mejor servicio». Y añade: «Correos ha llevado a cabo una reflexión sobre el estado del negocio. La compañía es consciente de la caída acelerada del sector postal, que supone actualmente un 65% de su cifra de negocio, ello obliga a la compañía a plantear un profundo proceso de transformación basado en el refuerzo de los negocios estratégicos, la diversificación, la digitalización, la internacionalización y la mejora de la eficiencia».

Últimos acuerdos

El acuerdo más antiguo data de 2019. Ahí comenzó la estrategia. La empresa firmó con O2 (Telefónica) un pacto para comercializar sus servicios de telecomunicaciones de teléfono y fibra.

Más adelante llegó la alianza con Banco Santander para prestar servicios de retirada e ingreso de efectivo en los 4.675 puntos de atención al ciudadano de Correos y llevar dinero a cualquier domicilio de España mediante los carteros.

Hace escasos días, asimismo, se alcanzó otro acuerdo, en este caso en el sector de los seguros. por el cual en las oficinas de Correos se ofrecerá la posibilidad de acceder a la cartera de productos aseguradores de Caser, quedando la gestión y formalización final de los contratos con los interesados a cargo de la red comercial propia de la aseguradora. Un año antes ya se había llegado también a una alianza similar con Mapfre para acceder a la cartera de productos aseguradores de esta firma de seguros.

También recientemente se firmó con Repsol un acuerdo para ofrecer la posibilidad de acceder a la contratación de los servicios de luz y gas de energética. Hasta la fecha, asimismo, ya se contaba con acuerdos de la misma índole con Naturgy y Endesa.

Ádemás, la diversificación está previsto que siga creciendo. «Trabajamos día a día para encontrar nuevas alianzas y acuerdos con entidades y empresas de cualquier sector que permitan ofrecer más servicios a la sociedad», explica Zapatero. El supermercado de servicios en el que se ha convertido Correos continuará creciendo.

https://www.abc.es/economia/abci-supermercados-servicios-correos-finanzas-energia-telecos-billetes-tren-y-aerolineas-carga-202110240106_noticia.html

Correos convierte sus oficinas en un bazar de grandes compañías para suplir la caída de ingresos postales

 Correos ha protagonizado durante los últimos meses un goteo constante de acuerdos con grandes empresas privadas para convertir sus oficinas en puntos de venta para sus productos. Así, cada vez en más sucursales de la empresa pública se puede contratar un seguro, sacar o ingresar dinero en su cuenta o gestionar una cuenta de luz y gas. Todo ello, sin que la compañía postal tenga actividad en ninguno de esos sectores, más allá de estas alianzas con las que busca una nueva vía de ingresos con las que complementar un negocio tradicional que lleva años reduciéndose.

Correos amplía sus alianzas financieras y permitirá contratar seguros de Mapfre en sus oficinas

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Aunque es un proceso que viene incluso de antes de la pandemia, se ha acelerado en el último año. La alianza más sonada fue la del Banco Santander. Correos ofrece desde comienzos de 2021 en sus oficinas la posibilidad de retirar e ingresar dinero a los clientes de Santander, un servicio especialmente enfocado en las localidades más pequeñas y las regiones menos pobladas, supliendo la desaparición de sucursales bancarias de estas zonas desde la pasada crisis financiera. El propio banco informó que gracias a Correos iba a estar presente en 1.500 localidades donde su red no está disponible.

Le siguió posteriormente un acuerdo similar con Mapfre. La alianza comenzó en unas 500 oficinas del operador postal público, donde se podía acceder al catálogo de servicios de seguros para automóviles, hogar, salud y empresas. En este caso, aunque la contratación comenzaba en Correos, se terminaba de formalizar con la aseguradora, funcionando la compañía estatal como un intermediario. Cabe contextualizar que este acuerdo se conocía cuando Mapfre ya había asumido que perdía una importante vía para la comercialización de sus productos que era Bankia. La absorción de CaixaBank obligaba a romper la alianza que tenían la aseguradora y la entidad rescatada.

En este mismo sector ha firmado en los últimos días un nuevo acuerdo. En este caso con Caser. Al igual que en el caso de Mapfre, con 500 oficinas iniciales, Correos podrá ofrecer el catálogo de seguros de la compañía, si bien será la aseguradora la que formalice esos contratos. "Este nuevo acuerdo supone avanzar en nuestra estrategia de diversificación", señalaba Manuel Zapatero, director de productos y servicios de Correos cuando se anunció esta alianza

Desde el año 2019, Correos informó de su intención de convertir sus oficinas en puntos de venta de servicios financieros como son la banca y los seguros y ya contaba con acuerdos con otras entidades menores como EVO, ahora en manos de Bankinter, o Mediolanum. El siguiente paso que dará la empresa pública en el sector financiero será la instalación de cajeros en sus oficinas. La compañía anunció hace un mes que pretende instalar 1.500 cajeros a partir del año que viene en sus sucursales, 300 de ellos en localidades sin oficina bancaria. A cambio, la compañía pública recibiría una "renta fija" por el alquiler de estos espacios para cajeros en sus locales, a lo que se sumaba un porcentaje de cada operación que se realice en ellos. Según la compañía, el objetivo es "luchar contra la exclusión financiera en zonas rurales". Sin embargo, los sindicatos CCOO y UGT pusieron en duda este planteamiento al asegurar que desde que llegó la actual dirección a Correos, se han cerrado 240 puntos de atención rurales. Señalaron que es "autobombo y marketing publicitario".

Correos ha optado por ser intermediario de productos financieros de terceros como una forma de ampliar servicios en sus oficinas. En otros países, la empresa pública postal se ha convertido en un operador bancario. Es el caso francés, por ejemplo, donde La Banque Postale es una de las entidades más grandes del país, algo mayor que el Sabadell en España, por realizar una comparación. Recientemente el Gobierno fusionó este grupo con la aseguradora CNP para crear "un gran polo financiero público". En Francia, una quinta parte de los ingresos de La Poste, la compañía homóloga a Correos, procede de la actividad bancaria, así como el 65% del resultado de explotación (el beneficio antes de impuestos, amortizaciones y otros ajustes contables).

Algo similar ocurre en Japón, donde una de las cuatro mayores entidades del país es el Japan Post Bank, cuyo propietario es Japan Post Holdings, la empresa postal del país que, aunque cotiza en Bolsa, sigue siendo de control público. El banco ofrece todos sus servicios a través de las oficinas de correos de Japón y tiene unos activos de 1,6 billones de euros, una cifra similar a Banco Santander, la entidad española más grande.

Pero no solo de los servicios financieros vive esta diversificación de su actividad que señala Correos que busca con esta estrategia. Otros movimientos se están haciendo en el sector energético. Uno de los últimos acuerdos anunciados por la compañía pública ha sido con la petrolera Repsol. En más de un millar de oficinas del operador postal los clientes podrán solicitar los servicios de luz y gas de la energética, si bien será esta la que formalice y gestione los contratos. Por el momento se está implantando en Barcelona, Madrid y Valencia, y posteriormente se irá ampliando a otras provincias. La empresa había firmado anteriormente acuerdos con otras grandes eléctricas del país, como Endesa o Naturgy, alianzas que ya llevan un tiempo rodando.

El tercer sector en el que la empresa ha ofrecido sus oficinas para terceras empresas es el de telefonía. Un cliente puede contratar en las oficinas de Correos los servicios de fibra y móvil de O2, la filial de bajo coste de Telefónica. En el pasado también tuvo un acuerdo con Pepephone, marca del grupo MásMóvil. Además, en este caso sí, la compañía pública cuenta con un proyecto operado por ella misma, Correos Telecom. Esta compañía, que cuenta con oferta de servicios homologable a las que se consideran de bajo coste en España, se encuentra por el momento disponible únicamente para los trabajadores del grupo. Consultada por el futuro de esta iniciativa, Correos evita confirmar si el plan es ofrecerla más allá de la plantilla del operador postal.

Sin previsión del impacto

El grupo público no concreta cuánto le supone de ingresos la venta de estos productos en sus oficinas ni su objetivo respecto al total de la facturación. Únicamente deslizan que estos acuerdos, con sus diferencias entre ellos, suelen incluir cláusulas por las que Correos cobra una serie de comisiones o porcentajes de las operaciones que se originan en sus oficinas. El único dato que avanza públicamente Correos es que se han derivado 200.000 clientes hacia las empresas de energía y unos 100.000 hacia la aseguradora. Además, la empresa señala que se pueden realizar también ciertas gestiones con la administración como la conocida como Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE), que ha tramitado 600.000 actuaciones, o con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Más allá de los escasos detalles sobre el impacto en el negocio de estos acuerdos o el retorno esperado, la compañía ha explicado en repetidas ocasiones que con esta estrategia busca "diversificar y enriquecer la oferta disponible en su red de oficinas, la mayor de España en cuanto a capilaridad y cobertura territorial". Se trata, señalan, de "incorporar nuevos productos y servicios cuya demanda sigue creciendo". Reconocen que, ante la caída del negocio postal tradicional, se buscan otras vías de ingresos y actividad para la compañía.

La compañía ya apuntaba en sus cuentas anuales de 2020 que el objetivo era acometer "un proceso de diversificación que le permita entrar en mercados crecientes y con mayores márgenes". Correos tuvo unas pérdidas en 2020 de 264 millones de euros frente a los 13 millones de beneficio del año anterior, debido fundamentalmente a la pandemia. En el primer semestre del año, la compañía ya se anotaba de nuevo un beneficio de 1,8 millones. En los Presupuestos Generales de 2021 se fijaba unas pérdidas esperadas para la compañía de 77 millones y, para el próximo año, el proyecto de cuentas acordado por el Gobierno de coalición prevé números rojos de 29 millones de euros.

https://www.eldiario.es/economia/correos-convierte-oficinas-bazar-grandes-companias-suplir-caida-ingresos-postales_1_8420992.html

28 DE OCTUBRE: HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO COMUNICADO UNITARIO DEL SINDICALISMO ALTERNATIVO

Tener unos servicios públicos dignos y de calidad es algo esencial para alcanzar la sociedad que queremos, una sociedad cohesionada y orientada a reducir y superar las desigualdades sociales, especialmente aquellas que afectan a los sectores más desfavorecidos, que sufren la crisis económica postpandémica con más dureza, la clase trabajadora y el conjunto de las clases populares. Sectores como la enseñanza pública, la sanidad, la justicia, los servicios sociales, asistenciales, de garantía de rentas, y un largo etcétera, son fundamentales para avanzar en la transformación que queremos para la nuestra sociedad, y que la mayoría de la población reclama en un sentido emancipador. Las trabajadoras y trabajadores del conjunto del sector público sostienen con su trabajo diario la calidad de todos estos servicios, a veces en condiciones muy adversas, derivadas de las políticas de recortes, privatizaciones y desmantelamiento progresivo del ámbito público llevadas a cabo por los diferentes gobiernos. Además, la temporalidad en los últimos años ha crecido hasta situarse en torno al 30% de la plantilla total, siendo la mayoría mujeres que en régimen de interinidad o temporal llevan más de 3 años de servicios prestados y, en muchos casos más, incluso décadas sin que hayan salido a provisión reglamentaria, ni quienes las ocupan hayan tenido la oportunidad de consolidarlos. Las últimas sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son muy claras en el sentido de que hay que trasponer completamente la Directiva 1999/70 / CE sobre el trabajo de duración determinada al ordenamiento jurídico interno de España, con el fin de sancionar a la administración incumplidora que haya cometido abuso de temporalidad contra las personas trabajadoras, y disuadir también convenientemente su comisión en el futuro. En este sentido, sentencias como la resolución del TJUE del 19 marzo de 2020, y la jurisprudencia posterior de este mismo tribunal, establecen bien claramente que los actuales procesos selectivos, de turno libre y resolución incierta, no se pueden considerar como una sanción adecuada al abuso y, por tanto, no son ninguna garantía para estabilizar las plantillas. Hay que sancionar la contratación abusiva, igualando los derechos con los que ostentan la condición estable en el mismo régimen jurídico, es necesario avanzar en el reconocimiento del carácter fijo de la relación laboral para quien está ocupando plazas de carácter estructural con contratos o nombramientos temporales. Este nuevo marco normativo, necesario para estabilizar realmente las plantillas, en ningún caso puede responder a la lógica de la propuesta presentada por el Gobierno y negociada con la burocracia sindical de las tres centrales estatales mayoritarias: CCOO, UGT y el CSIF. El real decreto ley 14/2021, conocido como "Icetazo" representa la reedición de la versión más dura y excluyente hacia las personas trabajadoras temporales de las viejas formas de entender la "estabilización", ya fracasadas en el pasado. Una propuesta que, si no es sustancialmente modificada en el actual trámite parlamentario como proyecto de ley, implicará un auténtico ERE de extinción; el despido masivo para miles de personas trabajadoras del sector público. Un despropósito que hay que cambiar de manera urgente los próximos días y semanas. La "fijeza" debe ser entendida como la estabilización del personal interino o laboral temporal, facilitando la modificación de su situación para alcanzar su funcionarización o bien estableciendo contratos / nombramientos fijos. Esta debe ser la respuesta a la alta temporalidad existente en contraposición a los acuerdos firmados en 2017 y 2018 entre el anterior Ministro Montoro y los sindicatos del régimen y ante este nuevo "proceso de estabilización "que se quiere poner en marcha con el "Icetazo". Por ello, el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad que se está tramitando en el Congreso de los Diputados debe terminar recogiendo este nuevo derecho en su articulado. Un nuevo derecho que dé el paraguas legal a las diferentes administraciones y empresas públicas para promover el carácter fijo de su relación laboral a quien trabaja en fraude de ley. Un nuevo derecho para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las personas empleadas públicas. Por todo ello, los sindicatos firmantes denunciamos que el real decreto ley conocido como "Icetazo": vulnera la normativa y la jurisprudencia europea al no establecer ninguna sanción adecuada y disuasoria a la administración pública por el abuso cometido, y no hace más que castigar al personal abusado, poniendo en riesgo su continuidad en el puesto de trabajo. Pedimos su derogación inmediata. Exigimos que la nueva ley que se estátramitando recoja la fijeza como a sanción al abuso de temporalidad. Por ello, en un momento crítico donde el futuro laboral de miles de trabajadoras está en juego, convocamos huelga estatal en el sector público el próximo día 28 de octubre y llamamos a la organización de asambleas para establecer una posición clara de rechazo al despido masivo que implica la Icetazo. Hay que parar los centros de trabajo y salir a las calles para ganar la estabilidad de quienes trabajan en la pública. NINGUNA INTERINA EN LA CALLE, LAS QUE ESTÁN SE QUEDAN. Puede ser una imagen de texto que dice "HUELGAGENERAL SECIOR PÚBLICO 28 OCTUBRE Los Servicios Públicos no se venden SE DEFIENDEN TERPORNES #FijezaYA Estabilida Estabilidad YA Cut+ STECyL-i 4G Cut S #Fijeza CGT INTERSINDICAL USTEC-STES INTERSINDICAL STEM SAS ST6P co.bas somos SINDICALISTAS CUT INTERSINDICAL DEBASE ISTA INTERSINDICAL"

 

Correos ofrecerá en sus oficinas la posibilidad de contratar seguros de Caser - Correos

 En virtud de este acuerdo de colaboración, en las oficinas de Correos se ofrecerá la posibilidad de acceder a la cartera de productos aseguradores de Caser, quedando la gestión y formalización final de los contratos con los interesados a cargo de la red comercial propia de la aseguradora.

Serán hasta 500 las oficinas de Correos que participen en este proyecto que se desplegará progresivamente desde este mes de octubre.  El acuerdo comenzará con la promoción de los seguros para automóviles, hogar, decesos y salud, con la posibilidad de contratar cualquier otro producto que ofrece Caser en su portfolio, a través de las oficinas de la aseguradora.

Correos sigue avanzando hacia su objetivo de enriquecer la oferta disponible en su red de oficinas, la mayor de España en cuanto a capilaridad y cobertura territorial, para aportar servicios útiles y facilitar la vida a ciudadanos y empresas en cualquier punto del país. “Este nuevo acuerdo supone avanzar en nuestra estrategia de diversificación, con una compañía de primer nivel en el mundo asegurador, llevando sus productos y servicios a los miles de ciudadanos que cada día pasan por nuestras oficinas. Colaborar con Caser para nosotros será un buen aprendizaje de sus capacidades en la distribución de Seguros“,  ha afirmado Manuel Zapatero, director de Productos y Servicios de Correos.

Para el director del Negocio de Agentes y Corredores de Caser, Ignacio Martín, “el comienzo de este proyecto supone un innovador e interesante enfoque comercial, que pone en valor las capacidades digitales de ambas compañías, así como la proximidad y cercanía al cliente que de manera recurrente viene desarrollando Correos en toda su trayectoria de servicio al ciudadano. Al mismo tiempo, las oficinas de Correos son un excelente escaparate para presentar nuestra atractiva e innovadora oferta en toda España”.

https://www.correos.com/en/sala-prensa/correos-ofrecera-en-sus-oficinas-la-posibilidad-de-contratar-seguros-de-caser/

El pacto de Ábalos con la UE para evitar otra multa a Correos acaba en la Justicia

Los operadores privados recurren al Tribunal de la UE la decisión de Bruselas de avalar la asignación recibida por Correos entre 2011 y 2020 y denuncian una sobrecompensación de 800 millones.

Los competidores de Correos en el mercado postal español, agrupados en la patronal Asempre, no están dispuestos a dar por cerrada la causa en Europa contra la presunta sobrefinanciación del operador postal público por los Presupuestos Generales del Estado. Tras batallar por vía administrativa en la Comisión Europea para rebajar la asignación pública que recibe el operador estatal por la prestación del denominado Servicio Postal Universal - el núcleo de servicios de interés general que se deben prestar aún a pérdidas para garantizar el cumplimiento de la ley postal española -, lo que desembocó en una multa de 167 millones de euros por el periodo 2004-2010 y en un acuerdo entre Bruselas y el Gobierno de España que limitó a un máximo de 128 millones de euros la asignación anual para el periodo 2011-2020, el lobby ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la UE para recurrir la decisión de la Comisión respecto al periodo 2011-2020 con el argumento de que ignora una sobrecompensación del Estado español a Correos por un valor cercano a los 800 millones de euros, según aseguran fuentes conocedoras del recurso planteado por Asempre y ha confirmado a La Información la propia asociación profesional.

El recurso de la asociación profesional que aglutina a los operadores postales privados reabre el que en los últimos años se ha convertido en el principal foco de preocupación para el operador postal público, que ha visto no sólo como se desmoronaban los ingresos procedentes del negocio postal tradicional sino también los que le llegaban de los Presupuestos Generales del Estado a cuenta de la creciente presión externa sobre la retribución del Servicio Postal Universal. Tras los difíciles años de la crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a acordar con el operador postal público una retribución anual de 220 millones de euros por la prestación del SPU, sin soporte jurídico alguno y sin respaldo en la información contable de la empresa del Estado, según han venido denunciando sus competidores, que han visto esa asignación como una especie de 'rescate encubierto' a la compañía con consecuencias devastadoras para la competencia en el mercado postal, decretada por ley en 1998. 

SIPCTE denuncia a Correos "por causar daños a la salud" a carteros de La Cañada

 Desde el pasado mes de mayo, "es decir desde antes incluso de la llegada de los meses vacacionales en Correos", el Sindicato Independiente SIPCTE, explica, "ha venido solicitando sin éxito a la empresa, que llevara a cabo la oportuna contratación de efectivos en la oficina de La Cañada de San Urbano".

El responsable del sindicato SIPCTE en Almería conoció ayer que "faltaban al menos cinco repartidores en la unidad de La Cañada y que al menos dos de estos empleados se encontraban de baja por estrés psicológico", al parecer según el delegado del SIPCTE Francisco Sabio estos compañeros “no han podido con la presión a la que se les está sometiendo en los últimos meses”.

“Los ritmos y cargas de trabajo, así como las exigencias por parte de los jefes son del todo inasumibles para estos compañeros. Es imposible querer repartirlo todo con menos de la mitad de la plantilla”, explica Sabio.

El Sindicato SIPCTE ha venido denunciando que Correos empresa pública, no está adoptando los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo, recientemente recordados por ésta, para prevenir y controlar “los riesgos psicosociales” y en particular “los de el estrés laboral” a sus empleados, además recordamos que el estrés laboral en Correos supone uno de los problemas de seguridad y salud más complejo, y que está aumentando progresivamente en esta empresa por lo que se ha puesto en conocimiento de Inspección para que investiguen estos hechos.

Desde el pasado mes de mayo, "es decir desde antes incluso de la llegada de los meses vacacionales en Correos", el Sindicato Independiente SIPCTE, explica, "ha venido solicitando sin éxito a la empresa, que llevara a cabo la oportuna contratación de efectivos en la oficina de La Cañada de San Urbano".

El responsable del sindicato SIPCTE en Almería conoció ayer que "faltaban al menos cinco repartidores en la unidad de La Cañada y que al menos dos de estos empleados se encontraban de baja por estrés psicológico", al parecer según el delegado del SIPCTE Francisco Sabio estos compañeros “no han podido con la presión a la que se les está sometiendo en los últimos meses”.

“Los ritmos y cargas de trabajo, así como las exigencias por parte de los jefes son del todo inasumibles para estos compañeros. Es imposible querer repartirlo todo con menos de la mitad de la plantilla”, explica Sabio.

El Sindicato SIPCTE ha venido denunciando que Correos empresa pública, no está adoptando los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo, recientemente recordados por ésta, para prevenir y controlar “los riesgos psicosociales” y en particular “los de el estrés laboral” a sus empleados, además recordamos que el estrés laboral en Correos supone uno de los problemas de seguridad y salud más complejo, y que está aumentando progresivamente en esta empresa por lo que se ha puesto en conocimiento de Inspección para que investiguen estos hechos.

Desde el pasado mes de mayo, "es decir desde antes incluso de la llegada de los meses vacacionales en Correos", el Sindicato Independiente SIPCTE, explica, "ha venido solicitando sin éxito a la empresa, que llevara a cabo la oportuna contratación de efectivos en la oficina de La Cañada de San Urbano".

El responsable del sindicato SIPCTE en Almería conoció ayer que "faltaban al menos cinco repartidores en la unidad de La Cañada y que al menos dos de estos empleados se encontraban de baja por estrés psicológico", al parecer según el delegado del SIPCTE Francisco Sabio estos compañeros “no han podido con la presión a la que se les está sometiendo en los últimos meses”.

“Los ritmos y cargas de trabajo, así como las exigencias por parte de los jefes son del todo inasumibles para estos compañeros. Es imposible querer repartirlo todo con menos de la mitad de la plantilla”, explica Sabio.

El Sindicato SIPCTE ha venido denunciando que Correos empresa pública, no está adoptando los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo, recientemente recordados por ésta, para prevenir y controlar “los riesgos psicosociales” y en particular “los de el estrés laboral” a sus empleados, además recordamos que el estrés laboral en Correos supone uno de los problemas de seguridad y salud más complejo, y que está aumentando progresivamente en esta empresa por lo que se ha puesto en conocimiento de Inspección para que investiguen estos hechos.

Recargos: Riesgo para la salud y Falta de respeto

 https://www.facebook.com/1120402013/posts/10224889996853438Luego señora Rodríguez Moar usted se queja de que los trabajadores de Correos digan que usted cobra una productividad si se consigue que se reparta el mismo trabajo con menos trabajadores. Ya se lo dijimos en una ocasión “no debe usted extrañarse, porque nadie se cree que, en una empresa pública, con infinitos recursos, donde estamos obligados a repartir todos los días de la semana, de lunes a viernes en el domicilio del destinatario, sin dejar ni uno – Ley Postal de 2010 no se contrate y se opte por reventar a las personas trabajadoras” y mientras tanto usted no contrata, y sin embargo dispone de coche oficial, de tarjeta gasolina y de dietas si lo precisa.

Los carteros que trabajaron 30 años en banca, pero nunca dejaron de ser funcionarios

Quedan casi 500. Son los últimos funcionarios de Correos en excedencia que siguen trabajando para un banco. Llevan atendiendo a los clientes en las sucursales bancarias más de 30 años. La mayoría desconocía que aún eran empleados públicos. Estos trabajadores creyeron que habían perdido la condición de funcionarios de Correos cuando se incorporaron a Argentaria, la entidad nacida de la antigua Caja Postal. En octubre de 1999, Argentaria se fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya y nació el BBVA. Para entonces estos trabajadores, integrados perfectamente en la estructura del banco, habían olvidado que empezaron como funcionarios. Durante todo este tiempo han trabajado y cotizado como empleados por cuenta ajena en la banca, como los miles que trajinan en las oficinas de la segunda entidad española, pero su origen les hacía diferentes al resto. Y ellos no lo sabían.

Hasta ahora nunca se habían preocupado de su situación laboral porque estaban convencidos, como tantos otros, que el BBVA nunca haría un ERE. Pero este año ha llegado el primer gran despido colectivo de la historia del banco. “Mientras cada uno se fuera acogiendo a las prejubilaciones, no había problemas con la situación laboral del pasado porque el banco cubría un porcentaje del sueldo durante los años pactados cuando salías y después te acogías a la jubilación oficial. Pero ahora ya no hay prejubilaciones sino despidos y eso supone que nos vamos dos años al paro porque es parte del acuerdo de rescisión del contrato”, explica Juan Manuel Cañas, de Jaén, uno de los afectados, que empezó como empleado de Caja Postal.Cuando el BBVA lanzó un ERE en junio pasado y decidieron acogerse al proceso de forma voluntaria, como otros casi 5.000 empleados de la entidad azul, descubrieron que su caso era diferente al del resto. Consultaron su situación y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) les recordó que seguían siendo funcionarios en excedencia voluntaria. El organismo laboral público les advirtió de que les debía aplicar el artículo 29.3a del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. La consecuencia: no tenían derecho al paro porque podían reincorporarse a la Administración cuando quisieran.

Perder dos años de paro

Si renunciasen a la función pública, se quedarían sin cobrar los dos años de prestación por desempleo que percibirán el resto de compañeros. Incluidos los provenientes del Banco Exterior, el Banco Hipotecario o el Banco de Crédito Local, con los que compartieron destino en Argentaria, porque estos siempre fueron considerados como personal laboral.

Los empleados procedentes de Caja Postal protestaron por esta situación y, tras una nueva negociación sindical, el BBVA ha acordado que les abonará los 24 meses de paro a los que creían tener derecho. La indemnización del banco incluye una cantidad, (dependiendo del tramo de edad) de hasta el 75%, descontando lo que corresponda por despido. Pero lo que aún no está claro es si el banco lo incluirá en el ERE o no porque casi uno de cada dos que se han apuntado (la fecha límite era el 12 de julio) se quedará fuera del acuerdo de despido.

Uno de los veteranos de Caja Postal, J. F., que pide el anonimato porque quiere evitar conflictos con el banco, explica la situación. “Imagínate cómo nos quedamos cuando hicimos la consulta al SEPE y nos denegó el derecho al desempleo. No podíamos creerlo, después de haber cotizado tres décadas a la Seguridad Social y haber abonado el derecho a paro como el resto de la plantilla. La respuesta del SEPE fue que volviéramos a la Administración porque estábamos en excedencia de la función pública”, explica.

¿Dónde ha ido el dinero cotizado?

“Al principio nos sentimos desamparados por el banco al que hemos dedicado toda nuestra carrera profesional y que estábamos en una especie de limbo en el que ni la entidad ni la Administración querían saber nada de nosotros”. Y J. F. no oculta su indignación. “¿Adónde ha ido todo el dinero cotizado para el paro durante tantos años por los miles de trabajadores de Caja Postal que se incorporaron a Argentaria y después al BBVA?”.

Entre los compañeros de Caja Postal no se conocen casos de trabajadores que quieran volver a la Administración. La situación es incierta porque no saben exactamente a qué área volverían. El SEPE no les garantiza que fuera a Correos. “Tengo 60 años”, apunta J. F., “no es edad para entrar en una organización nueva, que tendrá sus propios sistemas informáticos y su rutina de trabajo. Ya me han costado adaptarme a la digitalización del banco...”.

Este veterano mira atrás con nostalgia. J. F. recuerda cómo, estando en la mili, con 22 años, decidió estudiar las oposiciones para cartero; las aprobó en 1983 y estuvo seis años destinado en Miranda de Ebro (Burgos), “en donde todavía tengo amigos”, apunta con orgullo. “Me gustó el trabajo, lo disfruté, pero vi cómo envejecían los compañeros y decidí dar un cambio de rumbo. Aprobé otras oposiciones y entré de empleado en la Caja Postal, esta vez en Torrevieja”.

Allí estuvo desde 1989 hasta 1993, cuando consiguió plaza en Medina del Campo, gracias a que la entidad estaba con un plan de expansión. Por aquella época, en 1991, recuerda, el Gobierno socialista de Felipe González creó la Corporación Bancaria de España y en 1993 empezó su privatización en Bolsa. Bajo la batuta de Francisco Luzón se aglutinaron a las entidades financieras del Estado que estaban dispersas, creando un jugador bancario de peso, aunque de baja rentabilidad.

Nadie quiso volver a la Administración

Caja Postal se convirtió en sociedad anónima y, desde 1991, sus empleados tuvieron que elegir si se quedaban como funcionarios de la Administración o tomaban una excedencia voluntaria y se incorporaban a la entidad privada, aunque el 100% de las acciones fueran del Estado.

Otro compañero de J. F., Juan Manuel Cañas, de Jaén, vivió una carrera profesional similar y recuerda aquel momento: “Prácticamente todos decidimos pasar a Caja Postal. Nos gustaba el trabajo y era un proyecto laboral atractivo”. Desde ese momento, se consideraron empleados de una entidad financiera, que en octubre de 1999, se fusionó con el BBV, y entró en otra dimensión, con un criterio absolutamente privado.

Cañas tiene 58 años, “y cumplo 59 en diciembre”, apunta. Sus historias son similares, aunque no empezó como cartero, sino como oficial postal de la Caja Postal, en 1984. Un año después opositó y se convirtió en auxiliar administrativo. Pasó por varias plazas, incluida Madrid y después Linares. Recuerda que, “la Caja Postal, no sé por qué, dependía del Ministerio de Hacienda”.

Los dos exempleados de Caja Postal ven con nostalgia el cierre de las oficinas de la banca, sobre todo en los pueblos, en donde siempre estuvo su entidad. Su reflexión es que, 30 años después, se ha comprobado que la función de Caja Postal y de Correos sigue siendo necesaria. “Han tenido que reinventar lo que ya funcionaba hace décadas. Los bancos abandonan los pueblos que ocuparon en el pasado, cuando era interesante captar pasivo, y solo queda Correos como centro financiero para la España vaciada”, apunta Juan Manuel Cañas.

Correos ha firmado un acuerdo con el Banco Santander para ofrecer el ingreso y la retirada de dinero en efectivo en 4.652 puntos de atención, incluyendo 2.370 oficinas. Incluso se han instalado 109 cajeros, “algunos de ellos en localidades sin sucursal bancaria”, informa Correos. “Se vuelve a la función que tuvimos en 1990″, dice Cañas.

DENUNCIAS ANTE LA INSPECCION DE TRABAJO

 

Correos niega que vaya a despedir a los trabajadores de la oficina ubicada en Viapol, que se cerrará

 Alega que afronta un "proceso de transformación y apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Correos ha negado este viernes que vaya a ejecutar despidos en su sucursal número 22 de Sevilla, situada en el complejo comercial Viapol Center de la capital hispalense, tal como han denunciado las secciones sindicales de CCOO y UGT en Correos-Sevilla.

En un comunicado remitido a Europa Press, la empresa ha señalado que los trabajadores de esta oficina "pasarán a desempeñar sus funciones en otras oficinas de Correos del entorno", donde hay hasta cuatro sucursales, y además, "se está estudiando la posibilidad de ampliar los servicios de la sucursal número 14, a tan solo 900 metros de donde hasta ahora estaba ubicada la 22, para que la ciudadanía disponga del servicio de entrega del que hasta ahora carece en esa oficina".

Correos ha recordado en su comunicado que se encuentra en un "proceso de transformación y apuesta de forma decidida por la diversificación, la digitalización, la internacionalización y la mejora de su eficiencia, así como por la sostenibilidad social y medioambiental y la generación de empleo".

"Como compañía pública, Correos tiene la obligación de asignar eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos, por lo que lleva a cabo medidas organizativas para adecuar su plantilla y sus estructuras al nivel de la actividad real pero manteniendo siempre la calidad del servicio que presta a toda la ciudadanía", ha apostillado la empresa.

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-correos-niega-vaya-despedir-trabajadores-oficina-ubicada-viapol-cerrara-20211015105552.html

Repsol acuerda con Correos ofertar luz y gas en 1.000 sucursales

 Empresas y compañías

Correos.

Repsol ha firmado un acuerdo con Correos para impulsar la captación de nuevos clientes y hacerles llegar sus productos y servicios de luz y gas a través de una red de más de 1.000 oficinas del operador postal. En virtud de este acuerdo de colaboración, se ofrecerá la posibilidad de acceder a la contratación de los servicios de luz y gas de Repsol con una serie de descuentos asociados.

Así, los clientes que contraten estos servicios a través de las oficinas de la empresa postal, además de contar con electricidad 100% renovable, recibirán hasta 150 euros en carburante y hasta 80 euros en Waylet para sus compras. Un acuerdo con el que ambas compañías pretender compartir sinergías que se les ayuden a crecer en clientes en los próximos meses.

La gestión y formalización final de los contratos con los clientes interesados se realizará a través de la red comercial de Repsol, que cuenta con más de 1,2 millones de clientes de luz y gas. Un número que se ha visto incrementado en los últimos años, ya que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la comercializadora de energías más barata en España.

Madrid, Barcelona y Valencia

El acuerdo se ha desplegado por fases, de forma que se ha puesto primero en marcha en 300 oficinas de la Comunidad de Madrid y las provincias de Barcelona y Valencia, y luego en más de 700 oficinas situadas en País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía.

«Este acuerdo de colaboración es un paso más en su estrategia de diversificación y en su objetivo de acercar nuevos productos y servicios a los ciudadanos que les faciliten su día a día, aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de su red de oficinas», defiende Correos en un comunicado emitido este viernes y firmado por ambas compañías

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fokdiario.com%2Feconomia%2Frepsol-firma-acuerdo-correos-ofertar-luz-gas-1-000-sucursales-7949021&h=AT3XkbFevS99ikIt-Snksrg5TyYlqpFYKnoeqAy801cBORR6UI5sThLo7_AwHlMYdkzpgHJe5qfWR2GldJUrRasPHFllCpICatxQqGnalyfse8IWzvzYT60vWSDMObQjLIQ

Cobertura de todos los puestos de trabajo, tanto en las unidades de reparto, USE, como en las oficinas de atención al cliente.

El pasado viernes 17 de Septiembre 2021 nos reunimos en asamblea las trabajadoras del centro de trabajo de Tejeria (UR1-UR5) con las delegadas de personal de Gipuzkoa, para, entre todas, volver a abordar la situación de falta de cobertura en Gipuzkoa y sus consecuencias para la salud de las trabajadoras y la calidad de servicio prestada a las usuarias de este, de momento y pese a quien pese, servicio publico de interés general declarado, además, como esencial durante la pandemia.

Empieza la asamblea con la lectura del escrito firmado por      todas las  delegadas de personal de la provincia en que se denuncia la situación destrucción de empleo y no cobertura de de plantilla  durante estos últimos años en toda Gipuzkoa y sus consecuencias negativas en las condiciones de salud de las trabajadoras de correos. Finalizan el escrito exigiendo a la empresa  “la cobertura de todos los puestos de trabajo, tanto en las unidades de reparto, USE, como en las oficinas de atención al cliente.

Desde que correos se convierte en S.A en 2001. Ciclo de destrucción de empleo: Vacante no consolidada-Dimensionamiento-Vacante amortizada. 

A pesar de toda la propaganda que correos  se hace y de las expectativas que  se generan en las aspirantes a obtener plaza fija, la realidad es bien distinta. Desde que se convirtió en S.A en el 2001 no ha hecho otra cosa eliminar escalonadamente  un montón de puestos de trabajo. Ellos lo llaman  ajuste no traumático de plantilla a lo que es un verdadero “ERE encubierto”. Técnicamente no se despide a nadie pero  hacen desaparecer las plazas que por derecho pertenecen a las eventuales que llevan ya demasiados años esperando entran definitivamente como fijas y poder tener los mismos derechos que las demás.

Esta eliminación escalonada de secciones de reparto  es posible gracias a que en las consolidaciones de empleo solo se ofertan una minima parte de las vacantes existentes. Con la excusa de que ha bajado el trabajo o no hay dinero, las secciones vacantes  se dejan de cubrir, primero provisionalmente, luego se asignan como recargo permanente a la espera de que los equipos de dimensionamiento las hagan desaparecer para siempre.

 A las puertas de un nuevo dimensionamiento    

 Desde el año 2001 han sido numerosos los “paripés de dimensionamiento” y en todos, sin excepción,  se han hecho desaparecer secciones de reparto. El último dimensionamiento en Donosti en mayo del 2018 empresa eliminó exactamente una sección por distrito, ese mismo verano se volvieron a asignar recargos,  al año siguiente las vacantes que no se consolidaron han vuelto a asignarse como recargo fijo/distrito y en el próximo dimensionamiento, si no hacemos algo, las harán desaparecer definitivamente. Desde el año 2012 has desaparecido, solo en Donosti, 32 plazas

Falta de cobertura de ausencias

 

A la no cobertura de las vacantes durante gran parte del año hay que sumarle la no cobertura de las ausencias por vacaciones, bajas por enfermedad, APs, excedencias sin sueldo. Incluso nos tenemos que sobrecargar repartiendo los barrios que dejan vacíos las  comisiones de servicio, excedencias incentivadas, incluso los que dejan trabajadoras "desplazadas" provisionalmente  a cubrir puestos de Jefaturas.

Calidad de servicio prestado

 

Se puede afirmar que en Gipuzkoa y en todo el estado, pocos son los barrios que, como obliga la Ley Postal se reparten a diario. Todos los días se dejan envíos registrados pendientes por FT (falta de tiempo), se invalidan notificaciones administrativas por incumplimiento de los plazos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo. La entrega de la correspondencia incluida en el Servicio Postal Universal y financiada con dinero público se relega, ilegalmente, a un segundo plano, avisos de llegada que llegan tarde…Como consecuencia de esto son el aumento de las quejas  directas a las carteras  y las reclamaciones de las usuarias  por vía telefónica o telemática. Si todo el dinero que la empresa se esta gastando en imagen de eficiencia, en publicidad, lo invirtieran en contratación, a todas nos iría mejor.

Consecuencias negativas de los Recargos en la Salud  y el ambiente laboral

El recargo es una forma de “desorganización” que esta afectando muy negativamente a la salud de las  trabajadoras de Correos. A nivel físico la probabilidad de lesión músculo-esqueléticas  o de accidente aumentan y a nivel psicosocial (más difícil de detectar) seguramente las trabajadoras estamos cada vez más estresadas, quemadas…insatisfechas y mucho más  al tratarse de una plantilla con una media de edad superior a los 48 años.

Consecuencia de los recargos y de la sobrecarga de trabajo son también los enfrentamientos cada vez mas frecuentas entre las trabajadoras y las responsables de la unidad a quienes desde las Jefaturas de Sector se les dan órdenes imposibles de cumplir con una plantilla mermada.

Alguien debería recordar al Jefe de Sector, que deje de meter mas presión en el ambiente, que ya tenemos suficientes sobrecargas.  

Acuerdo de cobertura 1997-2010

Se recuerda como en el año 1997, fruto de la movilización conjunta de todas las oficinas de Gipuzkoa conseguimos un acuerdo de cobertura, que la empresa respetó hasta el año 2010,  en el se limitaban el número de  recargos a un máximo de 4 al mes. Se habla recuperar el acuerdo de cobertura para Gipuzkoa.

CONCLUSIONES

Estamos asistiendo a un proceso de sobreexplotación de las trabajadoras de correos inédito y esta grave situación requiere de respuestas colectivas por parte de toda la plantilla.Tenemos que estar unidas y resistir conjuntamente los envites de la dirección. Estamos convencidos de que la MOVILIZACIÓN CONJUNTA es la única manera de cambiar nuestra, cada vez más  penosa,  situación laboral. Creemos que la UNIDAD DE ACCIÓN  tiene que construirse desde abajo, con la participación de las bases y por ello animamos a todas a participar.

ACUERDOS ASAMBLEA  

1.- Registro del escrito suscrito por todas las delegadas de personal en el que se pide a la empresa un compromiso con la calidad del servicio prestado a la ciudadanía y  la salud laboral de sus trabajadoras.

2. -Denuncia en prensa y redes sociales.

3. Llamamiento a todos los centros de trabajo Gipuzkoa a la movilización y a la denuncia de verdadera situación de precariedad laboral y sobreexplotación que estamos sufriendo las trabajadoras correos.

En Donostia viernes 17 de Septiembre  de 2021

Escritos relacionados:

1.-Escrito Registro suscrito pordelegados Gipuzkoa.

2.-Denuncia en prensa.

3.-Acuerdo cobertura Gipuzkoa 1997-2010.