El debate sobre si hacer 1, 2, 3 Dias un mes, o, porque no, huelga indefinida hasta la consecución de todos los puntos de la tabla reivindicativa, no es tan importante como el de la cantidad de trabajadores que la secundan. Qué pasaría si se hubiera convocado una huelga indefinida a nivel estatal y la apoyaran solo un 30% de la plantilla: La empresa se lo tomaría como un pulso y no cedería. A partir de la semana ese 30% iría bajando hasta quedarnos con “el culo al aire” y perderíamos el “órdago”. Sin una unidad de acción lo mas amplia posible no podemos embarcarnos en una aventura larga o indefinida. Por eso las cosas hay que hacerlas bien. Mañana hay convocada una asamblea en la que debatir libremente, fuera de la presión del centro de trabajo, sobre todo esto que hablamos en el grupo y al final consensuar una postura como asamblea y comunicables a los centros de trabajo de la provincia. La asamblea esta abierta y no hay nada decidido de antemano. Ni siquiera se ha establecido qué los resultados de las votaciones sean vinculantes para los participantes en la asamblea. Lo único que se pide es un mínimo de interés yparticipación. En la anterior asamblea solo participamos 12 trabajadores y a pesar de la decepción inicial fuimos capaces de pensar en positivo, llegar a unos acuerdos y organizar concentración y manifestación en la que 55 personas hicimos visble en la calle nuestro hartazgo por la degradación de nuestras condiciones de trabajo.
ANIMA ZAITEZ!!! BATASUNAK INDARRA EGITEN DU ETA ERAKUTSIKO DUGU!!!!
Amazon lleva años recibiendo duras críticas sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, sobre todo en EE UU, donde el gigante del comercio electrónico ha sido acusado en reiteradas ocasiones de frenar la movilización sindical. Esta semana, la compañía invitó a varios medios de comunicación, entre ellos CincoDías, a visitar su mayor centro logístico en España, situado en el Prat de Llobregat (Barcelona), donde ese día se preparaban 25.000 pedidos por hora (aunque pueden llegarse a los 60.000 en épocas como la Navidad). ¿El objetivo? dar a conocer más detalles sobre la situación laboral de sus trabajadores. La compañía emplea a 18.000 personas en España, 14.000 dedicadas a operaciones logísticas.
En el centro, de 63.000 m2 repartidos en tres plantas, más de 3.000 empleados trabajan codo con codo con 6.000 robots. El ritmo es frenético, pues como explicó Marc Zenon, senior manager de Recursos Humanos de algunos centros de Amazon, entre el clic con el que un cliente de la compañía hace su compra y el momento en que el paquete sale de la nave logística no deben pasar más de dos horas.
En la planta de El Prat se reciben y almacenan los productos de los fabricantes y se preparan para su posterior envío a otros centros para la entrega al cliente. Los robots transportan las estanterías (hay 53.000 en el centro) donde se almacenan los artículos. Soportan pesos de 1.500 kilos y se desplazan a buena velocidad por la nave leyendo códigos QR con sus cámaras para saber a dónde tienen que ir y no chocar unos con otros. En el momento de la visita, estaban activos 700 robots activos, que eran supervisados por cuatro empleados.
Los humanos tampoco se quedan atrás: son los encargados de cargan y descargan esas estanterías que les acercan los robots, y de empaquetar envíos. Los trabajadores cargan cajas de hasta 15 kilos. Aunque se les preguntó, los responsables de Amazon no ofrecieron datos sobre accidentalidad o absentismo vinculados a enfermedades profesionales. Zenon dijo que para evitar lesiones los empleados van cambiando de función, incluso en un mismo día. Pero Ana Berceruelo, secretaria general de la FSC CC OO Madrid del sector de logística, asegura que muchas de las tareas que hacen estos trabajadores “conllevan movimientos repetitivos que ocasionan a menudo problemas. Accidentes apenas hay, pero sí muchas bajas por lumbalgias, por el codo, por las rodillas o las muñecas”.
La directora de Relaciones laborales de Amazon en España, Alejandra Rodriguez, destacó que en los centros de operaciones de Amazon no existe un convenio de empresa. “Se toma como base el sectorial provincial de logística, pero siempre pagamos por encima de ellos, lo que permite que en ciudades como Madrid y Barcelona los salarios de partida se sitúen en los 1.700 euros brutos mensuales”. La directiva también aseguró cuando se le preguntó sobre si miden la productividad de los trabajadores (controlando, por ejemplo, cuanto tardan en almacenar o empaquetar un producto), que en Amazon los trabajadores no tienen un salario variable asociado a objetivos.
Los empleados no tienen un salario variable asociado a objetivos
“No miramos el desempeño por empleado. Los trabajadores no tienen presión para alcanzar una productividad e ir más rápido o sacar más producto. Hay plus variable por trabajar en fin de semana o de noche, pero no hay un plus por productividad”, remarcó, pese a que hay cronómetros en algunos puestos de trabajo que indican cuánto tarda el empleado en colocar un objeto donde corresponde. Según los responsables de Amazon, esa información no se utiliza para premiar o castigar a la plantilla.
Sobre estos dos últimos puntos Berceruelo da otra versión. “No es cierto que paguen por encima de los convenios provinciales. En Madrid, el salario para un mozo especialista recién entrado y sin antigüedad es de 21.000 euros anuales. Solo pagan un salario superior en las zonas donde es difícil encontrar trabajadores, como ocurre en el centro de Illescas, en Toledo. También en San Fernando de Henares (Madrid) pagan más a los trabajadores antiguos porque venían de tener un convenio propio de empresa antes de pasarles al de logística y hubo huelgas de por medio”. La divergencia está en que Amazon asegura ofrecer el salario que indica en 14 pagas.
Las estanterías donde se almacenan los artículos son desplazadas por un ejército de robots..
Respecto al control de los trabajadores, la representante de CC OO asegura que “la empresa sí tiene sistemas para medir el ritmo al que trabajan sus empleados. “Muchos llevan una PDA que les va diciendo dónde tienen que ir a por los productos y qué artículos deben coger, y la empresa es la que establece cuánto deben tardar en ese proceso. Si fijan que debe durar 30 segundos y se pasan les empieza a pitar. Al trabajador que no logra los objetivos lo echan, argumentando baja productividad. Esa es la realidad”, dice.
A lo largo del centro de Barcelona hay varias zonas con pantallas donde se va analizando el rendimiento de la planta. Según la compañía, desde ahí también se detecta si hay algún tipo de incidente que esté impidiendo llevar a cabo la carga de trabajo preestablecida.
Un punto en el que sí se ponen de acuerdo la empresa y CC OO es en que Amazon ha rebajado el empleo temporal y ha subido los fijos discontinuos. Berceruelo lo aplaude, pero apunta que no ha sido por voluntad propia de la compañía sino por el resultado de las denuncias ante la Inspección de Trabajo contra la compañía, "por exceder la temporalidad que marcan los convenios", y también a la nueva reforma laboral, que marca límites más exigente en ese sentido.
La compañía asegura que no mira el "desempeño por empleado", pero CC OO lo niega
Respecto a la sindicalización, Rodríguez remarcó la buena relación que tienen con los sindicatos. Aseguró que el número de representantes sindicales es de 195 y que de los 40 centros de operaciones que tienen en el país 15 cuentan con comité de empresa; entre ellos, seis de los 9 centros logísticos de primera milla, que son los que dan empleo a más trabajadores.
Según los cálculos de la compañía, más del 75% de los trabajadores de sus centros de operaciones en España cuentan con representación sindical. Los responsables de Amazon aclararon que por ley los centros no pueden promover elecciones sindicales si no tienen más de seis meses y que las estaciones logísticas están menos sindicalizadas porque tienen mucho menos personal.
Alejandra Rodriguez explicó que en último año se celebraron 12 elecciones sindicales, que englobaron sobre todo nuevos comités de empresa, pero también nuevos delegados sindicales. Y puso como ejemplo de la colaboración que mantienen con los sindicatos la votación para renovar un acuerdo con el comité del centro de Barcelona para poder trabajar en fin de semana. Se aprobó con un 80% de participación y un 78,8% de votos a favor. Se ratificó con el compromiso de que la empresa pague 45 euros por cada sábado o domingo trabajado, además de dar un día festivo entre semana.
Un trabajador coloca cajas con productos. M. J.
Los directivos recordaron que el año pasado la compañía se comprometió a alcanzar los 25.000 empleos en 2025, y detallaron que en la actualidad el 38% de su plantilla es menor de 30 años, el porcentaje de mujeres se sitúa en el 36% y los trabajadores proceden de 100 países distintos (65 en el caso de El Prat, donde la nacionalidad más representada es la española y, la segunda, la venezolana). Más de 1.000 empleados están enfocados a la parte de TI y a ingeniería, y más de 150 personas trabajan en puestos relacionados con la seguridad y la salud laboral.
Según Marc Zenon, la robotización de los centros "no solo ayuda a ser más ágil, sino que hace que los puestos de trabajo sean más seguros". No cree que los robots afecte a la empleabilidad, pues como destacó "el único de los grandes centros logísticos de Amazon en España sin robotizar es el de San Fernando de Henares y tiene 2.500 trabajadores, menos que aquí". El directivo admitió, no obstante, que no han hecho el cálculo de cuántos trabajadores de carne y hueso necesitarían en el centro de El Prat si no tuviera robots.
Respecto a la obligación de revelar los algoritmos para la organización del trabajo, que estableció la llamada 'ley riders', Rodríguez aclaró que han tenido varias peticiones y que se ha compartido toda la información sobre cómo toman las decisiones de contratación, de rotación o de promoción con los sindicatos. "Es algo que ya hacíamos antes de la ley. Además, hay mucha leyenda sobre inteligencia artificial, pero las decisiones sobre impacto en el empleo las siguen tomando los managers teniendo en cuenta los ratios de calidad y seguridad".
El método Amazon para sortear la ley rider: millones de paquetes repartidos, ningún repartidor contratado
Un repartidor pasa frente a una furgoneta con el logo de Amazon. EFE
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Amazon no oculta que no quiere contratar ningún repartidor para su división de comercio electrónico. “Nuestro campo es la gestión de centros logísticos, no el reparto”, explican fuentes de la multinacional. Su negocio está en los algoritmos, que gestionan la compra y distribuyen millones de paquetes por todo el mundo calculando la ruta más eficientes entre proveedor y cliente. Fichar a las miles de personas necesarias para entregar sus envíos es un bache en esa estrategia, ya que sus costes laborales lastran los beneficios.
Para sortear ese obstáculo Amazon se apoyó primero en las grandes paqueteras españolas, que pronto le dieron la espalda por el estrecho margen de beneficio que dejaba trabajar para ella. Desde entonces el gigante del comercio electrónico recurre a socios más pequeños, como Tipsa o OTL, pero no son suficientes. Para compensarlo, en 2017 trató de montar en España su propio Glovo de repartidores: autónomos que fueran con su coche particular a sus centros logísticos, cargaran unos cuantos paquetes y los repartieran guiados por su aplicación.
La multinacional llamó a este servicio Amazon Flex y lo pagaba a 14 euros la hora, con los que los conductores tenían que asumir la tarifa de autónomo, el combustible, el aparcamiento y cualquier otro gasto derivado de la actividad. Los laboralistas cuestionaron este modelo de “falsos autónomos” desde el principio y cuando el Gobierno anunció que trabajaba en la ley rider, Amazon supo que Flex estaba tocado de muerte. La norma obliga a contratar a los repartidores que trabajan a través de una plataforma digital, así que retiró Flex y lanzó un programa para que los contratara otro.
Ese otro son los DSP (Socio de Servicio de Entrega, por sus siglas en inglés), personas dispuestas a poner 30.000 euros, contratar a los repartidores y que Amazon haga el resto a cambio de un beneficio potencial anual de entre 50.000 y 100.000 euros. Se trata de empresas creadas ad hoc para repartir los paquetes de Amazon y en las que los repartidores llevan un uniforme de Amazon, conducen furgonetas con el logo de Amazon, utilizan la aplicación de reparto de Amazon y son gestionados con un sistema informático proporcionado por Amazon. Pero no son trabajadores de Amazon.
La multinacional asegura que no sabe cuántos trabajadores emplean estos DSP, pero reconoce que tiene más de 100 en toda España. Según las cifras de negocio mínimo y máximo que promociona en su web, esto equivale a que tiene entre 3.000 y 7.000 repartidores trabajando para ella a través de estos vehículos de contratación. Se encargan de entregar aproximadamente un 50% de todos los paquetes que distribuye en España, según explican.
Controlados por Amazon
Todos los repartidores contactados por elDiario.es expresan que es la multinacional quien gestiona su trabajo. Aseguran que esta diseña cada paso de las rutas que deben seguir y vigila su actuación durante todo el trayecto. En base a esos datos, puntúa su productividad con algoritmos y señala a los que mejor y peor rinden. Cuando un trabajador se coloca repetidamente en la parte de abajo de la escala, Amazon pide a sus subcontratas que lo aparten del servicio con ella, según denuncian. Como son empresas creadas para trabajar para Amazon y la mayoría no tienen otros clientes, esto supone el despido inmediato.
“Lo que te dicen es que según los datos que les da Amazon, tú no estás cumpliendo ciertas métricas y que no estás haciendo bien tu trabajo. Al final estás en manos de Amazon”, explica un repartidor, que pide no ser identificado. Es portavoz de la Asociación de Drivers de Amazon España (ADAE), que los repartidores están organizando para pelear por sus derechos a nivel nacional. Su reto es superar la gran atomización de estas empresas, que suelen tener entre 30 y 70 conductores y están repartidas por todo el territorio nacional.
Mensaje a sus trabajadores de una de las empresas contratadas por Amazon para el reparto de sus paquetes, en el que se especifica que es la multinacional quien se encarga de preparar las rutas.
“Creemos que con la nueva ley [la ley rider] están obligados a darnos la información necesaria para que sepamos cómo se nos controla el tiempo de trabajo, porque estamos monitorizados el 100% de nuestra jornada laboral. Nosotros no tenemos acceso en ningún momento a los programas, ni a cuáles son las métricas, ni cuáles son las exigencias que se hacen al trabajador”, denuncian.
Además de tecnología propia, Amazon también impone a los repartidores el uso de algoritmos de terceros. El principal ejemplo es Mentor, una app desarrollada por otra compañía que registra de forma constante diversos parámetros de la conducción como velocidad media, frenazos, giros bruscos o manipulación del teléfono en la carretera. “Si frenas porque el de delante frena y el sistema detecta que has sido demasiado brusco, la incidencia te la registra igual”, protesta otro conductor. Las métricas de Mentor se añaden a la puntuación que cada trabajador.
Un mensaje de otro DSP a sus repartidores, donde se especifica que Amazon utiliza los datos que obtiene a través de Mentor para evaluar a los conductores y las empresas.
Amazon niega “categóricamente” que evalúe a los repartidores con su tecnología e influya en su continuidad en las empresas. “Son las empresas de reparto y mensajería las que gestionan a sus propios empleados y quienes adoptan las decisiones de empresa más apropiadas en su organización, incluyendo las condiciones de trabajo y gestión del rendimiento”, defiende.
La compañía estadounidense asegura que las encargadas de diseñar las rutas de reparto son esas empresas y que opta por este modelo porque “no tiene experiencia gestionando entregas de última milla”, que son las que van desde el último almacén por el que pasa el paquete hasta las manos del cliente. “Por eso se lo encargamos a socios especializados”, añaden representantes de la multinacional en una reunión con elDiario.es en uno de sus centros logísticos.
No tenemos experiencia en la gestión de entregas de última milla, por eso se lo encargamos a socios especializados
Esos “socios especializados” son los DSP, que se crean cuando Amazon les adjudica una zona de reparto específica, momento en el que contratan a los repartidores necesarios para abastecerla, compran las furgonetas y los ponen a trabajar. La multinacional puso en contacto a un propietario de estas DSP con este medio, que explicó que tenía “algo de experiencia” en el sector logístico adquirida en su etapa como empresario en Venezuela.
La clave del modelo, asegura la multinacional, es que nada impide a estas nuevas organizaciones buscar otras vías de ingreso y tratar de rentabilizar la inversión inicial como puedan, puesto que no tienen contrato de exclusividad. Eso sí, ampliar la actividad requiere necesariamente aumentar la inversión, puesto que los DSP no pueden utilizar las furgonetas con los logos de Amazon ni sus uniformes para otros negocios. Tampoco su tecnología, vital en la gestión del trabajo de estas empresas.
Además, Amazon asegura que no tiene “ningún contacto” sobre los trabajadores, no los controla y no conoce su identidad. “Amazon gestiona centros logísticos. Una vez que los paquetes pasan a la carretera nosotros ya no sabemos nada sobre ellos hasta que los DSP nos dicen que ya está entregado, o si ha habido alguna incidencia, como que se haya roto. En carretera puede pasar de todo y nosotros no tenemos experiencia gestionando esos problemas. No sabemos qué hacer si el cliente no está en casa”, exponen fuentes de la multinacional. También niega que tenga acceso a los datos que Mentor recoge sobre la conducción de los repartidores.
El propietario de DSP al que la multinacional puso en contacto con este medio confirma esta serie de puntos. No obstante, diversa documentación y comunicaciones internas a las que ha tenido acceso este medio prueban las denuncias de los trabajadores y atestiguan que Amazon planifica sus rutas, conoce su ubicación en todo momento, sigue el proceso de entrega, lo evalúa y los clasifica según sus métricas.
Extracto de la política de privacidad que deben firmar los repartidores que trabajan en las empresas contratadas por Amazon.
Una de las pruebas en este sentido es el anexo sobre protección de datos que deben rubricar los repartidores a la firma de su contrato. Este documento indica que desde el momento en el que el repartidor abre la aplicación de reparto, antes de recoger los paquetes que debe distribuir ese día, Amazon “recoge y procesa sus datos de geolocalización”. Se unen a su nombre, número de teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, permiso de conducir y fotografía de identificación.
“Tratamos su información personal para coordinar, gestionar y auditar la prestación de los Servicios por parte de su DSP”, informa la multinacional en la política de privacidad para repartidores. “Esto incluye la planificación de rutas de entrega, la prestación de asistencia en la entrega, el seguimiento del progreso de la entrega y la evaluación del cumplimiento de su DSP con las políticas y niveles de servicio de Amazon”.
En el documento, la multinacional explica que también puede tener acceso a los datos sobre su conducción, a pesar de que sus representantes aseguran a este medio que no tienen manera de hacerlo. “Podemos recoger o recibir datos de seguridad vial, incluidos datos telemáticos como la ubicación del vehículo, la velocidad, el frenado brusco, las curvas o la aceleración recogidas por la tecnología de reparto de Amazon”.
Con esta información la compañía diseña rankings personalizados que suministra a los DSP y que estos luego transmiten a los trabajadores. Así lo prueba una de esas clasificaciones de repartidores, a las que ha tenido acceso este medio. Los escalones son “Fantastic-Plus”, “Fantastic”, “Great” (genial) y “Fair” (justo).
Ranking de los repartidores de una de las empresas contratadas por Amazon.
Si un repartidor se niega a que Amazon recopile esos datos, como por ejemplo denegando el permiso para que su app rastree su ubicación en todo momento, esto “puede implicar que ya no pueda prestar los servicios”, avisa la multinacional en la política de privacidad.
“Cesión ilegal de trabajadores”
Hasta qué punto controla Amazon el trabajo de los repartidores es un aspecto clave a nivel legal. La ley rider dispuso que las tecnológicas “que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital” deben contratar a esos trabajadores. En el caso de Amazon, repartidores y sindicatos denuncian que la empresa estaría infringiendo la ley, ya que no es ella quien los ha contratado.
“Desde nuestro punto de vista es una cesión ilegal de trabajadores en toda regla”, afirma Rubén Ranz, coordinador de Tu Respuesta Sindical de UGT. “El elemento fundamental para que exista esta cesión es que alguien externo, desde una aplicación, les está organizando todo el trabajo. Pero no solo les organiza sino que lo evalúa, lo puntúa y en caso de que no llegue a los niveles que ese tercer actor considera, les pueden despedir”, continúa.
Almacén de Amazon en Alcalá de Henares. EFE
El sindicato ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo en varias comunidades. Ya han empezado a llegar las primeras resoluciones, que han declarado que existe una cesión ilegal. En Catalunya, los inspectores de trabajo sancionaron con 817.000 euros al gigante del comercio online, y 360.000 a las empresas de reparto Ahora Vengo, Instapack, Nopar y One Motion al detectar que hasta 350 trabajadores de estas cuatro compañías trabajaban en realidad para el gigante de comercio electrónico.
“Ha habido unas inspecciones que lo han considerado así y otras que no, por lo que ha entrado en un proceso de judicialización”, apunta Ranz. “La realidad es que todo lo que se ha venido a llamar 'la última milla' es el nuevo escenario generado después de los riders. Es muy similar, con las mismas herramientas digitales y problemas muy parecidos”, apunta en conversación con este medio.
Atomizar el empleo
Los especialistas ya han comenzado a estudiar cómo algunas tecnológicas han utilizado las subcontrataciones para evitar las contrataciones que estipula la ley rider.
“En primer lugar, las plataformas, gracias a la gestión algorítmica y a los sistemas de reputación digital de los trabajadores, pretendieron descentralizar la producción de los servicios que venden a través de la contratación de trabajadores autónomos. Frustrada esta primera estrategia, las empresas siguen buscando ejercer un poder mercantil sobre los trabajadores ahora estableciendo contratos mercantiles con empresas que proveen la mano de obra”, explica un estudio sobre esta práctica publicado en la Revista de Derecho Social.
El texto, firmado por los profesores de Derecho del Trabajo Amparo Esteve-Segarra y Adrián Todolí Signes, explica que esta practica descarga a las tecnológicas de la gestión laboral y la seguridad social de los trabajadores. También “permite un ajuste al minuto a las necesidades tanto de las empresas de plataformas, como de los clientes, pero cargando los tiempos muertos a las empresas proveedoras, e indirectamente, a las personas trabajadoras de éstas”.
Los beneficios no se quedan ahí, ya que la subcontratación acumula incentivos fiscales: “Los servicios realizados por las empresas se facturan y ello acarrea multitud de ventajas fiscales”. Uno de los ejemplos que utilizan para explicarla es Amazon y sus DSP.
La externalización es gasolina para la temporalidad, la precariedad laboral y la falta de posibilidades de una acción colectiva efectiva
Amparo Esteve-Segarra y Adrián Todolí Signes— profesores de Derecho del Trabajo en la Universitat de València
La práctica permite a las tecnológicas mantener sus beneficios, pero es lesiva para los trabajadores. “La externalización es gasolina para la temporalidad, la precariedad laboral y la falta de posibilidades de una acción colectiva efectiva”, exponen. ADAE, la asociación de repartidores de Amazon de varias autonomías, está intentando agruparlos y poner en común sus problemas.
Una de sus reivindicaciones es que se les contrate bajo el convenio laboral de reparto de mercancías por carretera en vez del de mensajería. “Nos tienen en el mismo convenio que si estuviéramos dejando publicidad por los buzones”, protesta un portavoz de la asociación. La diferencia entre uno y otro es de unos 500 euros al mes menos para los trabajadores, “pero también pagar menos por nosotros a la seguridad social”.
Una sentencia pionera en Asturias dio la razón en abril a un trabajador que denunció a un DSP de Amazon por no utilizar el convenio adecuado, como informó el medio local Nortes. Los más de 30 compañeros que reparten en su empresa se podrán beneficiar del fallo, pero no los miles de repartidores de Amazon que se encuentran en la misma situación en toda España.
Por Ricardo Mallada, Secretario General de CGT Correos
Correos, la empresa pública postal, ha vuelto a saltar a los titulares en las últimas semanas. El nombre de Correos fue el eje de uno de los momentos más comentados del último Congreso Extraordinario del Partido Popular. Fue en el discurso de nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, en el que hacía gala de su brillante gestión durante su paso por la presidencia de Correos. Poco importa lo que opinemos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que hemos visto cómo gracias a Feijoo y a los que le siguieron, Correos, la mayor empresa pública de España, se encuentra en la situación lamentable en la que está.
Correos, la empresa pública postal, ha vuelto a saltar a los titulares en las últimas semanas. El nombre de Correos fue el eje de uno de los momentos más comentados del último Congreso Extraordinario del Partido Popular. Fue en el discurso de nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, en el que hacía gala de su brillante gestión durante su paso por la presidencia de Correos. Poco importa lo que opinemos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que hemos visto cómo gracias a Feijoo y a los que le siguieron, Correos, la mayor empresa pública de España, se encuentra en la situación lamentable en la que está.
Correos ha llegado a una situación límite. La plantilla se ha reducido de 67.000 trabajadores en 2008 a menos de 50.000 en 2020. Las convocatorias de consolidación de empleo que se han anunciado a bombo y platillo en los últimos años, no han conseguido frenar la sangría de destrucción de empleo, pues éstas ni siquiera han llegado a cubrir las bajas por jubilación. Esto es, en parte, origen del grave retroceso en las condiciones laborales que venimos sufriéndola plantilla postal; presiones de las jefaturas, aumento de las zonas de reparto, sobrecargas de trabajo, denegación constante de permisos y trabas en la adjudicación de las vacaciones. Todo esto, unido a la situación incierta que percibimos ha derivado en el deterioro constante del ambiente laboral.
Averiguar cómo hemos llegado a esta situación crítica simplemente requiere de buena memoria. A principios de 2000 Alberto Núñez Feijóo fue designado presidente de Correos. Según él mismo relataba en el reciente Congreso Extraordinario de Sevilla del Partido Popular, se presentó en su despacho Regino Martín, por aquel entonces Secretario General de CCOO de Correos, y le propuso un pacto para transformar el operador postal, hasta ese momento Organismo Autónomo perteneciente a la Administración Pública, en una Sociedad Anónima que trabajara como una empresa mercantil privada, cuyo personal funcionario resultase a extinguir, y donde el nuevo personal sería laboral y se introducirían los salarios variables y con complementos de productividad.
A cambio de facilitar este hachazo a las condiciones de los trabajadores, CCOO y UGT conseguían una cuota de poder que les garantizaba cierta preeminencia en las decisiones y en las elecciones de la empresa. Gracias a este juego en las altas esferas -y a la permisividad de los trabajadores, que seguimos votando mayoritariamente a estos sindicatos-, hemos venido sufriendo una serie de agresiones, cada vez de mayor nivel, primero eliminando la fijeza en el puesto, luego permitiendo la flexibilización de nuestras condiciones de trabajo, etc.
Mientras tanto la razón de ser de Correos, el Servicio Postal Universal, es el gran damnificado. Hemos pasado de tener un servicio postal que suscitaba la aprobación mayoritaria por parte de la ciudadanía con una de las mayores aprobaciones por parte de la ciudadanía a incumplir reiteradamente las condiciones del servicio público, como así recogen los dictámenes de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia), cuyos estudios reflejan un incremento exponencial en el número de reclamaciones año tras año, sin contar las que no se tramitan por escrito y que no pasan de ser quejas en el mostrador de la oficina de Correos.
Ahora asistimos a la convocatoria de una huelga general en Correos por parte de los dos sindicatos cómplices del desguace de las condiciones laborales de la plantilla y del Servicio Público. Parece que con la entrada de la nueva dirección, encabezada por Juan Manuel Serrano (hombre de confianza del actual presidente del gobierno) se acabó el amor, como reza la canción. El fin de este idilio viene precedido por el cese de numerosos cargos directivos afines a esas organizaciones sindicales a través de los que controlaban cuantiosos resortes y recursos de la empresa pública.
Leemos los comunicados de estas organizaciones y asistimos atónitos a un enfrentamiento personal con el presidente de Correos. Como si cambiar a Serrano por otro presidente fuese a solucionar el problema.
Desde CGT entendemos que el problema no es sólo el actor, sino el guión; un guión dramático que versa sobre cómo colapsar un servicio público y de calidad en 20 años; sobre cómo hundir la mayor empresa pública de este país.
Pero no podemos atribuirle ese mérito al actual presidente. Desde luego, no sólo a él.
Desde CGT entendemos que debe darse un giro radical en este guión para tratar de cambiar la realidad postal. Ahora que la ciudadanía exige unos servicios públicos dignos en todo el territorio nacional, Correos debe prestarlos. Se están escuchando constantemente las reivindicaciones de la España vaciada; contar con los pueblos, evitar la deslocalización. CGT ha propuesto numerosas veces la creación de una Banca Pública Postal, accesible en todo el país y para todos los usuarios, teniendo en cuenta que en más del 54% de los municipios de España no existe oficina bancaria. Y no sería una rareza en Europa, donde tenemos el ejemplo de Italia o Portugal. Podríamos seguir con numerosos servicios a prestar por Correos como por ejemplo ser el vínculo de transmisión con la Administración, evitando con ello el desplazamiento al Ayuntamiento u oficina correspondiente, lo que sería una ayuda clara para las personas mayores o con dificultad de desplazamiento.
En suma, Correos está en una delicada situación, en un punto del camino en que puede despeñarse y acabar convertida en una empresa de paquetería al uso sin ningún tipo de interés como servicio a la ciudadanía o, como apostamos desde CGT, tomar un nuevo rumbo con la inclusión de funciones que perpetúen la vocación de servicio público por la que los carteros y carteras seguimos esforzándonos día tras día.
Correos se verá las caras con Unipost en junio por una demanda de 310 millones de euros
Buzón de Correos, en una imagen de archivo. |AGENCIAS
Correos tendrá que verse las caras con los representantes de Unipost en una vista que se presume definitiva tras la demanda del operador postal presentada contra la empresa pública hace dos años. El administrador concursal de la compañía -que quebró en 2017- presentó una demanda civil culpando a la estatal de su cierre por un presunto incumplimiento de las normas de competencia.
Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la vista se producirá el próximo 14 y 15 de junio en el juzgado 7 de lo Mercantil de Barcelona, por lo que el fallo definitivo de la demanda podría conocerse durante el tercer trimestre de este año. Unipost solicita 310 millones de euros de indemnización a Correos, un verdadero palo financiero que -de confirmarse- impactaría durante en las cuentas de este año de la empresa pública.
En 2020, Unipost -fundada por la familia catalana Raventós- denunció que Correos vulneró durante quince años (desde 2004 a 2018) el marco vigente aplicable al sector postal tradicional español y que en la práctica les expulsó del mercado con maniobras, a su juicio, fuera de la legalidad.
Fundamentos de la demanda
La demanda sostiene que la agresiva estrategia de precios de Correos minó la capacidad de Unipost para llevar a cabo su negocio de forma justa y competitiva, de forma que «buscó eliminar a Unipost del mercado, perjudicando de manera irreversible la liberalización del sector postal».
Unipost sostiene que Correos mantuvo su posición dominante en el mercado con una cuota media de más del 90% en los mercados más relevantes, «mediante abusos anticompetitivos», y que ello llevó a Unipost a declararse en quiebra y a ir a liquidación. En julio de 2017 la compañía solicitó el concurso de acreedores tras acumular deudas de 50 millones de euros, registrar pérdidas desde 2011 y dejar en la calle a 2.400 personas.
La demanda, puesta en marcha por la administración concursal de Fieldfisher Jausas, reclama una indemnización de 162 millones por el negocio perdido de forma presuntamente ilegal durante quince años a causa de las prácticas anticompetitivas de Correos, o lucro cesante; y otros 135 millones por el daño emergente resultante del concurso y la liquidación de Unipost, así como otros 3,5 millones por los daños derivados de la negativa de Correos de dar acceso a la red postal.
Multa de la CNMC
En este contexto, la situación ha empeorado para Correos desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impusiese una multa de 32,6 millones de euros por ofrecer descuentos «anticompetitivos» a grandes clientes empresariales. Se refieren a clientes que remiten envíos masivos, principalmente empresas de servicios bancarios y de seguros, comercializadoras de luz, agua, gas o telefonía, así como centros comerciales o supermercados.
Según Competencia, la conducta sancionada consistía en la aplicación de un sistema de descuentos ‘exclusionarios’ que, incentivando la fidelización de los grandes clientes empresariales, habría excluido o impedido la entrada al mercado de otros competidores de Correos, al menos desde el año 2015 hasta el año 2019.
Competencia explica en su resolución que se trata de un «abuso de posición de dominio», prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el mercado de los servicios postales tradicionales. Precisamente el mismo argumento que Unipost ha esgrimido durante todo el juicio contra la empresa pública.
Asesores legales
De hecho, las fuentes consultadas indican que, hasta antes de este fallo, la posibilidad de Unipost de ganar la demanda era escasa, pero que tras la multa de la CNMC se ha conseguido el aval necesario para justificar su demanda. Si Correos pierde la demanda deberá provisionar en sus cuentas buena parte de estos 300 millones de euros, con el consiguiente perjuicio en sus resultados de este 2022, que con toda seguridad se irían nuevamente a pérdidas.
La demanda ha sido promovida por el despacho Jausas -que tiene asignada la gestión del concurso de acreedores de Unipost – y que llevan los abogados Íñigo Igartua, de Gómez Acebo & Pombo, y Juan Piqueras, de AGP Asesores. Este último tiene una larga trayectoria en litigios que vulneraban la competencia en el sector postal y de transportes y se ha especializado en luchar judicialmente contra Correos, ganándole sonadas demandas. Por su parte, Correos ha recurrido a los servicios de Garrigues.
Sin embargo, Correos y Unipost no son los únicos en discordia. Según desveló La Información, el pasado mes de mayo el juez que instruye la causa aceptó la solicitud de los representantes legales de los exdirigentes de la compañía y fundadores, Pablo Raventós y Antón Raventós personarse en el caso apelando al interés directo y legítimo en el resultado del pleito.
Familia Raventós
Una resolución amparada por el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que permite incorporarse como demandantes o demandados a nuevos actores implicados en una causa judicial siempre que el proceso aún se encuentre pendiente.
La familia Raventós es uno de los miembros de la burguesía catalana con más solera de Barcelona. Dueños de las históricas bodegas Codorniú, el negocio postal fue uno de sus más importantes ingresos hasta que quebraron en 2017. Una época en la que también coquetearon con el independentismo.
El pasado 1 de marzose realizó una asamblea en el centro de reparto de Tejería Donostia con el objeto de valorar la situación actual en correos. Si la empresa esta cumpliendo con lo prometido a la plantilla de trabajadores de todo el estado el 28 de Diciembre.
A pesar de que la empresa se comprometió, entre otras cosas a: “Interrumpir la implantación del Modelo piloto en todas Unidades de Reparto”, “devolver el mobiliario” “mantener en concepto cartero/sección” y a “negociar el modelo de carteria y convenio”, de momento y por la escasa información que nos llega se constata:
1.-La empresa sigue con el vaciado escalonado de las UR. Tanto es así que, a día de hoy, hay compañer@s en el estado que se están movilizando (paros y huelgas) porque se ven obligad@s a trabajar en el suelo (sin mesas, sin sillas, nos quieren de rodillas). En la reunión celebrada en Madrid el pasado 15 de febrero el sindicato CGT se levanto de la mesa de negociación debido a la nula intención de la empresa por negociar.
2.-Abandono del SPU en favor de la paquetería. Centros de tratamiento Automatizado de Cartas (Burgos, jundiz, Merida, Lavacoya) los están reconvirtiendo en centros “Nodales” pensados para la clasificación de la paquetería, cuyo reparto la empresa CEX , a día de hoy, esta subcontratando con otras empresas. La clasificación automatizada de las cartas, que suponían hasta hace poco el 70% de los ingresos de correos, se esta derivando a otros centros mas de alejados de sus destinos con la consiguiente pérdida de fechas y de calidad del servicio.
2.-Recargos permanentes-Consolidación de empleo insuficiente.La última consolidación de empleo, tampoco ha hecho que mejore la situación de recargos permanentes que veníamos sufriendo, ni reducido demasiado la eventualidad del 30%. Todo lo contrario, seguimos con mas recargos permanentes en todos los distritos e incluso se ha suspendido la contratación que estaba prevista.
3.-El desvío de la paquetería a la competencia desleal interna (CEX) y el abandono del reparto de cartas en favor de las “paralelas” nos hace pensar que, en breve, nos encontraremos con una nueva reestructuración. Esta falta de trabajo deliberada será la excusa para eliminar las secciones. Recordar que el principal objetivo del nuevo modelo de carterias era cargarse de un plumazo un 20% de las secciones de reparto.
4.- Movilidad total. Se está atentando contra la estabilidad que supone para el trabajad@r el estar adscrito, por concurso de méritos, a la localidad, turno, distrito y sección. Nos quieren “desarraigad@s” para y así tener “barra libre” para movernos donde quieran y ahorrarse miserablemente unos cuantos contratos. Recordar que este tipo de organización no es recomendable ni desde el punto de vista de la salud del trabajad@r, ni, mucho menos, desde el cumplimiento del servicio.
5.-Falta de información, negociación, . Este nuevo “expolio” de lo que es un servio público (CORREOS) en favor de una empresa privada (CEX) se esta realizando con “nocturnidad”, sin la preceptiva información y negociación con los representantes de los trabajador@s y engañando a la opinión pública con costosas campañas de imagen.
6.-Unidad de acción. Aunque parece ser que hay unanimidad entre todos los trabajador@s y delegad@s en cuanto a la gravedad de la situación, esta no se está traduciendo, hasta la fecha, en una unidad de acción de tod@s en defensa de los derechos de los trabajador@s y de los usuari@s del servicio público.
CONCLUSION
el acuerdo del 28 Diciembre 2021 no ha sido más que una artimaña con la que “ganar tiempo” y “parar” la movilización que se estaba fraguando en todas las provincias del estado. Nos encontramos en un momento crucial para los trabajador@s y la unidad de todos es esencial para no perder nuestros derechos laborales posibles gracias a nuestra condición de empleados públicos dentro de la empresa Estatal.
Tenemos que impedir que esta empresa publica abandone el objeto principal para el que fue creado (la prestación de un servicio público) para meterse de lleno en el negocio, altamente competitivo y precarizado de la paquetería, en el que acabaremos convertidos en Riders.
ACUERDOS
1.-Celebración de la primera Asamblea General de trabajadores de Correos en Gipuzkoa.
2.-Martes 29 Marzo 2022 a las 17:30 Casa de Cultura de Eguia (Baztan Hiribidea 21 20012 Donostia, aforo máximo 20 personas) reunión con representación de centros de trabajo de la provincia con el objeto de preparar los contenidos a debatir y votar en la Asamblea General.
El centro de tratamiento de Correos de Lavacolla en Santiago XOÁN A. SOLER
Los sindicatos hablan de «desguace» del centro de tratamiento de Lavacolla en Santiago
04 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.
«Una carta de Padrón a Santiago se trabajaba hasta el momento en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Correos en Lavacolla, y al día siguiente estaba en Santiago lista para el reparto. Tras esta operación tardará una media de cuatro días: de Lavacolla irá a Valladolid, se trabajará y volverá a Lavacolla para enviarla a Santiago, que es su destino». Es el ejemplo que pone Elvira Maceiras, secretaria regional de UGT Postal, de lo que sucederá con cartas con origen y destino en Galicia al concluir esa «operación» de la que habla: el desmantelamiento de una máquina clasificadora de correo en Lavacolla, que derivará buena parte de trabajo a la capital castellana. Tanto UGT como CC.OO. rechazan rotundamente lo que consideran «el desguace del CTA de Santiago, pues eso es sinónimo de un desguace del servicio postal en Galicia», indican.
Ese desmantelamiento, añaden fuentes sindicales, comenzó en marzo del pasado año, cuando se llevaron del centro tres de las cinco máquinas clasificadoras de correo. El pasado día 1 tocaba desmontar la cuarta, aunque por cuestiones logísticas su funcionamiento se vio prolongado unos días. Pero el CTA de Santiago se quedará con una única máquina, que según las mismas fuentes es posible que evite que cartas de particulares hagan el viaje de ida y vuelta a Valladolid, ya que al depositarse en buzones podrían seguir procesándose en Santiago. «Pero si es un envío masivo, como el que puede efectuar un ayuntamiento, irá a Valladolid», aseguran, aunque su distribución final sea en misma localidad de origen.
Maceiras cree que además de consecuencias laborales, por pérdida de puestos de trabajo, «a nivel de servicio público se va a reflejar en la pérdida de calidad del tratamiento postal».
Refuerzo en paquetería
Desde Correos señalan que los cambios se deben a medidas organizativas internas, que buscan mejorar la eficiencia y calidad del servicio, sin afectar a las condiciones laborales de los empleados de la compañía «y sin realizar despidos». Aseguran que la modernización de la red logística es necesaria para garantizar la calidad del servicio y la estabilidad del empleo, indicando que el proceso viene marcado por una acelerada caída de la actividad postal: en el 2020 hubo 500 millones de envíos menos que en el 2019, y en el 2021 bajaron 212 millones sobre el ejercicio precedente. Correos asegura que pudo hacer frente a esa caída, agravada por la crisis sanitaria, por la adecuación de la estructura logística y de distribución para ser más eficientes, sin merma de la calidad.
Confirma que el CTA de Santiago mantendrá una máquina de clasificación de correo normalizado «que continúa trabajando parte de esta correspondencia». El gran cambio que anuncia Correos es la mejora de la adaptación del centro para orientarlo a la consolidación de la paquetería. Explica que está «prevista la instalación de una máquina de paquetería que doblará la capacidad de clasificación actual. Si se cumplen las previsiones, dicha instalación se realizará para el último trimestre del año, lo que potenciará nuestra capacidad para afrontar la campaña de paquetería». Garantizando, insisten, la calidad del servicio.
Correosestá registrandoquejasen las últimas semanaspor la entrega de las cartas voluminosas, que en algunos casos están siendo avisadas directamente para la recogida en oficina pese a que deberían ser entregadas en el buzón. Según ha podido comprobar este periódico,el proceso interno de trabajo no es claroy deja al criterio de los empleados la entrega en domicilio de este tipo de cartas, pese a lo quemarca la leydelServicio Postal Universal (SPU).
Esta ley regula el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios. En concreto, el SPU incluye las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos, tanto de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso, como de paquetes postales de hasta veinte kilogramos de peso. Según consta en la ley, estas cartas voluminosas de hasta dos kilos tienen que ser entregadas en domicilio y, si no está la persona destinataria, ser avisadas en el buzón.
Además de las cartas y tarjetas postales, la normativa aplica también a los envíos de “publicidad directa, de libros, de catálogos, de publicaciones periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida”. Según consta en el texto de la ley, “serán admitidos para su remisión en régimen de servicio postal universal, siempre que éste se lleve a cabo con arreglo a alguna de las modalidades previstas en el apartado anterior”.
No obstante, empleados de Correos denuncian que la consigna que ha dado recientemente la empresa es la de avisar directamente al destinatario para que pase por la oficina a recoger este tipo de cartas voluminosas, sin llevarla a domicilio pese a la normativa.
En un comunicado de proceso interno de trabajo, la empresa pública de mensajería señala a sus trabajadores que, en los envíos ordinarios voluminosos, “en el caso de que sea demasiado voluminoso para su depósito en el buzón, se debe analizar si es posible su entrega”, pero sin especificar que deberán llevarse siempre a domicilio si son cartas de hasta 2 kilos, o hasta 500 gramos si hablamos de libros, catálogos o publicaciones periódicas. “En el caso de no poder efectuar la entrega, se dejará un aviso de llegada en el buzón para que pasen a retirarlo por la oficina que corresponda en un plazo de 15 días naturales”, dice la norma.
“Hay algunas carterías que lo realizan correctamente porque aplican la normativa del SPU en todo momento, incluso algunos carteros que de manera particular lo realizan correctamente, pero no se debe dejar el proceso interno a la opinión de la jefatura de la cartería, porque por normativa tiene que llevarse a domicilio”, explica un empleado consultado por Vozpópuli. “Esto crea un trastorno para los destinatarios que tienen que ir a las oficinas a retirarlas, habiendo pagado como cartas”, reseña, insistiendo en que supuestamente el objetivo de la empresa es “dejar espacio en los carros para llevar a domicilio los pequeños paquetes premium y estándar que antes eran entregados por los carteros de reparto urgente”.
Correos convoca a sus oficinas
Las quejas de los usuarios sobre el SPU han crecido con fuerza en los últimos años, según los datos que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En base a sus cifras, las reclamaciones recibidas por Correos aumentaron en 2020 en un 23%, situándose en 249.842. Asimismo, las reclamaciones recibidas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana experimentaron una importante subida en ese año, situándose en 610 frente a las 265 de 2019.
No es este el único problema relacionado con envíos al que Correos se está enfrentando en las últimas semanas. Como contó este periódico, los envíos de la empresa a Canarias están protagonizando multitud de quejas en oficinas y redes sociales. Campaña navideña incluida, estos envíos a las islas llevan sufriendo desde mediados de noviembre fuertes retrasos que hacen que los paquetes no lleguen a tiempo a su destino y se demoren durante semanas, en teoría por supuesto cambio en la gestión de los sobres y paquetes y la tramitación aduanera.
En medio de las quejas sobre el servicio y por las incógnitas de los empleados sobre las nuevas consignas, Correos ha convocado el próximo jueves una reunión con los directores de las oficinas de toda España, según ha podido saber este periódico, donde previsiblemente se traten estos asuntos.
