Han transcurrido ya unas semanas desde que el presidente de Mercadona, Juan Roig, declarase que “los empresarios son los que generan riqueza y bienestar y si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, enfrentamiento". Parto del hecho de que verdaderamente se cree lo que dice. Yo, personalmente, pienso que sí, que él está convencido de que sin empresarios no hay riqueza y bienestar. Hay que tener en cuenta que su discurso lo suelta desde la atalaya de la clase social a la que pertenece y en ese estrato de la sociedad en el que se encuentra vociferando no se ve más allá de las narices. La obstinación por autoproclamarse como generador de riqueza no es ni más ni menos que la base de ese egoísmo empresarial incapaz de admitir su visión de las relaciones laborales basadas en el concepto de amo y esclavo.
Días después era conocido el sueldo que percibía el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por ejercer ese cargo. Hablar de sueldos significa meterse en terreno pantanoso. Si se compara el salario del voceras de la CEOE con el de algunos deportistas, artistas y demás, hasta puede parecer una remuneración poco exagerada. En cualquier caso, se llame Garamendi, sea tal o cual deportista, éste o aquel artista, todas, absolutamente todas las cifras que se manejan solo puedo calificarlas de insultantes.
Lo que provoca asco no es la cifra en sí de Garamendi, que también, lo que crispa el carácter es que un sujeto abonado a los 380.000 euros anuales ponga pegas, como portavoz que es de la CEOE, a una subida del SMI hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Es lo que hay, gentuza que nada en la abundancia dando lecciones de cómo otros deben vivir en la precariedad. Es evidente que a los jetas de despacho no les avergüenza, con su miseria moral, marcar diferencias a la hora de condenar a unas personas a la miseria socioeconómica.
Estos dos ejemplos, el de Roig y el de Garamendi, se dan en un contexto político en el que, sin olvidar la tradición secular de que la Banca y la Patronal son quienes mandan, la gobernabilidad teórica recae en la coalición del gobierno más, según dicen, progresista de la historia de la democracia del Estado Bananero Español.
Si ya supone en muchas ocasiones un riesgo caer en el simplismo de establecer la diferencia de proyecto político señalándolo como de izquierda o de derecha, más se complican los conceptos cuando el progresismo y el conservadurismo entran en escena, de tal forma que el progresismo lo es, o lo parece, no por su propia dinámica sino por la cerrazón de las posturas opuestas.
Cuesta entender que la principal formación de ese supuesto gobierno progresista, el PSOE, haya votado hace unos pocos días en contra de la moción en la que se solicitaba recuperar la indemnización por despido improcedente a 45 días por año trabajado, previa a la reforma laboral del PP. En esa propuesta se planteaba derogar las modificaciones introducidas en materia de despido improcedente tanto en la reforma de 2012, de Rajoy; como la de 2010, de Zapatero. ¿Argumento del PSOE para oponerse? A grandes rasgos, una indemnización tiene que ser justa, equilibrada y disuasoria pero se tiene que acordar en el marco del diálogo social.
Y vuelvo al punto de partida de la mano de ese diálogo social que no es más que la pantomima que nos traslada a la garante apatía llamada paz social, esa balsa de aceite placentera para que los Roigs y Garamendis de turno sigan pisando el mismo suelo que el resto de los mortales pero viviendo acomodadas realidades alejadas de la angustia que genera llegar a final de mes con apuros económicos. Y esto no se soluciona, conviene recordarlo las veces que haga falta, con gobiernos de una u otra índole.
Cambio de protocolo en la Seguridad Social en los casos de incapacidad temporal de trabajadores. A partir de este enero, aquellos empleados que causen baja médica ya no tendrán que remitir el parte y la documentación a su empresa y será la propia administración quien telemáticamente remita todo el papeleo. Así lo aprobó el Gobierno en su último Consejo de Ministros del 2022, la modificación reglamentaria ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entraré en vigor a partir del 1 de abril.
Hasta ahora el trabajador afectado por una incapacidad temporal tenía un plazo de tres días, a contar desde el momento en el que el doctor emitía la baja, para hacer entrega a su compañía del parte. El no entregar la documentación en tiempo y forma era motivo de penalización por parte de la dirección, hasta el punto de que podía constituir motivo de despido.
Una vez entre en vigor en los próximos días la nueva normativa, el trabajador solo recibirá una única copia de su parte de baja cuando visite al médico. La Seguridad Social elimina tanto "la segunda copia, como la obligación a la persona trabajadora de que sea ella quien que entregue esta copia en la empresa, entidad gestora o mutua", según informó el Gobierno tras el cónclave ministerial. La idea es eliminar burocracia y trámites para los trabajadores y que sea la propia administración, a través de vías telemáticas y automatizadas, la que asuma a partir de ahora dichas gestiones.
La entrega de los partes de baja médica podía tornarse en un dolor de cabeza para los trabajadores, especialmente si el motivo de su baja era especialmente incapacitante y entregar la documentación en un plazo de tres días era complicado. Familiares, amigos o un representante legal podían ser designados por el trabajador para entregar el parte en su nombre, pero el desconocimiento de la legislación frecuentemente dificultaba dichas gestiones.
También limita las posibilidades de que algunas empresas aprovecharan casuísticas de este tipo para cesar a trabajadores, que incumplían formalmente los plazos pese a estar realmente de baja certificada por un sanitario. Hasta ahora la normativa contemplaba la posibilidad de sancionar al trabajador, ya que la empresa precisaba el parte de baja para tramitar dicha situación y ahorrarse cotizaciones sociales.
Ahora todo este proceso se automatizará y el trabajador en incapacidad temporal ya no deberá preocuparse por ello. Tampoco en caso de que su baja por incapacidad se alargue y tenga que renovar el parte de baja. Hasta ahora tenía que volver a enviar toda la documentación a la empresa y a partir del cambio normativo ya será la Seguridad Social la que se encargue en cada una de las renovaciones de informar a la compañía.
2022, el año en que perdimos salario y no pasó nada
2021 cerró con 3.650 convenios firmados con una subida salarial media del 1,69%, según los datos del Ministerio de Trabajo mientras la inflación anual alcanzó el 3,1% de media anual, según el INE. En 2022, el incremento salarial es del 2,65% y la inflación media del 8,4%. Hemos perdido ocho puntos —un salario mensual—.
Lo perdido en los convenios firmados en 2021 y 2022 suman ocho puntos, el salario entero de un mes. “Hemos retrocedido a 2009, pero a diferencia de entonces, ahora no hay movilización social”, apunta Francisco González, responsable de negociación colectiva del sindicato mayoritario gallego, CIG.
Es como si este año el reloj hubiese retrocedido 13 años, hasta 2009. O incluso 14, hasta 2008. Lo ha hecho a través de la pérdida del poder adquisitivo derivada del aumento de la inflación, en vez de por la destrucción directa del empleo. Seguimos trabajando, pero el sueldo no da para pagar todas las facturas. Mucho menos para ahorrar. La diferencia importante es que “ahora no pasa nada”, resume González. No hay movilización social, “es como si el Gobierno de izquierdas tuviera un efecto placebo en la clase trabajadora”.
A grandes rasgos, en 2019 y 2020 se logró recuperar, más o menos, el poder adquisitivo perdido en 2009. Pero 2021 cerró con 3.650 convenios firmados con una subida salarial media del 1,69%, según los datos del Ministerio de Trabajo mientras la inflación anual alcanzó el 3,1% de media anual, según el INE. En 2022, la variación salarial media es del 2,65% y el IPC es del 8,4% de media anual. “Nos han vuelto a colocar en el punto de partida, incluso retrocediendo más”, advierte el sindicalista gallego. Y eso que Galicia y Euskadi han firmado los convenios colectivos con el aumento salarial medio más alto: 3,9% y 5,2%, respectivamente —6,3% en Gipuzkoa, la provincia que mejor negocia los convenios—.
Con los datos en la mano, González puede afirmar que los trabajadores que consiguen firmar un convenio perderán cuatro puntos este año y cinco el anterior; mientras que la mayoría de trabajadores “se comerá” entera la carestía de este año, a la que deberán sumar la del anterior. “Y el Banco de España predice otra subida de entre cuatro y cinco puntos para 2023”, advierte González.
Lo perdido en los convenios firmados en ambos años suma ocho puntos, el salario equivalente a un mes entero, como explicó en mayo el profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Mario del Rosal —ocho puntos equivale a una de las doce mensualidades—. La pérdida es mayor para quien no tiene convenio o lo tiene congelado. Sin convenio, el IPC de ambos años llega al 11,5%. Un mes y medio de salario.
Gracias, reforma laboral
La reforma laboral ha aportado alegrías, al menos en los datos gruesos, reduciendo en siete puntos la tasa de temporalidad de España (17,5%), dejándola solo a dos puntos de la media europea (15,2%). El cambio impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha supuesto un viraje en el paradigma en las relaciones del mercado laboral: por primera vez, uno de cada dos contratos que se firman son indefinidos. Hasta este año, solo lo eran uno de cada diez. El cambio es enorme.
Pero González añade la mirada puntillosa de sindicalista: “Esta semana tuve una reunión con el Sepe de Galicia y más del 60% de los contratos indefinidos firmados son a tiempo parcial o fijos discontinuos, es decir, hay muchas personas que no trabajan a jornada completa, por lo que su salario no llega al de una jornada completa”, advierte.
La estabilidad de un indefinido, sea a jornada completa, parcial, discontinua o con un salario cada vez más cercano del SMI, aporta tranquilidad. La herencia de los Pactos de Moncloa, la costumbre de dar las gracias y no discutir y una perspectiva centralista.
El sindicalismo combativo
Este año ha sido el de los dos grandes congresos en el anarcosindicalismo. Tanto CGT como CNT han celebrado congresos internos. El de CGT fue tenso y renovó su secretariado general. Tras los tiras y aflojas habituales en estas situaciones, el sector más combativo y alejado de Madrid venció en la votación y Miguel Fadrique (Valladolid) se convirtió en su responsable. No en vano, es en Catalunya donde CGT marca el ritmo: ha conseguido superar la barrera de 20.000 afiliados. En el Estado, CGT movilizó al 60% de los trabajadores que participaron en las huelgas convocadas en 2021.
Por su parte, las diferentes secciones de CNT se reencontraron tras siete años sin congreso. Aportaron 180 ponencias, llegaron a acuerdos mayoritariamente por consenso y aprobaron la creación de una caja de resistencia confederal para huelgas indefinidas.
La caja es precisamente la particularidad que mejor define al sindicato vasco mayoritario, ELA. Con ella financia huelgas larguísimas, como la más larga de Europa, de los trabajadores de Novaltia, que ponen contra la espalda y la pared a empresas imponentes, como el Guggenheim: trece trabajadoras lograron un aumento salarial del 20% y terminar con los contratos parciales tras 9 meses de huelga.
“Por la repercusión mediática, el convenio del metal es muy importante, pero nosotros le damos mucha importancia a pequeños conflictos en subcontratas de limpieza y en ayuda a domicilio que no solo aseguran el poder adquisitivo de las trabajadoras, sino que persiguen acabar con la brecha salarial”, destaca Pello Igeregi, el responsable de negociación colectiva. Reconoce que es en los sectores feminizados donde más dificultades encuentran para mejorar las condiciones de trabajo.
Hasta agosto, País Vasco y Navarra acumulaban el 55% de las huelgas convocadas en todo el Estado, a pesar de tener solo el 6% de la población activa. Hay cosas que no cambian, año tras año.
El hogar, la deuda histórica
Las trabajadoras del hogar lo saben perfectamente. Atomizadas y abandonadas por los consecutivos gobiernos, este año han podido finalmente celebrar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional de los Trabajadoras, establecido en 2011. Ahora ya son asalariadas del régimen general, aunque aún deberán cotizar para generar paro.
Esta ratificación supuso el mayor consenso en el Congreso de los Diputados: 325 votos a favor y una sola abstención. En las inmediaciones del edificio, hubo abrazos, alegría y emoción. “Hemos llorado de alegría”, ha reconocido Marina Díaz, activista del sindicato de Sintrahocu. Considera que la ratificación es “un derecho conquistado”, que supone “un impulso para su lucha, hay que seguir luchando todas juntas sin parar para que el cumplimiento de la norma sea adecuado”.
Son más de 600.000 mujeres que llevaban décadas trabajando sin derecho a la prestación de desempleo, con despidos libres, con pensiones mínimas, sin prevención de riesgos laborales e, incluso, en situaciones de semiesclavitud, como es el trabajo en régimen interno.
Amianto, la factura sin pagar
El amianto se prohibió en 2001; desde 2012, la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi bregaba, primero en el Parlamento Vasco, luego en el Congreso de los Diputados, conseguir este fondo que evitará que las víctimas tengan que emprender un largo, caro y tedioso recorrido judicial si quieren ver reconocidos sus derechos y optar a una indemnización, que depende de la voluntad de cada juez. Jon García es su portavoz y valoraba en julio que la unanimidad en la creación del fondo “daba muchas garantías”.
La Ley 21/2022 quedó aprobada el 19 de octubre. Alfonso Ríos Velada, responsable de salud laboral de CC OO de Euskadi, recordaba que el PSOE no facilitó el camino, pero la movilización sindical y de las asociaciones de víctimas consiguieron revertir la situación. Queda por ver cómo se determinarán las cuantías a indemnizar.
Correos, Amazon, la industria
La empresa pública más grande, Correos, ha mantenido su proceso de amazonización, mientras los sindicatos siguen convocando huelgas en periodos clave, como el Black Friday y Navidades, que coincidieron también con las convocadas por los trabajadores de Amazon.
Pero sin duda las huelgas sectoriales más grandes este año han tenido lugar en dos sectores: transportes e industria. De una parte, la derecha supo capitalizar el descontento de los transportistas con el aumento del gasoil, un sector que hace tiempo dejó de ser su propio jefe para pasar a ser un sub-subcontratado. En la industria, 20.000 trabajadores de Cantabria reivindicaron en verano un convenio colectivo justo y, este otoño, 50.000 en Bizkaia, que aún no ha terminado la negociación.
Represión y siniestralidad
Y de los conflictos más importantes de años anteriores, en 2022 han llegado los procesos judiciales de Tubacex, en la que varias personas han sido juzgadas por presuntos delitos de lesiones, desobediencia a la autoridad y desórdenes, casos de los que fueron absueltos y que los afectados calificaron como montajes policiales.
Las seis condenadas por concentrarse delante de la pastelería La Suiza de Gijón, militantes de CNT, no han tenido la misma suerte. Una gran manifestación en Madrid las arropó el 24 de septiembre.
Y un año termina y con él se cierran las estadísticas más lúgubres. Los datos tardan unos meses en llegar. En 2022 conocimos los definitivos de 2021: 705 personas. La falta de prevención de riesgos laborales o el hecho de anteponer la productividad a la seguridad condicionan las muertes, pero también se vinculan a este índice la alta temporalidad, la externalización, la rotación y la inexperiencia, características que pueden explicar que sea entre los jóvenes trabajadores donde mayor incidencia de accidentes laborales se concentra. A este año se le añadieron los peligros que supone una ola de calor como la sufrida en verano.
El debate sobre si hacer 1, 2, 3 Dias un mes, o, porque no, huelga indefinida hasta la consecución de todos los puntos de la tabla reivindicativa, no es tan importante como el de la cantidad de trabajadores que la secundan. Qué pasaría si se hubiera convocado una huelga indefinida a nivel estatal y la apoyaran solo un 30% de la plantilla: La empresa se lo tomaría como un pulso y no cedería. A partir de la semana ese 30% iría bajando hasta quedarnos con “el culo al aire” y perderíamos el “órdago”. Sin una unidad de acción lo mas amplia posible no podemos embarcarnos en una aventura larga o indefinida. Por eso las cosas hay que hacerlas bien. Mañana hay convocada una asamblea en la que debatir libremente, fuera de la presión del centro de trabajo, sobre todo esto que hablamos en el grupo y al final consensuar una postura como asamblea y comunicables a los centros de trabajo de la provincia. La asamblea esta abierta y no hay nada decidido de antemano. Ni siquiera se ha establecido qué los resultados de las votaciones sean vinculantes para los participantes en la asamblea. Lo único que se pide es un mínimo de interés yparticipación. En la anterior asamblea solo participamos 12 trabajadores y a pesar de la decepción inicial fuimos capaces de pensar en positivo, llegar a unos acuerdos y organizar concentración y manifestación en la que 55 personas hicimos visble en la calle nuestro hartazgo por la degradación de nuestras condiciones de trabajo.
ANIMA ZAITEZ!!! BATASUNAK INDARRA EGITEN DU ETA ERAKUTSIKO DUGU!!!!
Amazon lleva años recibiendo duras críticas sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, sobre todo en EE UU, donde el gigante del comercio electrónico ha sido acusado en reiteradas ocasiones de frenar la movilización sindical. Esta semana, la compañía invitó a varios medios de comunicación, entre ellos CincoDías, a visitar su mayor centro logístico en España, situado en el Prat de Llobregat (Barcelona), donde ese día se preparaban 25.000 pedidos por hora (aunque pueden llegarse a los 60.000 en épocas como la Navidad). ¿El objetivo? dar a conocer más detalles sobre la situación laboral de sus trabajadores. La compañía emplea a 18.000 personas en España, 14.000 dedicadas a operaciones logísticas.
En el centro, de 63.000 m2 repartidos en tres plantas, más de 3.000 empleados trabajan codo con codo con 6.000 robots. El ritmo es frenético, pues como explicó Marc Zenon, senior manager de Recursos Humanos de algunos centros de Amazon, entre el clic con el que un cliente de la compañía hace su compra y el momento en que el paquete sale de la nave logística no deben pasar más de dos horas.
En la planta de El Prat se reciben y almacenan los productos de los fabricantes y se preparan para su posterior envío a otros centros para la entrega al cliente. Los robots transportan las estanterías (hay 53.000 en el centro) donde se almacenan los artículos. Soportan pesos de 1.500 kilos y se desplazan a buena velocidad por la nave leyendo códigos QR con sus cámaras para saber a dónde tienen que ir y no chocar unos con otros. En el momento de la visita, estaban activos 700 robots activos, que eran supervisados por cuatro empleados.
Los humanos tampoco se quedan atrás: son los encargados de cargan y descargan esas estanterías que les acercan los robots, y de empaquetar envíos. Los trabajadores cargan cajas de hasta 15 kilos. Aunque se les preguntó, los responsables de Amazon no ofrecieron datos sobre accidentalidad o absentismo vinculados a enfermedades profesionales. Zenon dijo que para evitar lesiones los empleados van cambiando de función, incluso en un mismo día. Pero Ana Berceruelo, secretaria general de la FSC CC OO Madrid del sector de logística, asegura que muchas de las tareas que hacen estos trabajadores “conllevan movimientos repetitivos que ocasionan a menudo problemas. Accidentes apenas hay, pero sí muchas bajas por lumbalgias, por el codo, por las rodillas o las muñecas”.
La directora de Relaciones laborales de Amazon en España, Alejandra Rodriguez, destacó que en los centros de operaciones de Amazon no existe un convenio de empresa. “Se toma como base el sectorial provincial de logística, pero siempre pagamos por encima de ellos, lo que permite que en ciudades como Madrid y Barcelona los salarios de partida se sitúen en los 1.700 euros brutos mensuales”. La directiva también aseguró cuando se le preguntó sobre si miden la productividad de los trabajadores (controlando, por ejemplo, cuanto tardan en almacenar o empaquetar un producto), que en Amazon los trabajadores no tienen un salario variable asociado a objetivos.
Los empleados no tienen un salario variable asociado a objetivos
“No miramos el desempeño por empleado. Los trabajadores no tienen presión para alcanzar una productividad e ir más rápido o sacar más producto. Hay plus variable por trabajar en fin de semana o de noche, pero no hay un plus por productividad”, remarcó, pese a que hay cronómetros en algunos puestos de trabajo que indican cuánto tarda el empleado en colocar un objeto donde corresponde. Según los responsables de Amazon, esa información no se utiliza para premiar o castigar a la plantilla.
Sobre estos dos últimos puntos Berceruelo da otra versión. “No es cierto que paguen por encima de los convenios provinciales. En Madrid, el salario para un mozo especialista recién entrado y sin antigüedad es de 21.000 euros anuales. Solo pagan un salario superior en las zonas donde es difícil encontrar trabajadores, como ocurre en el centro de Illescas, en Toledo. También en San Fernando de Henares (Madrid) pagan más a los trabajadores antiguos porque venían de tener un convenio propio de empresa antes de pasarles al de logística y hubo huelgas de por medio”. La divergencia está en que Amazon asegura ofrecer el salario que indica en 14 pagas.
Las estanterías donde se almacenan los artículos son desplazadas por un ejército de robots..
Respecto al control de los trabajadores, la representante de CC OO asegura que “la empresa sí tiene sistemas para medir el ritmo al que trabajan sus empleados. “Muchos llevan una PDA que les va diciendo dónde tienen que ir a por los productos y qué artículos deben coger, y la empresa es la que establece cuánto deben tardar en ese proceso. Si fijan que debe durar 30 segundos y se pasan les empieza a pitar. Al trabajador que no logra los objetivos lo echan, argumentando baja productividad. Esa es la realidad”, dice.
A lo largo del centro de Barcelona hay varias zonas con pantallas donde se va analizando el rendimiento de la planta. Según la compañía, desde ahí también se detecta si hay algún tipo de incidente que esté impidiendo llevar a cabo la carga de trabajo preestablecida.
Un punto en el que sí se ponen de acuerdo la empresa y CC OO es en que Amazon ha rebajado el empleo temporal y ha subido los fijos discontinuos. Berceruelo lo aplaude, pero apunta que no ha sido por voluntad propia de la compañía sino por el resultado de las denuncias ante la Inspección de Trabajo contra la compañía, "por exceder la temporalidad que marcan los convenios", y también a la nueva reforma laboral, que marca límites más exigente en ese sentido.
La compañía asegura que no mira el "desempeño por empleado", pero CC OO lo niega
Respecto a la sindicalización, Rodríguez remarcó la buena relación que tienen con los sindicatos. Aseguró que el número de representantes sindicales es de 195 y que de los 40 centros de operaciones que tienen en el país 15 cuentan con comité de empresa; entre ellos, seis de los 9 centros logísticos de primera milla, que son los que dan empleo a más trabajadores.
Según los cálculos de la compañía, más del 75% de los trabajadores de sus centros de operaciones en España cuentan con representación sindical. Los responsables de Amazon aclararon que por ley los centros no pueden promover elecciones sindicales si no tienen más de seis meses y que las estaciones logísticas están menos sindicalizadas porque tienen mucho menos personal.
Alejandra Rodriguez explicó que en último año se celebraron 12 elecciones sindicales, que englobaron sobre todo nuevos comités de empresa, pero también nuevos delegados sindicales. Y puso como ejemplo de la colaboración que mantienen con los sindicatos la votación para renovar un acuerdo con el comité del centro de Barcelona para poder trabajar en fin de semana. Se aprobó con un 80% de participación y un 78,8% de votos a favor. Se ratificó con el compromiso de que la empresa pague 45 euros por cada sábado o domingo trabajado, además de dar un día festivo entre semana.
Un trabajador coloca cajas con productos. M. J.
Los directivos recordaron que el año pasado la compañía se comprometió a alcanzar los 25.000 empleos en 2025, y detallaron que en la actualidad el 38% de su plantilla es menor de 30 años, el porcentaje de mujeres se sitúa en el 36% y los trabajadores proceden de 100 países distintos (65 en el caso de El Prat, donde la nacionalidad más representada es la española y, la segunda, la venezolana). Más de 1.000 empleados están enfocados a la parte de TI y a ingeniería, y más de 150 personas trabajan en puestos relacionados con la seguridad y la salud laboral.
Según Marc Zenon, la robotización de los centros "no solo ayuda a ser más ágil, sino que hace que los puestos de trabajo sean más seguros". No cree que los robots afecte a la empleabilidad, pues como destacó "el único de los grandes centros logísticos de Amazon en España sin robotizar es el de San Fernando de Henares y tiene 2.500 trabajadores, menos que aquí". El directivo admitió, no obstante, que no han hecho el cálculo de cuántos trabajadores de carne y hueso necesitarían en el centro de El Prat si no tuviera robots.
Respecto a la obligación de revelar los algoritmos para la organización del trabajo, que estableció la llamada 'ley riders', Rodríguez aclaró que han tenido varias peticiones y que se ha compartido toda la información sobre cómo toman las decisiones de contratación, de rotación o de promoción con los sindicatos. "Es algo que ya hacíamos antes de la ley. Además, hay mucha leyenda sobre inteligencia artificial, pero las decisiones sobre impacto en el empleo las siguen tomando los managers teniendo en cuenta los ratios de calidad y seguridad".
El método Amazon para sortear la ley rider: millones de paquetes repartidos, ningún repartidor contratado
Un repartidor pasa frente a una furgoneta con el logo de Amazon. EFE
Seguir al autor/a
Amazon no oculta que no quiere contratar ningún repartidor para su división de comercio electrónico. “Nuestro campo es la gestión de centros logísticos, no el reparto”, explican fuentes de la multinacional. Su negocio está en los algoritmos, que gestionan la compra y distribuyen millones de paquetes por todo el mundo calculando la ruta más eficientes entre proveedor y cliente. Fichar a las miles de personas necesarias para entregar sus envíos es un bache en esa estrategia, ya que sus costes laborales lastran los beneficios.
Para sortear ese obstáculo Amazon se apoyó primero en las grandes paqueteras españolas, que pronto le dieron la espalda por el estrecho margen de beneficio que dejaba trabajar para ella. Desde entonces el gigante del comercio electrónico recurre a socios más pequeños, como Tipsa o OTL, pero no son suficientes. Para compensarlo, en 2017 trató de montar en España su propio Glovo de repartidores: autónomos que fueran con su coche particular a sus centros logísticos, cargaran unos cuantos paquetes y los repartieran guiados por su aplicación.
La multinacional llamó a este servicio Amazon Flex y lo pagaba a 14 euros la hora, con los que los conductores tenían que asumir la tarifa de autónomo, el combustible, el aparcamiento y cualquier otro gasto derivado de la actividad. Los laboralistas cuestionaron este modelo de “falsos autónomos” desde el principio y cuando el Gobierno anunció que trabajaba en la ley rider, Amazon supo que Flex estaba tocado de muerte. La norma obliga a contratar a los repartidores que trabajan a través de una plataforma digital, así que retiró Flex y lanzó un programa para que los contratara otro.
Ese otro son los DSP (Socio de Servicio de Entrega, por sus siglas en inglés), personas dispuestas a poner 30.000 euros, contratar a los repartidores y que Amazon haga el resto a cambio de un beneficio potencial anual de entre 50.000 y 100.000 euros. Se trata de empresas creadas ad hoc para repartir los paquetes de Amazon y en las que los repartidores llevan un uniforme de Amazon, conducen furgonetas con el logo de Amazon, utilizan la aplicación de reparto de Amazon y son gestionados con un sistema informático proporcionado por Amazon. Pero no son trabajadores de Amazon.
La multinacional asegura que no sabe cuántos trabajadores emplean estos DSP, pero reconoce que tiene más de 100 en toda España. Según las cifras de negocio mínimo y máximo que promociona en su web, esto equivale a que tiene entre 3.000 y 7.000 repartidores trabajando para ella a través de estos vehículos de contratación. Se encargan de entregar aproximadamente un 50% de todos los paquetes que distribuye en España, según explican.
Controlados por Amazon
Todos los repartidores contactados por elDiario.es expresan que es la multinacional quien gestiona su trabajo. Aseguran que esta diseña cada paso de las rutas que deben seguir y vigila su actuación durante todo el trayecto. En base a esos datos, puntúa su productividad con algoritmos y señala a los que mejor y peor rinden. Cuando un trabajador se coloca repetidamente en la parte de abajo de la escala, Amazon pide a sus subcontratas que lo aparten del servicio con ella, según denuncian. Como son empresas creadas para trabajar para Amazon y la mayoría no tienen otros clientes, esto supone el despido inmediato.
“Lo que te dicen es que según los datos que les da Amazon, tú no estás cumpliendo ciertas métricas y que no estás haciendo bien tu trabajo. Al final estás en manos de Amazon”, explica un repartidor, que pide no ser identificado. Es portavoz de la Asociación de Drivers de Amazon España (ADAE), que los repartidores están organizando para pelear por sus derechos a nivel nacional. Su reto es superar la gran atomización de estas empresas, que suelen tener entre 30 y 70 conductores y están repartidas por todo el territorio nacional.
Mensaje a sus trabajadores de una de las empresas contratadas por Amazon para el reparto de sus paquetes, en el que se especifica que es la multinacional quien se encarga de preparar las rutas.
“Creemos que con la nueva ley [la ley rider] están obligados a darnos la información necesaria para que sepamos cómo se nos controla el tiempo de trabajo, porque estamos monitorizados el 100% de nuestra jornada laboral. Nosotros no tenemos acceso en ningún momento a los programas, ni a cuáles son las métricas, ni cuáles son las exigencias que se hacen al trabajador”, denuncian.
Además de tecnología propia, Amazon también impone a los repartidores el uso de algoritmos de terceros. El principal ejemplo es Mentor, una app desarrollada por otra compañía que registra de forma constante diversos parámetros de la conducción como velocidad media, frenazos, giros bruscos o manipulación del teléfono en la carretera. “Si frenas porque el de delante frena y el sistema detecta que has sido demasiado brusco, la incidencia te la registra igual”, protesta otro conductor. Las métricas de Mentor se añaden a la puntuación que cada trabajador.
Un mensaje de otro DSP a sus repartidores, donde se especifica que Amazon utiliza los datos que obtiene a través de Mentor para evaluar a los conductores y las empresas.
Amazon niega “categóricamente” que evalúe a los repartidores con su tecnología e influya en su continuidad en las empresas. “Son las empresas de reparto y mensajería las que gestionan a sus propios empleados y quienes adoptan las decisiones de empresa más apropiadas en su organización, incluyendo las condiciones de trabajo y gestión del rendimiento”, defiende.
La compañía estadounidense asegura que las encargadas de diseñar las rutas de reparto son esas empresas y que opta por este modelo porque “no tiene experiencia gestionando entregas de última milla”, que son las que van desde el último almacén por el que pasa el paquete hasta las manos del cliente. “Por eso se lo encargamos a socios especializados”, añaden representantes de la multinacional en una reunión con elDiario.es en uno de sus centros logísticos.
No tenemos experiencia en la gestión de entregas de última milla, por eso se lo encargamos a socios especializados
Esos “socios especializados” son los DSP, que se crean cuando Amazon les adjudica una zona de reparto específica, momento en el que contratan a los repartidores necesarios para abastecerla, compran las furgonetas y los ponen a trabajar. La multinacional puso en contacto a un propietario de estas DSP con este medio, que explicó que tenía “algo de experiencia” en el sector logístico adquirida en su etapa como empresario en Venezuela.
La clave del modelo, asegura la multinacional, es que nada impide a estas nuevas organizaciones buscar otras vías de ingreso y tratar de rentabilizar la inversión inicial como puedan, puesto que no tienen contrato de exclusividad. Eso sí, ampliar la actividad requiere necesariamente aumentar la inversión, puesto que los DSP no pueden utilizar las furgonetas con los logos de Amazon ni sus uniformes para otros negocios. Tampoco su tecnología, vital en la gestión del trabajo de estas empresas.
Además, Amazon asegura que no tiene “ningún contacto” sobre los trabajadores, no los controla y no conoce su identidad. “Amazon gestiona centros logísticos. Una vez que los paquetes pasan a la carretera nosotros ya no sabemos nada sobre ellos hasta que los DSP nos dicen que ya está entregado, o si ha habido alguna incidencia, como que se haya roto. En carretera puede pasar de todo y nosotros no tenemos experiencia gestionando esos problemas. No sabemos qué hacer si el cliente no está en casa”, exponen fuentes de la multinacional. También niega que tenga acceso a los datos que Mentor recoge sobre la conducción de los repartidores.
El propietario de DSP al que la multinacional puso en contacto con este medio confirma esta serie de puntos. No obstante, diversa documentación y comunicaciones internas a las que ha tenido acceso este medio prueban las denuncias de los trabajadores y atestiguan que Amazon planifica sus rutas, conoce su ubicación en todo momento, sigue el proceso de entrega, lo evalúa y los clasifica según sus métricas.
Extracto de la política de privacidad que deben firmar los repartidores que trabajan en las empresas contratadas por Amazon.
Una de las pruebas en este sentido es el anexo sobre protección de datos que deben rubricar los repartidores a la firma de su contrato. Este documento indica que desde el momento en el que el repartidor abre la aplicación de reparto, antes de recoger los paquetes que debe distribuir ese día, Amazon “recoge y procesa sus datos de geolocalización”. Se unen a su nombre, número de teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, permiso de conducir y fotografía de identificación.
“Tratamos su información personal para coordinar, gestionar y auditar la prestación de los Servicios por parte de su DSP”, informa la multinacional en la política de privacidad para repartidores. “Esto incluye la planificación de rutas de entrega, la prestación de asistencia en la entrega, el seguimiento del progreso de la entrega y la evaluación del cumplimiento de su DSP con las políticas y niveles de servicio de Amazon”.
En el documento, la multinacional explica que también puede tener acceso a los datos sobre su conducción, a pesar de que sus representantes aseguran a este medio que no tienen manera de hacerlo. “Podemos recoger o recibir datos de seguridad vial, incluidos datos telemáticos como la ubicación del vehículo, la velocidad, el frenado brusco, las curvas o la aceleración recogidas por la tecnología de reparto de Amazon”.
Con esta información la compañía diseña rankings personalizados que suministra a los DSP y que estos luego transmiten a los trabajadores. Así lo prueba una de esas clasificaciones de repartidores, a las que ha tenido acceso este medio. Los escalones son “Fantastic-Plus”, “Fantastic”, “Great” (genial) y “Fair” (justo).
Ranking de los repartidores de una de las empresas contratadas por Amazon.
Si un repartidor se niega a que Amazon recopile esos datos, como por ejemplo denegando el permiso para que su app rastree su ubicación en todo momento, esto “puede implicar que ya no pueda prestar los servicios”, avisa la multinacional en la política de privacidad.
“Cesión ilegal de trabajadores”
Hasta qué punto controla Amazon el trabajo de los repartidores es un aspecto clave a nivel legal. La ley rider dispuso que las tecnológicas “que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital” deben contratar a esos trabajadores. En el caso de Amazon, repartidores y sindicatos denuncian que la empresa estaría infringiendo la ley, ya que no es ella quien los ha contratado.
“Desde nuestro punto de vista es una cesión ilegal de trabajadores en toda regla”, afirma Rubén Ranz, coordinador de Tu Respuesta Sindical de UGT. “El elemento fundamental para que exista esta cesión es que alguien externo, desde una aplicación, les está organizando todo el trabajo. Pero no solo les organiza sino que lo evalúa, lo puntúa y en caso de que no llegue a los niveles que ese tercer actor considera, les pueden despedir”, continúa.
Almacén de Amazon en Alcalá de Henares. EFE
El sindicato ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo en varias comunidades. Ya han empezado a llegar las primeras resoluciones, que han declarado que existe una cesión ilegal. En Catalunya, los inspectores de trabajo sancionaron con 817.000 euros al gigante del comercio online, y 360.000 a las empresas de reparto Ahora Vengo, Instapack, Nopar y One Motion al detectar que hasta 350 trabajadores de estas cuatro compañías trabajaban en realidad para el gigante de comercio electrónico.
“Ha habido unas inspecciones que lo han considerado así y otras que no, por lo que ha entrado en un proceso de judicialización”, apunta Ranz. “La realidad es que todo lo que se ha venido a llamar 'la última milla' es el nuevo escenario generado después de los riders. Es muy similar, con las mismas herramientas digitales y problemas muy parecidos”, apunta en conversación con este medio.
Atomizar el empleo
Los especialistas ya han comenzado a estudiar cómo algunas tecnológicas han utilizado las subcontrataciones para evitar las contrataciones que estipula la ley rider.
“En primer lugar, las plataformas, gracias a la gestión algorítmica y a los sistemas de reputación digital de los trabajadores, pretendieron descentralizar la producción de los servicios que venden a través de la contratación de trabajadores autónomos. Frustrada esta primera estrategia, las empresas siguen buscando ejercer un poder mercantil sobre los trabajadores ahora estableciendo contratos mercantiles con empresas que proveen la mano de obra”, explica un estudio sobre esta práctica publicado en la Revista de Derecho Social.
El texto, firmado por los profesores de Derecho del Trabajo Amparo Esteve-Segarra y Adrián Todolí Signes, explica que esta practica descarga a las tecnológicas de la gestión laboral y la seguridad social de los trabajadores. También “permite un ajuste al minuto a las necesidades tanto de las empresas de plataformas, como de los clientes, pero cargando los tiempos muertos a las empresas proveedoras, e indirectamente, a las personas trabajadoras de éstas”.
Los beneficios no se quedan ahí, ya que la subcontratación acumula incentivos fiscales: “Los servicios realizados por las empresas se facturan y ello acarrea multitud de ventajas fiscales”. Uno de los ejemplos que utilizan para explicarla es Amazon y sus DSP.
La externalización es gasolina para la temporalidad, la precariedad laboral y la falta de posibilidades de una acción colectiva efectiva
Amparo Esteve-Segarra y Adrián Todolí Signes— profesores de Derecho del Trabajo en la Universitat de València
La práctica permite a las tecnológicas mantener sus beneficios, pero es lesiva para los trabajadores. “La externalización es gasolina para la temporalidad, la precariedad laboral y la falta de posibilidades de una acción colectiva efectiva”, exponen. ADAE, la asociación de repartidores de Amazon de varias autonomías, está intentando agruparlos y poner en común sus problemas.
Una de sus reivindicaciones es que se les contrate bajo el convenio laboral de reparto de mercancías por carretera en vez del de mensajería. “Nos tienen en el mismo convenio que si estuviéramos dejando publicidad por los buzones”, protesta un portavoz de la asociación. La diferencia entre uno y otro es de unos 500 euros al mes menos para los trabajadores, “pero también pagar menos por nosotros a la seguridad social”.
Una sentencia pionera en Asturias dio la razón en abril a un trabajador que denunció a un DSP de Amazon por no utilizar el convenio adecuado, como informó el medio local Nortes. Los más de 30 compañeros que reparten en su empresa se podrán beneficiar del fallo, pero no los miles de repartidores de Amazon que se encuentran en la misma situación en toda España.
Por Ricardo Mallada, Secretario General de CGT Correos
Correos, la empresa pública postal, ha vuelto a saltar a los titulares en las últimas semanas. El nombre de Correos fue el eje de uno de los momentos más comentados del último Congreso Extraordinario del Partido Popular. Fue en el discurso de nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, en el que hacía gala de su brillante gestión durante su paso por la presidencia de Correos. Poco importa lo que opinemos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que hemos visto cómo gracias a Feijoo y a los que le siguieron, Correos, la mayor empresa pública de España, se encuentra en la situación lamentable en la que está.
Correos, la empresa pública postal, ha vuelto a saltar a los titulares en las últimas semanas. El nombre de Correos fue el eje de uno de los momentos más comentados del último Congreso Extraordinario del Partido Popular. Fue en el discurso de nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, en el que hacía gala de su brillante gestión durante su paso por la presidencia de Correos. Poco importa lo que opinemos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que hemos visto cómo gracias a Feijoo y a los que le siguieron, Correos, la mayor empresa pública de España, se encuentra en la situación lamentable en la que está.
Correos ha llegado a una situación límite. La plantilla se ha reducido de 67.000 trabajadores en 2008 a menos de 50.000 en 2020. Las convocatorias de consolidación de empleo que se han anunciado a bombo y platillo en los últimos años, no han conseguido frenar la sangría de destrucción de empleo, pues éstas ni siquiera han llegado a cubrir las bajas por jubilación. Esto es, en parte, origen del grave retroceso en las condiciones laborales que venimos sufriéndola plantilla postal; presiones de las jefaturas, aumento de las zonas de reparto, sobrecargas de trabajo, denegación constante de permisos y trabas en la adjudicación de las vacaciones. Todo esto, unido a la situación incierta que percibimos ha derivado en el deterioro constante del ambiente laboral.
Averiguar cómo hemos llegado a esta situación crítica simplemente requiere de buena memoria. A principios de 2000 Alberto Núñez Feijóo fue designado presidente de Correos. Según él mismo relataba en el reciente Congreso Extraordinario de Sevilla del Partido Popular, se presentó en su despacho Regino Martín, por aquel entonces Secretario General de CCOO de Correos, y le propuso un pacto para transformar el operador postal, hasta ese momento Organismo Autónomo perteneciente a la Administración Pública, en una Sociedad Anónima que trabajara como una empresa mercantil privada, cuyo personal funcionario resultase a extinguir, y donde el nuevo personal sería laboral y se introducirían los salarios variables y con complementos de productividad.
A cambio de facilitar este hachazo a las condiciones de los trabajadores, CCOO y UGT conseguían una cuota de poder que les garantizaba cierta preeminencia en las decisiones y en las elecciones de la empresa. Gracias a este juego en las altas esferas -y a la permisividad de los trabajadores, que seguimos votando mayoritariamente a estos sindicatos-, hemos venido sufriendo una serie de agresiones, cada vez de mayor nivel, primero eliminando la fijeza en el puesto, luego permitiendo la flexibilización de nuestras condiciones de trabajo, etc.
Mientras tanto la razón de ser de Correos, el Servicio Postal Universal, es el gran damnificado. Hemos pasado de tener un servicio postal que suscitaba la aprobación mayoritaria por parte de la ciudadanía con una de las mayores aprobaciones por parte de la ciudadanía a incumplir reiteradamente las condiciones del servicio público, como así recogen los dictámenes de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia), cuyos estudios reflejan un incremento exponencial en el número de reclamaciones año tras año, sin contar las que no se tramitan por escrito y que no pasan de ser quejas en el mostrador de la oficina de Correos.
Ahora asistimos a la convocatoria de una huelga general en Correos por parte de los dos sindicatos cómplices del desguace de las condiciones laborales de la plantilla y del Servicio Público. Parece que con la entrada de la nueva dirección, encabezada por Juan Manuel Serrano (hombre de confianza del actual presidente del gobierno) se acabó el amor, como reza la canción. El fin de este idilio viene precedido por el cese de numerosos cargos directivos afines a esas organizaciones sindicales a través de los que controlaban cuantiosos resortes y recursos de la empresa pública.
Leemos los comunicados de estas organizaciones y asistimos atónitos a un enfrentamiento personal con el presidente de Correos. Como si cambiar a Serrano por otro presidente fuese a solucionar el problema.
Desde CGT entendemos que el problema no es sólo el actor, sino el guión; un guión dramático que versa sobre cómo colapsar un servicio público y de calidad en 20 años; sobre cómo hundir la mayor empresa pública de este país.
Pero no podemos atribuirle ese mérito al actual presidente. Desde luego, no sólo a él.
Desde CGT entendemos que debe darse un giro radical en este guión para tratar de cambiar la realidad postal. Ahora que la ciudadanía exige unos servicios públicos dignos en todo el territorio nacional, Correos debe prestarlos. Se están escuchando constantemente las reivindicaciones de la España vaciada; contar con los pueblos, evitar la deslocalización. CGT ha propuesto numerosas veces la creación de una Banca Pública Postal, accesible en todo el país y para todos los usuarios, teniendo en cuenta que en más del 54% de los municipios de España no existe oficina bancaria. Y no sería una rareza en Europa, donde tenemos el ejemplo de Italia o Portugal. Podríamos seguir con numerosos servicios a prestar por Correos como por ejemplo ser el vínculo de transmisión con la Administración, evitando con ello el desplazamiento al Ayuntamiento u oficina correspondiente, lo que sería una ayuda clara para las personas mayores o con dificultad de desplazamiento.
En suma, Correos está en una delicada situación, en un punto del camino en que puede despeñarse y acabar convertida en una empresa de paquetería al uso sin ningún tipo de interés como servicio a la ciudadanía o, como apostamos desde CGT, tomar un nuevo rumbo con la inclusión de funciones que perpetúen la vocación de servicio público por la que los carteros y carteras seguimos esforzándonos día tras día.
