miércoles, 11 de mayo de 2022
Correos, arma arrojadiza
Correos, arma arrojadiza
Por Ricardo Mallada, Secretario General de CGT Correos
Correos, la empresa pública postal, ha vuelto a saltar a los titulares en las últimas semanas. El nombre de Correos fue el eje de uno de los momentos más comentados del último Congreso Extraordinario del Partido Popular. Fue en el discurso de nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, en el que hacía gala de su brillante gestión durante su paso por la presidencia de Correos. Poco importa lo que opinemos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que hemos visto cómo gracias a Feijoo y a los que le siguieron, Correos, la mayor empresa pública de España, se encuentra en la situación lamentable en la que está.
Correos, la empresa pública postal, ha vuelto a saltar a los titulares en las últimas semanas. El nombre de Correos fue el eje de uno de los momentos más comentados del último Congreso Extraordinario del Partido Popular. Fue en el discurso de nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, en el que hacía gala de su brillante gestión durante su paso por la presidencia de Correos. Poco importa lo que opinemos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que hemos visto cómo gracias a Feijoo y a los que le siguieron, Correos, la mayor empresa pública de España, se encuentra en la situación lamentable en la que está.
Correos ha llegado a una situación límite. La plantilla se ha reducido de 67.000 trabajadores en 2008 a menos de 50.000 en 2020. Las convocatorias de consolidación de empleo que se han anunciado a bombo y platillo en los últimos años, no han conseguido frenar la sangría de destrucción de empleo, pues éstas ni siquiera han llegado a cubrir las bajas por jubilación. Esto es, en parte, origen del grave retroceso en las condiciones laborales que venimos sufriéndola plantilla postal; presiones de las jefaturas, aumento de las zonas de reparto, sobrecargas de trabajo, denegación constante de permisos y trabas en la adjudicación de las vacaciones. Todo esto, unido a la situación incierta que percibimos ha derivado en el deterioro constante del ambiente laboral.
Averiguar cómo hemos llegado a esta situación crítica simplemente requiere de buena memoria. A principios de 2000 Alberto Núñez Feijóo fue designado presidente de Correos. Según él mismo relataba en el reciente Congreso Extraordinario de Sevilla del Partido Popular, se presentó en su despacho Regino Martín, por aquel entonces Secretario General de CCOO de Correos, y le propuso un pacto para transformar el operador postal, hasta ese momento Organismo Autónomo perteneciente a la Administración Pública, en una Sociedad Anónima que trabajara como una empresa mercantil privada, cuyo personal funcionario resultase a extinguir, y donde el nuevo personal sería laboral y se introducirían los salarios variables y con complementos de productividad.
A cambio de facilitar este hachazo a las condiciones de los trabajadores, CCOO y UGT conseguían una cuota de poder que les garantizaba cierta preeminencia en las decisiones y en las elecciones de la empresa. Gracias a este juego en las altas esferas -y a la permisividad de los trabajadores, que seguimos votando mayoritariamente a estos sindicatos-, hemos venido sufriendo una serie de agresiones, cada vez de mayor nivel, primero eliminando la fijeza en el puesto, luego permitiendo la flexibilización de nuestras condiciones de trabajo, etc.
Mientras tanto la razón de ser de Correos, el Servicio Postal Universal, es el gran damnificado. Hemos pasado de tener un servicio postal que suscitaba la aprobación mayoritaria por parte de la ciudadanía con una de las mayores aprobaciones por parte de la ciudadanía a incumplir reiteradamente las condiciones del servicio público, como así recogen los dictámenes de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia), cuyos estudios reflejan un incremento exponencial en el número de reclamaciones año tras año, sin contar las que no se tramitan por escrito y que no
pasan de ser quejas en el mostrador de la oficina de Correos.
Ahora asistimos a la convocatoria de una huelga general en Correos por parte de los dos sindicatos cómplices del desguace de las condiciones laborales de la plantilla y del Servicio Público. Parece que con la entrada de la nueva dirección, encabezada por Juan Manuel Serrano (hombre de confianza del actual presidente del gobierno) se acabó el amor, como reza la canción. El fin de este idilio viene precedido por el cese de numerosos cargos directivos afines a esas organizaciones sindicales a través de los que controlaban cuantiosos resortes y recursos de la empresa pública.
Leemos los comunicados de estas organizaciones y asistimos atónitos a un enfrentamiento personal con el presidente de Correos. Como si cambiar a Serrano por otro presidente fuese a solucionar el problema.
Desde CGT entendemos que el problema no es sólo el actor, sino el guión; un guión dramático que versa sobre cómo colapsar un servicio público y de calidad en 20 años; sobre cómo hundir la mayor empresa pública de este país.
Pero no podemos atribuirle ese mérito al actual presidente. Desde luego, no sólo a él.
Desde CGT entendemos que debe darse un giro radical en este guión para tratar de cambiar la realidad postal. Ahora que la ciudadanía exige unos servicios públicos dignos en todo el territorio nacional, Correos debe prestarlos. Se están escuchando constantemente las reivindicaciones de la España vaciada; contar con los pueblos, evitar la deslocalización. CGT ha propuesto numerosas veces la creación de una Banca Pública Postal, accesible en todo el país y para todos los usuarios, teniendo en cuenta que en más del 54% de los municipios de España no existe oficina bancaria. Y no sería una rareza en Europa, donde tenemos el ejemplo de Italia o Portugal. Podríamos seguir con numerosos servicios a prestar por Correos como por ejemplo ser el vínculo de transmisión con la Administración, evitando con ello el desplazamiento al Ayuntamiento u oficina correspondiente, lo que sería una ayuda clara para las personas mayores o con dificultad de desplazamiento.
En suma, Correos está en una delicada situación, en un punto del camino en que puede despeñarse y acabar convertida en una empresa de paquetería al uso sin ningún tipo de interés como servicio a la ciudadanía o, como apostamos desde CGT, tomar un nuevo rumbo con la inclusión de funciones que perpetúen la vocación de servicio público por la que los carteros y carteras seguimos esforzándonos día tras día.
Correos se verá las caras con Unipost en junio por una demanda de 310 millones de euros
Correos se verá las caras con Unipost en junio por una demanda de 310 millones de euros
Buzón de Correos, en una imagen de archivo. |AGENCIAS
Correos tendrá que verse las caras con los representantes de Unipost en una vista que se presume definitiva tras la demanda del operador postal presentada contra la empresa pública hace dos años. El administrador concursal de la compañía -que quebró en 2017- presentó una demanda civil culpando a la estatal de su cierre por un presunto incumplimiento de las normas de competencia.
Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la vista se producirá el próximo 14 y 15 de junio en el juzgado 7 de lo Mercantil de Barcelona, por lo que el fallo definitivo de la demanda podría conocerse durante el tercer trimestre de este año. Unipost solicita 310 millones de euros de indemnización a Correos, un verdadero palo financiero que -de confirmarse- impactaría durante en las cuentas de este año de la empresa pública.
En 2020, Unipost -fundada por la familia catalana Raventós- denunció que Correos vulneró durante quince años (desde 2004 a 2018) el marco vigente aplicable al sector postal tradicional español y que en la práctica les expulsó del mercado con maniobras, a su juicio, fuera de la legalidad.
Fundamentos de la demanda
La demanda sostiene que la agresiva estrategia de precios de Correos minó la capacidad de Unipost para llevar a cabo su negocio de forma justa y competitiva, de forma que «buscó eliminar a Unipost del mercado, perjudicando de manera irreversible la liberalización del sector postal».
Unipost sostiene que Correos mantuvo su posición dominante en el mercado con una cuota media de más del 90% en los mercados más relevantes, «mediante abusos anticompetitivos», y que ello llevó a Unipost a declararse en quiebra y a ir a liquidación. En julio de 2017 la compañía solicitó el concurso de acreedores tras acumular deudas de 50 millones de euros, registrar pérdidas desde 2011 y dejar en la calle a 2.400 personas.
La demanda, puesta en marcha por la administración concursal de Fieldfisher Jausas, reclama una indemnización de 162 millones por el negocio perdido de forma presuntamente ilegal durante quince años a causa de las prácticas anticompetitivas de Correos, o lucro cesante; y otros 135 millones por el daño emergente resultante del concurso y la liquidación de Unipost, así como otros 3,5 millones por los daños derivados de la negativa de Correos de dar acceso a la red postal.
Multa de la CNMC
En este contexto, la situación ha empeorado para Correos desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impusiese una multa de 32,6 millones de euros por ofrecer descuentos «anticompetitivos» a grandes clientes empresariales. Se refieren a clientes que remiten envíos masivos, principalmente empresas de servicios bancarios y de seguros, comercializadoras de luz, agua, gas o telefonía, así como centros comerciales o supermercados.
Según Competencia, la conducta sancionada consistía en la aplicación de un sistema de descuentos ‘exclusionarios’ que, incentivando la fidelización de los grandes clientes empresariales, habría excluido o impedido la entrada al mercado de otros competidores de Correos, al menos desde el año 2015 hasta el año 2019.
Competencia explica en su resolución que se trata de un «abuso de posición de dominio», prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el mercado de los servicios postales tradicionales. Precisamente el mismo argumento que Unipost ha esgrimido durante todo el juicio contra la empresa pública.
Asesores legales
De hecho, las fuentes consultadas indican que, hasta antes de este fallo, la posibilidad de Unipost de ganar la demanda era escasa, pero que tras la multa de la CNMC se ha conseguido el aval necesario para justificar su demanda. Si Correos pierde la demanda deberá provisionar en sus cuentas buena parte de estos 300 millones de euros, con el consiguiente perjuicio en sus resultados de este 2022, que con toda seguridad se irían nuevamente a pérdidas.
La demanda ha sido promovida por el despacho Jausas -que tiene asignada la gestión del concurso de acreedores de Unipost – y que llevan los abogados Íñigo Igartua, de Gómez Acebo & Pombo, y Juan Piqueras, de AGP Asesores. Este último tiene una larga trayectoria en litigios que vulneraban la competencia en el sector postal y de transportes y se ha especializado en luchar judicialmente contra Correos, ganándole sonadas demandas. Por su parte, Correos ha recurrido a los servicios de Garrigues.
Sin embargo, Correos y Unipost no son los únicos en discordia. Según desveló La Información, el pasado mes de mayo el juez que instruye la causa aceptó la solicitud de los representantes legales de los exdirigentes de la compañía y fundadores, Pablo Raventós y Antón Raventós personarse en el caso apelando al interés directo y legítimo en el resultado del pleito.
Familia Raventós
Una resolución amparada por el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que permite incorporarse como demandantes o demandados a nuevos actores implicados en una causa judicial siempre que el proceso aún se encuentre pendiente.
La familia Raventós es uno de los miembros de la burguesía catalana con más solera de Barcelona. Dueños de las históricas bodegas Codorniú, el negocio postal fue uno de sus más importantes ingresos hasta que quebraron en 2017. Una época en la que también coquetearon con el independentismo.
Durante el 1-O, Unipost fue la empresa postal encargada de la consulta independentista y, de hecho, se incautaron 45.000 notificaciones para cubrir las mesas electorales del 1 de octubre. Por esas fechas también fueron detenidos los dueños de la compañía por su implicación directa en el procés.