Han transcurrido ya unas semanas desde que el presidente de Mercadona, Juan Roig, declarase que “los empresarios son los que generan riqueza y bienestar y si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, enfrentamiento". Parto del hecho de que verdaderamente se cree lo que dice. Yo, personalmente, pienso que sí, que él está convencido de que sin empresarios no hay riqueza y bienestar. Hay que tener en cuenta que su discurso lo suelta desde la atalaya de la clase social a la que pertenece y en ese estrato de la sociedad en el que se encuentra vociferando no se ve más allá de las narices. La obstinación por autoproclamarse como generador de riqueza no es ni más ni menos que la base de ese egoísmo empresarial incapaz de admitir su visión de las relaciones laborales basadas en el concepto de amo y esclavo.
Días después era conocido el sueldo que percibía el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por ejercer ese cargo. Hablar de sueldos significa meterse en terreno pantanoso. Si se compara el salario del voceras de la CEOE con el de algunos deportistas, artistas y demás, hasta puede parecer una remuneración poco exagerada. En cualquier caso, se llame Garamendi, sea tal o cual deportista, éste o aquel artista, todas, absolutamente todas las cifras que se manejan solo puedo calificarlas de insultantes.
Lo que provoca asco no es la cifra en sí de Garamendi, que también, lo que crispa el carácter es que un sujeto abonado a los 380.000 euros anuales ponga pegas, como portavoz que es de la CEOE, a una subida del SMI hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Es lo que hay, gentuza que nada en la abundancia dando lecciones de cómo otros deben vivir en la precariedad. Es evidente que a los jetas de despacho no les avergüenza, con su miseria moral, marcar diferencias a la hora de condenar a unas personas a la miseria socioeconómica.
Estos dos ejemplos, el de Roig y el de Garamendi, se dan en un contexto político en el que, sin olvidar la tradición secular de que la Banca y la Patronal son quienes mandan, la gobernabilidad teórica recae en la coalición del gobierno más, según dicen, progresista de la historia de la democracia del Estado Bananero Español.
Si ya supone en muchas ocasiones un riesgo caer en el simplismo de establecer la diferencia de proyecto político señalándolo como de izquierda o de derecha, más se complican los conceptos cuando el progresismo y el conservadurismo entran en escena, de tal forma que el progresismo lo es, o lo parece, no por su propia dinámica sino por la cerrazón de las posturas opuestas.
Cuesta entender que la principal formación de ese supuesto gobierno progresista, el PSOE, haya votado hace unos pocos días en contra de la moción en la que se solicitaba recuperar la indemnización por despido improcedente a 45 días por año trabajado, previa a la reforma laboral del PP. En esa propuesta se planteaba derogar las modificaciones introducidas en materia de despido improcedente tanto en la reforma de 2012, de Rajoy; como la de 2010, de Zapatero. ¿Argumento del PSOE para oponerse? A grandes rasgos, una indemnización tiene que ser justa, equilibrada y disuasoria pero se tiene que acordar en el marco del diálogo social.
Y vuelvo al punto de partida de la mano de ese diálogo social que no es más que la pantomima que nos traslada a la garante apatía llamada paz social, esa balsa de aceite placentera para que los Roigs y Garamendis de turno sigan pisando el mismo suelo que el resto de los mortales pero viviendo acomodadas realidades alejadas de la angustia que genera llegar a final de mes con apuros económicos. Y esto no se soluciona, conviene recordarlo las veces que haga falta, con gobiernos de una u otra índole.
Cambio de protocolo en la Seguridad Social en los casos de incapacidad temporal de trabajadores. A partir de este enero, aquellos empleados que causen baja médica ya no tendrán que remitir el parte y la documentación a su empresa y será la propia administración quien telemáticamente remita todo el papeleo. Así lo aprobó el Gobierno en su último Consejo de Ministros del 2022, la modificación reglamentaria ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entraré en vigor a partir del 1 de abril.
Hasta ahora el trabajador afectado por una incapacidad temporal tenía un plazo de tres días, a contar desde el momento en el que el doctor emitía la baja, para hacer entrega a su compañía del parte. El no entregar la documentación en tiempo y forma era motivo de penalización por parte de la dirección, hasta el punto de que podía constituir motivo de despido.
Una vez entre en vigor en los próximos días la nueva normativa, el trabajador solo recibirá una única copia de su parte de baja cuando visite al médico. La Seguridad Social elimina tanto "la segunda copia, como la obligación a la persona trabajadora de que sea ella quien que entregue esta copia en la empresa, entidad gestora o mutua", según informó el Gobierno tras el cónclave ministerial. La idea es eliminar burocracia y trámites para los trabajadores y que sea la propia administración, a través de vías telemáticas y automatizadas, la que asuma a partir de ahora dichas gestiones.
La entrega de los partes de baja médica podía tornarse en un dolor de cabeza para los trabajadores, especialmente si el motivo de su baja era especialmente incapacitante y entregar la documentación en un plazo de tres días era complicado. Familiares, amigos o un representante legal podían ser designados por el trabajador para entregar el parte en su nombre, pero el desconocimiento de la legislación frecuentemente dificultaba dichas gestiones.
También limita las posibilidades de que algunas empresas aprovecharan casuísticas de este tipo para cesar a trabajadores, que incumplían formalmente los plazos pese a estar realmente de baja certificada por un sanitario. Hasta ahora la normativa contemplaba la posibilidad de sancionar al trabajador, ya que la empresa precisaba el parte de baja para tramitar dicha situación y ahorrarse cotizaciones sociales.
Ahora todo este proceso se automatizará y el trabajador en incapacidad temporal ya no deberá preocuparse por ello. Tampoco en caso de que su baja por incapacidad se alargue y tenga que renovar el parte de baja. Hasta ahora tenía que volver a enviar toda la documentación a la empresa y a partir del cambio normativo ya será la Seguridad Social la que se encargue en cada una de las renovaciones de informar a la compañía.
2022, el año en que perdimos salario y no pasó nada
2021 cerró con 3.650 convenios firmados con una subida salarial media del 1,69%, según los datos del Ministerio de Trabajo mientras la inflación anual alcanzó el 3,1% de media anual, según el INE. En 2022, el incremento salarial es del 2,65% y la inflación media del 8,4%. Hemos perdido ocho puntos —un salario mensual—.
Lo perdido en los convenios firmados en 2021 y 2022 suman ocho puntos, el salario entero de un mes. “Hemos retrocedido a 2009, pero a diferencia de entonces, ahora no hay movilización social”, apunta Francisco González, responsable de negociación colectiva del sindicato mayoritario gallego, CIG.
Es como si este año el reloj hubiese retrocedido 13 años, hasta 2009. O incluso 14, hasta 2008. Lo ha hecho a través de la pérdida del poder adquisitivo derivada del aumento de la inflación, en vez de por la destrucción directa del empleo. Seguimos trabajando, pero el sueldo no da para pagar todas las facturas. Mucho menos para ahorrar. La diferencia importante es que “ahora no pasa nada”, resume González. No hay movilización social, “es como si el Gobierno de izquierdas tuviera un efecto placebo en la clase trabajadora”.
A grandes rasgos, en 2019 y 2020 se logró recuperar, más o menos, el poder adquisitivo perdido en 2009. Pero 2021 cerró con 3.650 convenios firmados con una subida salarial media del 1,69%, según los datos del Ministerio de Trabajo mientras la inflación anual alcanzó el 3,1% de media anual, según el INE. En 2022, la variación salarial media es del 2,65% y el IPC es del 8,4% de media anual. “Nos han vuelto a colocar en el punto de partida, incluso retrocediendo más”, advierte el sindicalista gallego. Y eso que Galicia y Euskadi han firmado los convenios colectivos con el aumento salarial medio más alto: 3,9% y 5,2%, respectivamente —6,3% en Gipuzkoa, la provincia que mejor negocia los convenios—.
Con los datos en la mano, González puede afirmar que los trabajadores que consiguen firmar un convenio perderán cuatro puntos este año y cinco el anterior; mientras que la mayoría de trabajadores “se comerá” entera la carestía de este año, a la que deberán sumar la del anterior. “Y el Banco de España predice otra subida de entre cuatro y cinco puntos para 2023”, advierte González.
Lo perdido en los convenios firmados en ambos años suma ocho puntos, el salario equivalente a un mes entero, como explicó en mayo el profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Mario del Rosal —ocho puntos equivale a una de las doce mensualidades—. La pérdida es mayor para quien no tiene convenio o lo tiene congelado. Sin convenio, el IPC de ambos años llega al 11,5%. Un mes y medio de salario.
Gracias, reforma laboral
La reforma laboral ha aportado alegrías, al menos en los datos gruesos, reduciendo en siete puntos la tasa de temporalidad de España (17,5%), dejándola solo a dos puntos de la media europea (15,2%). El cambio impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha supuesto un viraje en el paradigma en las relaciones del mercado laboral: por primera vez, uno de cada dos contratos que se firman son indefinidos. Hasta este año, solo lo eran uno de cada diez. El cambio es enorme.
Pero González añade la mirada puntillosa de sindicalista: “Esta semana tuve una reunión con el Sepe de Galicia y más del 60% de los contratos indefinidos firmados son a tiempo parcial o fijos discontinuos, es decir, hay muchas personas que no trabajan a jornada completa, por lo que su salario no llega al de una jornada completa”, advierte.
La estabilidad de un indefinido, sea a jornada completa, parcial, discontinua o con un salario cada vez más cercano del SMI, aporta tranquilidad. La herencia de los Pactos de Moncloa, la costumbre de dar las gracias y no discutir y una perspectiva centralista.
El sindicalismo combativo
Este año ha sido el de los dos grandes congresos en el anarcosindicalismo. Tanto CGT como CNT han celebrado congresos internos. El de CGT fue tenso y renovó su secretariado general. Tras los tiras y aflojas habituales en estas situaciones, el sector más combativo y alejado de Madrid venció en la votación y Miguel Fadrique (Valladolid) se convirtió en su responsable. No en vano, es en Catalunya donde CGT marca el ritmo: ha conseguido superar la barrera de 20.000 afiliados. En el Estado, CGT movilizó al 60% de los trabajadores que participaron en las huelgas convocadas en 2021.
Por su parte, las diferentes secciones de CNT se reencontraron tras siete años sin congreso. Aportaron 180 ponencias, llegaron a acuerdos mayoritariamente por consenso y aprobaron la creación de una caja de resistencia confederal para huelgas indefinidas.
La caja es precisamente la particularidad que mejor define al sindicato vasco mayoritario, ELA. Con ella financia huelgas larguísimas, como la más larga de Europa, de los trabajadores de Novaltia, que ponen contra la espalda y la pared a empresas imponentes, como el Guggenheim: trece trabajadoras lograron un aumento salarial del 20% y terminar con los contratos parciales tras 9 meses de huelga.
“Por la repercusión mediática, el convenio del metal es muy importante, pero nosotros le damos mucha importancia a pequeños conflictos en subcontratas de limpieza y en ayuda a domicilio que no solo aseguran el poder adquisitivo de las trabajadoras, sino que persiguen acabar con la brecha salarial”, destaca Pello Igeregi, el responsable de negociación colectiva. Reconoce que es en los sectores feminizados donde más dificultades encuentran para mejorar las condiciones de trabajo.
Hasta agosto, País Vasco y Navarra acumulaban el 55% de las huelgas convocadas en todo el Estado, a pesar de tener solo el 6% de la población activa. Hay cosas que no cambian, año tras año.
El hogar, la deuda histórica
Las trabajadoras del hogar lo saben perfectamente. Atomizadas y abandonadas por los consecutivos gobiernos, este año han podido finalmente celebrar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional de los Trabajadoras, establecido en 2011. Ahora ya son asalariadas del régimen general, aunque aún deberán cotizar para generar paro.
Esta ratificación supuso el mayor consenso en el Congreso de los Diputados: 325 votos a favor y una sola abstención. En las inmediaciones del edificio, hubo abrazos, alegría y emoción. “Hemos llorado de alegría”, ha reconocido Marina Díaz, activista del sindicato de Sintrahocu. Considera que la ratificación es “un derecho conquistado”, que supone “un impulso para su lucha, hay que seguir luchando todas juntas sin parar para que el cumplimiento de la norma sea adecuado”.
Son más de 600.000 mujeres que llevaban décadas trabajando sin derecho a la prestación de desempleo, con despidos libres, con pensiones mínimas, sin prevención de riesgos laborales e, incluso, en situaciones de semiesclavitud, como es el trabajo en régimen interno.
Amianto, la factura sin pagar
El amianto se prohibió en 2001; desde 2012, la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi bregaba, primero en el Parlamento Vasco, luego en el Congreso de los Diputados, conseguir este fondo que evitará que las víctimas tengan que emprender un largo, caro y tedioso recorrido judicial si quieren ver reconocidos sus derechos y optar a una indemnización, que depende de la voluntad de cada juez. Jon García es su portavoz y valoraba en julio que la unanimidad en la creación del fondo “daba muchas garantías”.
La Ley 21/2022 quedó aprobada el 19 de octubre. Alfonso Ríos Velada, responsable de salud laboral de CC OO de Euskadi, recordaba que el PSOE no facilitó el camino, pero la movilización sindical y de las asociaciones de víctimas consiguieron revertir la situación. Queda por ver cómo se determinarán las cuantías a indemnizar.
Correos, Amazon, la industria
La empresa pública más grande, Correos, ha mantenido su proceso de amazonización, mientras los sindicatos siguen convocando huelgas en periodos clave, como el Black Friday y Navidades, que coincidieron también con las convocadas por los trabajadores de Amazon.
Pero sin duda las huelgas sectoriales más grandes este año han tenido lugar en dos sectores: transportes e industria. De una parte, la derecha supo capitalizar el descontento de los transportistas con el aumento del gasoil, un sector que hace tiempo dejó de ser su propio jefe para pasar a ser un sub-subcontratado. En la industria, 20.000 trabajadores de Cantabria reivindicaron en verano un convenio colectivo justo y, este otoño, 50.000 en Bizkaia, que aún no ha terminado la negociación.
Represión y siniestralidad
Y de los conflictos más importantes de años anteriores, en 2022 han llegado los procesos judiciales de Tubacex, en la que varias personas han sido juzgadas por presuntos delitos de lesiones, desobediencia a la autoridad y desórdenes, casos de los que fueron absueltos y que los afectados calificaron como montajes policiales.
Las seis condenadas por concentrarse delante de la pastelería La Suiza de Gijón, militantes de CNT, no han tenido la misma suerte. Una gran manifestación en Madrid las arropó el 24 de septiembre.
Y un año termina y con él se cierran las estadísticas más lúgubres. Los datos tardan unos meses en llegar. En 2022 conocimos los definitivos de 2021: 705 personas. La falta de prevención de riesgos laborales o el hecho de anteponer la productividad a la seguridad condicionan las muertes, pero también se vinculan a este índice la alta temporalidad, la externalización, la rotación y la inexperiencia, características que pueden explicar que sea entre los jóvenes trabajadores donde mayor incidencia de accidentes laborales se concentra. A este año se le añadieron los peligros que supone una ola de calor como la sufrida en verano.
