Correos obliga a sus trabajadores a elegir entre perder… y perder
Correos, Correos, Correos…Los medios de comunicación están poniendo a la mayor empresa pública del país en el centro de todas las miradas desde hace ya tiempo. Todo tipo de noticias y polémicas saltan a la palestra mediática semana a semana. Pero, ¿qué está pasando en Correos?
No es la primera vez (ni será la última) que publico sobre la empresa en la que trabajo desde 2007. En Por qué nos quieren quitar Correos ya expuse el corazón del conflicto que se encuentra latente en el fondo del terremoto que vive la mayor empresa pública del país. Sin embargo, en el primer tercio de 2019 se ha intensificado el paso al que avanza el proceso de privatización. Y es que el Presidente Serrano, atacado fuertemente tanto por ex-directivos como por muchos representantes de lobbies del sector por su supuesta inacción y falta de contundencia en la aplicación de la hoja de ruta que la anterior Directiva había configurado, ahora ha apretado el acelerador sin disimulo.
¡Ojo, cuidado! Que para nada estuvo ocioso el máximo mandatario de Correos en los meses precedentes: primero sosegó a la plantilla en algunos puestos y ciudades aumentando algo la contratación (para así hacer notar la llegada del PSOE al Gobierno Central), después anunció a bombo y platillo una raquítica ampliación de las exiguas bolsas de contratación eventual y perfumó su imagen con la consolidación de casi 2400 plazas para personal laboral indefinido (pertenecientes a un proceso iniciado en 2016) llegándose a hablar en los medios incluso de Oposiciones a pesar de que el Cuerpo de Funcionarios está siendo extinguido progresivamente por las Directivas de Correos y las últimas oposiciones auténticas daten de 1998. La guinda del pastel tuvo lugar a finales del 2018 cuando impulsó una negociación con las organizaciones sindicales que cristalizó en la firma de un Acuerdo Plurinanual (2018-2020) finalmente respaldado por CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre (en lo suponía una aplicación sui generis del II Acuerdo para la mejora del empleo público que en marzo del pasado año se había cerrado con el Gobierno de M. Rajoy). Basta con revisar el documento plurianual para concluir que contiene pocas mejoras y está plagado de ambigüedades y trazos de brocha gorda. No obstante, tal vez su principal limitación sea la ausencia de referencias a los frenéticos ritmos y cargas de trabajo que soporta actualmente la plantilla y que ya están acarreando graves consecuencias para nuestra salud y seguridad laboral. Si esto es inactividad… que baje Dios y lo vea.
Tras la “pacificación” ha llegado el momento de seguir avanzando en la hoja de ruta que ha sido prefijada para Correos. Y es que esto ya no es una cuestión del partido de los ricos que esté en La Moncloa, pues tanto con el PP como con el PSOE, se comprueba que la privatización de Correos es algo que comparten los mandatarios políticos y empresarios del sector. Es cierto que existen fisuras en torno a cómo llevar a cabo dicha privatización y que éstas incluso alcanzan el nivel europeo, convirtiendo a Bruselas en juez para dirimir el formato. Pero como se suele decir “las cartas están ya boca arriba”.
Las espadas en todo lo alto
Basta con seguir atentamente las noticias relacionadas con Correos para cotejar en qué momento se encuentra la disputa sobre su privatización.
Probablemente, la web http://www.logisticaytransporte.es/ sea una de las fuentes más útiles, sobre todo para conocer las preferencias y aspiraciones de la parte empresarial. Si durante los años precedentes el debate giraba en torno a la conveniencia (o no) de privatizar Correos, ahora el debate ya ha saltado al cómo ejecutar dicha acción.
En resumen, podríamos hablar de la existencia de dos posiciones:
Por un lado, la Directiva actual, el Ministerio de Fomento y el PSOE buscan la aprobación de un Plan Estratégico que permita a Correos seguir recibiendo una prestación pública mientras desarrolla toda una estrategia de expansión internacional (Portugal, Singapur, etc) que le convertiría en el gran operador encargado de enlazar Europa y América Latina, clásico papel de España desde que inició su era colonial en el siglo XV, a la vez que establecerse en el Sudeste Asiático donde el volumen de paquetería se ha disparado.
Digamos que su vía hacia la privatización es seguir apostando por el desarrollo del segmento logístico y de la paquetería mientras usan a su antojo las partidas del Estado. La dirección de Correos insiste en que es compatible garantizar el cumplimiento del Servicio Postal Universal a la vez que ser competitivos y eficientes en la distribución de mercancías. Pero la práctica revela que esa afirmación no es más que un brindis al Sol y que cada día el servicio público se degrada mientras los recursos y el foco de atención lo ocupa la lucrativa paquetería. Así pues, se pretende mantener la estafa a toda población, usando las partidas públicas (recortadas y maltrechas, todo sea dicho) para rendir pleitesía a Amazon y otras multinacionales como Alibaba. Están imponiendo la lógica privada y de mercado en nuestros servicios públicos.
Precisamente con Amazon se ha cerrado un nuevo acuerdo trianual con el que la empresa pública busca erigirse en fiel escudera a las órdenes del gigante estadounidense. Muchas otras empresas como Seur, no pueden competir con la capacidad logística de Correos ni tampoco con los costes que ésta ofrece. De hecho, El Tribunal Supremo acaba de fallar a favor de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en su disputa con Correos debido a los bajos precios por sus servicios a grandes clientes. Eso explica por qué mientras en 2018 el volumen de paquetes trabajado por Correos aumentaba en un 60%, los beneficios apenas lo hacían un 10%. Para “fidelizar” clientes, una empresa que pagamos entre todas y todos, tira los precios para que las multinacionales hagan el agosto (pero durante todo el año) mientras se agujerean las cuentas públicas y se sobrecarga a la plantilla llevándonos al límite físico y el agotamiento. El magnate Jeff Bezos sería el Señor Burns y Correos el servicial Smithers.
Sin embargo, el Plan Presupuestario tiene que ser aprobado por Bruselas. Hasta hace poco parecía algo relativamente sencillo pero en los últimos días parece que ha cambiado la dirección del viento. La patronal de paquetería UNO Logística no está dispuesta a tolerar que el operador público español tenga ventajas en el mercado. Y es que, según las previsiones, el 75% de los 8.500 millones de habitantes en 2030 tendrán teléfono móvil y acceso a Internet. Y, además, muchos de ellos serán gente que ha crecido con esas tecnologías de uso cotidiano. No les será extraño comprar por Internet, por lo que no estamos hablando únicamente de un mercado que ya es de por sí rentable, sino que está llamado a cubrir una inmensa parte de las transacciones comerciales en todo el mundo en el futuro.
Aunque, actualmente, Amazon sea el líder del sector a nivel mundial, la competencia con otras grandes empresas es encarnizada y nadie quiere (ni puede) conceder un palmo de terreno. El mencionado informe de la CNMC, ha servido de espaldarazo a las presiones que DHL, UPS, o DBS Group (entre otros) están ejerciendo sobre Bruselas. Y es que no olvidemos que el caso español, junto al francés, suponen el reducto final en la UE del servicio postal en manos públicas, aunque en nuestro caso sea a través de la pertenencia a la SEPI.
Dentro del mundo empresarial hay voces que con fuerza reclaman la privatización de al menos algunos segmentos de Correos. Conformarían la segunda posición. Aunque las posibilidades son varias, la idea que comparten estas voces es la de dejar en manos del Estado la parte estrictamente de servicio público y privatizar las jugosas desde el punto de vista económico. Obviamente, cubrir las necesidades postales de la población no sale rentable, y por eso los empresarios apuntan hacia las piezas más suculentas. Quieren echar el lazo a la paquetería pero, sobre todo, quieren que Correos participe en ese mercado sin ventajas por ser el operador público y tener control sobre los precios por la distribución de paquetes. Esta vía supondría un dramático recorte de recursos y dotaciones que convertiría a Correos en una especie de “servicio residual”.
Las dos posiciones comparten que Correos ha de sumergirse de lleno en la competencia extrema del sector logístico y de la paquetería. La discusión, como vemos, gira en torno a la forma de hacerlo. ¿En qué situación nos deja esto a la plantilla?
Perder o perder
La reconversión empresarial de Correos S.A. se encuentra en un punto muy avanzado. Muestras de ello se aprecian por todas partes. En especial son notables en el trabajo cotidiano de la plantilla y en su propia conformación. Cuando los ritmos y las cargas laborales no paran de aumentar (y con ello la siniestralidad laboral), cuando el personal eventual supera por mucho al porcentaje de funcionarios y los comunicados de la Directiva van poniendo en el centro de todo el relato términos como rentabilidad, competitividad, flexibilidad y eficiencia, hay que estar muy ciego para no reconocer que la privatización se halla a la vuelta de la esquina.
El cambio de lógica lleva ya años bombardeando a la plantilla y a la sociedad. Tanto en el estilo de trabajo e incluso en la jerga interna, como a nivel social a través de noticias sobre la carga que supone Correos a las cuentas públicas, la necesidad de diversificación para afrontar el futuro y adaptarse a las nuevas necesidades de la población, el supuesto cataclismo que ha sufrido el envío de la carta tradicional, etc. Más allá de que muchas de ellas son exageraciones y medias verdades, la cuestión de fondo (y que incluso la propia plantilla pierde en muchas ocasiones de vista) es: ¿Desde cuándo tiene que ser un servicio público rentable? ¿Acaso no se trata de atender una necesidad de la comunidad? ¿A quién beneficia la mercantilización de los servicios públicos? Desde luego a las plantillas de éstos y a la ciudadanía, no.
Y esta no es una afirmación a la ligera. Ahora que Correos acaba de hacerse con el 51% de la portuguesa Rangel Expresso (tras la reciente aprobación de dicha operación por el Congreso de Ministros de España) para realizar entregas en toda la península en 24 horas, vemos como todos los esfuerzos se están dirigiendo hacia su reconversión en un operador logístico multinacional. La lógica privada ya está instalada en la entidad y el servicio postal que prestamos se ve constantemente arrinconado y maltratado por la priorización de intereses de mercado.
Conviene echar un vistazo a las consecuencias que la privatización del servicio postal tuvo en Portugal y que pueden sintetizarse en tres:
- Recorte de personal,
- Cierre de oficinas en lugares no rentables,
- Empeoramiento de las condiciones laborales para maximizar los beneficios a través del aumento de la explotación de la plantilla.
Una noticia reciente de El País recogía que: “La privatización de CTT (Sociedad Estatal de Correos de Portugal) ha conllevado las críticas de la oposición. Cuando dejó de ser estatal, solo tres concejos del país carecían de una oficina de correos; hoy ya son 33 y el próximo año serán 48 concejos sin correos, la mayoría en el interior. Ya se han cerrado más de 70 oficinas y despedido a 600 trabajadores desde la privatización.” Como se suele decir, para muestra un botón.
Correos España ya está actuando en esta línea. La destrucción de más de 15.000 puestos de trabajo desde el inicio de la crisis, el cierre de oficinas en el mundo rural que está generando aún más desnivel entre el campo y la ciudad y el aumento de la precariedad de las condiciones laborales dan fe de ello.
La reconversión de la empresa en un operador de paquetería y logística para competir en un mercado en ebullición por el estallido del comercio online hace que la plantilla y la ciudadanía nos encontramos entre “perder o perder”. A no ser que decidamos plantar cara a este proceso de degradación social y destrucción de lo público que tan graves consecuencias está teniendo ya para la calidad del trabajo y la vida en general. Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc, ya están dando dolorosas muestras de ello.
Estamos en el descuento
El bombardeo y las presiones sobre Correos (más allá de la voluntad privatizadora de la Directiva) son incesantes y demoledoras. Hace pocos días veía la luz un informe realizado por Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que ha sido entregado al Gobierno. Rescato un párrafo sin desperdicio del artículo en el cual se anunciaba este hecho:
“Los evaluadores de la Autoridad Fiscal consideran necesario que el operador postal aborde «un plan de eficiencia a corto plazo que reduzca la pérdida operativa y (por consiguiente) la necesidad de contraprestación» con cargo al erario público. Dentro de este plan de choque, el organismo dirigido por José Luis Escrivá plantea medidas de ‘ajuste suave’ como un replanteamiento de la política comercial de Correos, el lanzamiento de nuevos productos o la definición de un plan estratégico orientado a avanzar en la diversificación de la actividad del operador postal; pero también otras más agresivas como una reducción de la red de oficinas, la privatización de determinados servicios o la reconsideración del volumen de la actual plantilla del operador.”
Resulta evidente que vienen a por Correos, vienen a por una empresa con una cartera de negocio de cerca de 1800 millones de euros en 2018, vienen a por otro servicio público que es de todas y todos. Llevan años preparando el terreno, usando Correos como laboratorio empresarial, tocando aquí y allá hasta que obtienen los resultados deseados (o se acercan a ellos). En la última campaña de Navidad se alcanzó la cifra récord de tratamiento de 24 millones de envíos. Y se hizo con una contratación ínfima de apenas 3000 contratos en todo el país cuando el aumento del volumen de trabajo rondaba el 30%. Una dinámica laboral que la plantilla en lucha está respondiendo con la consigna de “trabajo, NO tortura”.
Se nos acaba el tiempo para salvar Correos, para proteger el trabajo de decenas de miles de familias y evitar la destrucción de otro servicio público, uno que, además, se encuentra en la espina dorsal de las comunicaciones y entrelaza la Administración Pública con la ciudadanía. Dejar que privaticen algo que es de todos no es una opción; dejar que la lógica de mercado y competencia estrangule el funcionamiento cotidiano de nuestro operador postal, tampoco.
Por un Correos público para la mayoría
No existen más opciones para defender al operador postal de nuestro país que evitar su privatización a la vez que impedir que la Junta de Administración siga actuando como un Consejo de accionistas del sector privado. Y esta tarea recae directamente en la plantilla y los representantes sindicales. Hace falta una fuerte sacudida por abajo, elevar el nivel de alerta de la plantilla y que cunda el ejemplo de las Unidades de Servicios Especiales de Madrid que han iniciado un camino de huelgas y resistencia ante el incremento de la carga de trabajo hasta niveles completamente inasumibles por las plantillas.
Si bien es cierto que somos una plantilla atomizada en un sinfín de centros de trabajo, no queda más alternativa que generar una fuerza unificada a través de reivindicaciones comunes y unidad de acción que no se limite a la lucha contra las consecuencias de la lógica privada aquí o allá sino que levante la bandera de lo público, de lo que es de todas y todos, para así defender los derechos laborales y también sociales.
Si al frente del Gobierno de nuestro país se han colocado los partidos que representan los intereses de los empresarios y banqueros, y se ha aplicado la misma hoja de ruta de liberalización y privatización que en el resto de la UE, es de entender que el camino seguido por Correos haya sido alejarse de la satisfacción de las necesidades de la comunidad para poner al servicio de los grandes magnates tanto su plantilla como su capacidad logística.
Hay que luchar intensamente contra la idea de que a Correos no le queda más salida que convertirse en una empresa competitiva. Irresponsable visión que incluso defienden las organizaciones sindicales mayoritarias en la entidad. Hay toda una serie de productos contenidos en el SPU que hay que garantizar que llegan a todos los domicilios del país de lunes a viernes. Hace poco más de una década éramos más de 60.000 trabajadores dedicados, principalmente, a esa tarea. Ahora somos muchos menos haciendo mucho más, al servicio de Amazon y de otros gigantes, y a costa de empeorar considerablemente el servicio público y nuestros derechos.
Correos puede tomar otras vías en base a la óptica pública: reforzar nuestros lazos con la Administración y así acercarla más a la población, revisar los productos que conforman el SPU, etc. Medidas sencillas y que en gran medida dependen de la voluntad política de un gobierno que verdaderamente quiera proteger los servicios públicos y velar por la salud de nuestras conquistas sociales.
No obstante, viendo que ni la titularidad pública, ni el control político que existe sobre Correos desde Moncloa sirven como garantía para frenar la privatización, la solución pasa por el control democrático por parte de las y los trabajadores. Con una plantilla profesional que conoce bien las tareas a realizar no sería difícil controlar la actividad cotidiana y asegurar que la Directiva no opera en contra de los intereses de los trabajadores y de la población. Estamos hablando de aplicar un control por parte de la plantilla sobre el uso de las partidas económicas y el resto del capital que posea la empresa, sobre el Plan Estratégico y la toma de decisiones para que estén en consonancia con las prioridades laborales y sociales.
- La situación de lo eventuales es de semi esclavismo. No se puede renunciar a un contrato ni escoger oficina ni turno, para ir al médico te ponen todas la pegas que se pueden poner, cada vez te envían a trabajar más lejos del domicilio, no te informan de cuando te llamarán para que no puedas tener vida propia, en el caso de las oficinas situadas en centros comerciales la situación es todavía más patética, en el turno de tarde muchas noches ha de venir el personal de seguridad a avisar que tienen que cerrar el centro… A los eventuales de la bolsa de trabajo nos tienen secuestrados. Yo llevo 12 años encadenando contratos de ATC de oficina en oficina sin contar otro periodo largo anterior en reparto a pie.
- […] otra parte, la transformación de Correos de un servicio público en una empresa servil vinculada a Amazon, encargada del reparto de los paquetes del gigante del e-commerce. Desde hace […]
- He pasado por todo lo que decís cuando la privatización de Telefonica de España en la cual me jubilé por lo que obviamente estoy totalmente de acuerdo con el análisis de este articulo…La cuestión que planteo es la siguiente. Hace unos días me cobraron en correos de Granada una comisión de 60 céntimos por el pago de una factura de Endesa….es legal esta comisión…por mi parte presente reclamación de la que estoy esperando respuesta. Eso sí después de que, hasta tres empleados (no se sus cargos) intentaran por todos los medios convencerme de que no pusiera dicha reclamación. Uno de los argumentos fue, que al Estado le costaba cada reclamación 60.000 euros (serán sanciones de la U.E por no cumplir la normativa??)
Correos obliga a sus trabajadores a elegir entre perder… y perder
Correos, Correos, Correos…Los medios de comunicación están poniendo a la mayor empresa pública del país en el centro de todas las miradas desde hace ya tiempo. Todo tipo de noticias y polémicas saltan a la palestra mediática semana a semana. Pero, ¿qué está pasando en Correos?
No es la primera vez (ni será la última) que publico sobre la empresa en la que trabajo desde 2007. En Por qué nos quieren quitar Correos ya expuse el corazón del conflicto que se encuentra latente en el fondo del terremoto que vive la mayor empresa pública del país. Sin embargo, en el primer tercio de 2019 se ha intensificado el paso al que avanza el proceso de privatización. Y es que el Presidente Serrano, atacado fuertemente tanto por ex-directivos como por muchos representantes de lobbies del sector por su supuesta inacción y falta de contundencia en la aplicación de la hoja de ruta que la anterior Directiva había configurado, ahora ha apretado el acelerador sin disimulo.
¡Ojo, cuidado! Que para nada estuvo ocioso el máximo mandatario de Correos en los meses precedentes: primero sosegó a la plantilla en algunos puestos y ciudades aumentando algo la contratación (para así hacer notar la llegada del PSOE al Gobierno Central), después anunció a bombo y platillo una raquítica ampliación de las exiguas bolsas de contratación eventual y perfumó su imagen con la consolidación de casi 2400 plazas para personal laboral indefinido (pertenecientes a un proceso iniciado en 2016) llegándose a hablar en los medios incluso de Oposiciones a pesar de que el Cuerpo de Funcionarios está siendo extinguido progresivamente por las Directivas de Correos y las últimas oposiciones auténticas daten de 1998. La guinda del pastel tuvo lugar a finales del 2018 cuando impulsó una negociación con las organizaciones sindicales que cristalizó en la firma de un Acuerdo Plurinanual (2018-2020) finalmente respaldado por CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre (en lo suponía una aplicación sui generis del II Acuerdo para la mejora del empleo público que en marzo del pasado año se había cerrado con el Gobierno de M. Rajoy). Basta con revisar el documento plurianual para concluir que contiene pocas mejoras y está plagado de ambigüedades y trazos de brocha gorda. No obstante, tal vez su principal limitación sea la ausencia de referencias a los frenéticos ritmos y cargas de trabajo que soporta actualmente la plantilla y que ya están acarreando graves consecuencias para nuestra salud y seguridad laboral. Si esto es inactividad… que baje Dios y lo vea.
Tras la “pacificación” ha llegado el momento de seguir avanzando en la hoja de ruta que ha sido prefijada para Correos. Y es que esto ya no es una cuestión del partido de los ricos que esté en La Moncloa, pues tanto con el PP como con el PSOE, se comprueba que la privatización de Correos es algo que comparten los mandatarios políticos y empresarios del sector. Es cierto que existen fisuras en torno a cómo llevar a cabo dicha privatización y que éstas incluso alcanzan el nivel europeo, convirtiendo a Bruselas en juez para dirimir el formato. Pero como se suele decir “las cartas están ya boca arriba”.
Las espadas en todo lo alto
Basta con seguir atentamente las noticias relacionadas con Correos para cotejar en qué momento se encuentra la disputa sobre su privatización.
Probablemente, la web http://www.logisticaytransporte.es/ sea una de las fuentes más útiles, sobre todo para conocer las preferencias y aspiraciones de la parte empresarial. Si durante los años precedentes el debate giraba en torno a la conveniencia (o no) de privatizar Correos, ahora el debate ya ha saltado al cómo ejecutar dicha acción.
En resumen, podríamos hablar de la existencia de dos posiciones:
Por un lado, la Directiva actual, el Ministerio de Fomento y el PSOE buscan la aprobación de un Plan Estratégico que permita a Correos seguir recibiendo una prestación pública mientras desarrolla toda una estrategia de expansión internacional (Portugal, Singapur, etc) que le convertiría en el gran operador encargado de enlazar Europa y América Latina, clásico papel de España desde que inició su era colonial en el siglo XV, a la vez que establecerse en el Sudeste Asiático donde el volumen de paquetería se ha disparado.
Digamos que su vía hacia la privatización es seguir apostando por el desarrollo del segmento logístico y de la paquetería mientras usan a su antojo las partidas del Estado. La dirección de Correos insiste en que es compatible garantizar el cumplimiento del Servicio Postal Universal a la vez que ser competitivos y eficientes en la distribución de mercancías. Pero la práctica revela que esa afirmación no es más que un brindis al Sol y que cada día el servicio público se degrada mientras los recursos y el foco de atención lo ocupa la lucrativa paquetería. Así pues, se pretende mantener la estafa a toda población, usando las partidas públicas (recortadas y maltrechas, todo sea dicho) para rendir pleitesía a Amazon y otras multinacionales como Alibaba. Están imponiendo la lógica privada y de mercado en nuestros servicios públicos.
Precisamente con Amazon se ha cerrado un nuevo acuerdo trianual con el que la empresa pública busca erigirse en fiel escudera a las órdenes del gigante estadounidense. Muchas otras empresas como Seur, no pueden competir con la capacidad logística de Correos ni tampoco con los costes que ésta ofrece. De hecho, El Tribunal Supremo acaba de fallar a favor de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en su disputa con Correos debido a los bajos precios por sus servicios a grandes clientes. Eso explica por qué mientras en 2018 el volumen de paquetes trabajado por Correos aumentaba en un 60%, los beneficios apenas lo hacían un 10%. Para “fidelizar” clientes, una empresa que pagamos entre todas y todos, tira los precios para que las multinacionales hagan el agosto (pero durante todo el año) mientras se agujerean las cuentas públicas y se sobrecarga a la plantilla llevándonos al límite físico y el agotamiento. El magnate Jeff Bezos sería el Señor Burns y Correos el servicial Smithers.
Sin embargo, el Plan Presupuestario tiene que ser aprobado por Bruselas. Hasta hace poco parecía algo relativamente sencillo pero en los últimos días parece que ha cambiado la dirección del viento. La patronal de paquetería UNO Logística no está dispuesta a tolerar que el operador público español tenga ventajas en el mercado. Y es que, según las previsiones, el 75% de los 8.500 millones de habitantes en 2030 tendrán teléfono móvil y acceso a Internet. Y, además, muchos de ellos serán gente que ha crecido con esas tecnologías de uso cotidiano. No les será extraño comprar por Internet, por lo que no estamos hablando únicamente de un mercado que ya es de por sí rentable, sino que está llamado a cubrir una inmensa parte de las transacciones comerciales en todo el mundo en el futuro.
Aunque, actualmente, Amazon sea el líder del sector a nivel mundial, la competencia con otras grandes empresas es encarnizada y nadie quiere (ni puede) conceder un palmo de terreno. El mencionado informe de la CNMC, ha servido de espaldarazo a las presiones que DHL, UPS, o DBS Group (entre otros) están ejerciendo sobre Bruselas. Y es que no olvidemos que el caso español, junto al francés, suponen el reducto final en la UE del servicio postal en manos públicas, aunque en nuestro caso sea a través de la pertenencia a la SEPI.
Dentro del mundo empresarial hay voces que con fuerza reclaman la privatización de al menos algunos segmentos de Correos. Conformarían la segunda posición. Aunque las posibilidades son varias, la idea que comparten estas voces es la de dejar en manos del Estado la parte estrictamente de servicio público y privatizar las jugosas desde el punto de vista económico. Obviamente, cubrir las necesidades postales de la población no sale rentable, y por eso los empresarios apuntan hacia las piezas más suculentas. Quieren echar el lazo a la paquetería pero, sobre todo, quieren que Correos participe en ese mercado sin ventajas por ser el operador público y tener control sobre los precios por la distribución de paquetes. Esta vía supondría un dramático recorte de recursos y dotaciones que convertiría a Correos en una especie de “servicio residual”.
Las dos posiciones comparten que Correos ha de sumergirse de lleno en la competencia extrema del sector logístico y de la paquetería. La discusión, como vemos, gira en torno a la forma de hacerlo. ¿En qué situación nos deja esto a la plantilla?
Perder o perder
La reconversión empresarial de Correos S.A. se encuentra en un punto muy avanzado. Muestras de ello se aprecian por todas partes. En especial son notables en el trabajo cotidiano de la plantilla y en su propia conformación. Cuando los ritmos y las cargas laborales no paran de aumentar (y con ello la siniestralidad laboral), cuando el personal eventual supera por mucho al porcentaje de funcionarios y los comunicados de la Directiva van poniendo en el centro de todo el relato términos como rentabilidad, competitividad, flexibilidad y eficiencia, hay que estar muy ciego para no reconocer que la privatización se halla a la vuelta de la esquina.
El cambio de lógica lleva ya años bombardeando a la plantilla y a la sociedad. Tanto en el estilo de trabajo e incluso en la jerga interna, como a nivel social a través de noticias sobre la carga que supone Correos a las cuentas públicas, la necesidad de diversificación para afrontar el futuro y adaptarse a las nuevas necesidades de la población, el supuesto cataclismo que ha sufrido el envío de la carta tradicional, etc. Más allá de que muchas de ellas son exageraciones y medias verdades, la cuestión de fondo (y que incluso la propia plantilla pierde en muchas ocasiones de vista) es: ¿Desde cuándo tiene que ser un servicio público rentable? ¿Acaso no se trata de atender una necesidad de la comunidad? ¿A quién beneficia la mercantilización de los servicios públicos? Desde luego a las plantillas de éstos y a la ciudadanía, no.
Y esta no es una afirmación a la ligera. Ahora que Correos acaba de hacerse con el 51% de la portuguesa Rangel Expresso (tras la reciente aprobación de dicha operación por el Congreso de Ministros de España) para realizar entregas en toda la península en 24 horas, vemos como todos los esfuerzos se están dirigiendo hacia su reconversión en un operador logístico multinacional. La lógica privada ya está instalada en la entidad y el servicio postal que prestamos se ve constantemente arrinconado y maltratado por la priorización de intereses de mercado.
Conviene echar un vistazo a las consecuencias que la privatización del servicio postal tuvo en Portugal y que pueden sintetizarse en tres:
- Recorte de personal,
- Cierre de oficinas en lugares no rentables,
- Empeoramiento de las condiciones laborales para maximizar los beneficios a través del aumento de la explotación de la plantilla.
Una noticia reciente de El País recogía que: “La privatización de CTT (Sociedad Estatal de Correos de Portugal) ha conllevado las críticas de la oposición. Cuando dejó de ser estatal, solo tres concejos del país carecían de una oficina de correos; hoy ya son 33 y el próximo año serán 48 concejos sin correos, la mayoría en el interior. Ya se han cerrado más de 70 oficinas y despedido a 600 trabajadores desde la privatización.” Como se suele decir, para muestra un botón.
Correos España ya está actuando en esta línea. La destrucción de más de 15.000 puestos de trabajo desde el inicio de la crisis, el cierre de oficinas en el mundo rural que está generando aún más desnivel entre el campo y la ciudad y el aumento de la precariedad de las condiciones laborales dan fe de ello.
La reconversión de la empresa en un operador de paquetería y logística para competir en un mercado en ebullición por el estallido del comercio online hace que la plantilla y la ciudadanía nos encontramos entre “perder o perder”. A no ser que decidamos plantar cara a este proceso de degradación social y destrucción de lo público que tan graves consecuencias está teniendo ya para la calidad del trabajo y la vida en general. Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc, ya están dando dolorosas muestras de ello.
Estamos en el descuento
El bombardeo y las presiones sobre Correos (más allá de la voluntad privatizadora de la Directiva) son incesantes y demoledoras. Hace pocos días veía la luz un informe realizado por Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que ha sido entregado al Gobierno. Rescato un párrafo sin desperdicio del artículo en el cual se anunciaba este hecho:
“Los evaluadores de la Autoridad Fiscal consideran necesario que el operador postal aborde «un plan de eficiencia a corto plazo que reduzca la pérdida operativa y (por consiguiente) la necesidad de contraprestación» con cargo al erario público. Dentro de este plan de choque, el organismo dirigido por José Luis Escrivá plantea medidas de ‘ajuste suave’ como un replanteamiento de la política comercial de Correos, el lanzamiento de nuevos productos o la definición de un plan estratégico orientado a avanzar en la diversificación de la actividad del operador postal; pero también otras más agresivas como una reducción de la red de oficinas, la privatización de determinados servicios o la reconsideración del volumen de la actual plantilla del operador.”
Resulta evidente que vienen a por Correos, vienen a por una empresa con una cartera de negocio de cerca de 1800 millones de euros en 2018, vienen a por otro servicio público que es de todas y todos. Llevan años preparando el terreno, usando Correos como laboratorio empresarial, tocando aquí y allá hasta que obtienen los resultados deseados (o se acercan a ellos). En la última campaña de Navidad se alcanzó la cifra récord de tratamiento de 24 millones de envíos. Y se hizo con una contratación ínfima de apenas 3000 contratos en todo el país cuando el aumento del volumen de trabajo rondaba el 30%. Una dinámica laboral que la plantilla en lucha está respondiendo con la consigna de “trabajo, NO tortura”.
Se nos acaba el tiempo para salvar Correos, para proteger el trabajo de decenas de miles de familias y evitar la destrucción de otro servicio público, uno que, además, se encuentra en la espina dorsal de las comunicaciones y entrelaza la Administración Pública con la ciudadanía. Dejar que privaticen algo que es de todos no es una opción; dejar que la lógica de mercado y competencia estrangule el funcionamiento cotidiano de nuestro operador postal, tampoco.
Por un Correos público para la mayoría
No existen más opciones para defender al operador postal de nuestro país que evitar su privatización a la vez que impedir que la Junta de Administración siga actuando como un Consejo de accionistas del sector privado. Y esta tarea recae directamente en la plantilla y los representantes sindicales. Hace falta una fuerte sacudida por abajo, elevar el nivel de alerta de la plantilla y que cunda el ejemplo de las Unidades de Servicios Especiales de Madrid que han iniciado un camino de huelgas y resistencia ante el incremento de la carga de trabajo hasta niveles completamente inasumibles por las plantillas.
Si bien es cierto que somos una plantilla atomizada en un sinfín de centros de trabajo, no queda más alternativa que generar una fuerza unificada a través de reivindicaciones comunes y unidad de acción que no se limite a la lucha contra las consecuencias de la lógica privada aquí o allá sino que levante la bandera de lo público, de lo que es de todas y todos, para así defender los derechos laborales y también sociales.
Si al frente del Gobierno de nuestro país se han colocado los partidos que representan los intereses de los empresarios y banqueros, y se ha aplicado la misma hoja de ruta de liberalización y privatización que en el resto de la UE, es de entender que el camino seguido por Correos haya sido alejarse de la satisfacción de las necesidades de la comunidad para poner al servicio de los grandes magnates tanto su plantilla como su capacidad logística.
Hay que luchar intensamente contra la idea de que a Correos no le queda más salida que convertirse en una empresa competitiva. Irresponsable visión que incluso defienden las organizaciones sindicales mayoritarias en la entidad. Hay toda una serie de productos contenidos en el SPU que hay que garantizar que llegan a todos los domicilios del país de lunes a viernes. Hace poco más de una década éramos más de 60.000 trabajadores dedicados, principalmente, a esa tarea. Ahora somos muchos menos haciendo mucho más, al servicio de Amazon y de otros gigantes, y a costa de empeorar considerablemente el servicio público y nuestros derechos.
Correos puede tomar otras vías en base a la óptica pública: reforzar nuestros lazos con la Administración y así acercarla más a la población, revisar los productos que conforman el SPU, etc. Medidas sencillas y que en gran medida dependen de la voluntad política de un gobierno que verdaderamente quiera proteger los servicios públicos y velar por la salud de nuestras conquistas sociales.
No obstante, viendo que ni la titularidad pública, ni el control político que existe sobre Correos desde Moncloa sirven como garantía para frenar la privatización, la solución pasa por el control democrático por parte de las y los trabajadores. Con una plantilla profesional que conoce bien las tareas a realizar no sería difícil controlar la actividad cotidiana y asegurar que la Directiva no opera en contra de los intereses de los trabajadores y de la población. Estamos hablando de aplicar un control por parte de la plantilla sobre el uso de las partidas económicas y el resto del capital que posea la empresa, sobre el Plan Estratégico y la toma de decisiones para que estén en consonancia con las prioridades laborales y sociales.
- La situación de lo eventuales es de semi esclavismo. No se puede renunciar a un contrato ni escoger oficina ni turno, para ir al médico te ponen todas la pegas que se pueden poner, cada vez te envían a trabajar más lejos del domicilio, no te informan de cuando te llamarán para que no puedas tener vida propia, en el caso de las oficinas situadas en centros comerciales la situación es todavía más patética, en el turno de tarde muchas noches ha de venir el personal de seguridad a avisar que tienen que cerrar el centro… A los eventuales de la bolsa de trabajo nos tienen secuestrados. Yo llevo 12 años encadenando contratos de ATC de oficina en oficina sin contar otro periodo largo anterior en reparto a pie.
- […] otra parte, la transformación de Correos de un servicio público en una empresa servil vinculada a Amazon, encargada del reparto de los paquetes del gigante del e-commerce. Desde hace […]
- He pasado por todo lo que decís cuando la privatización de Telefonica de España en la cual me jubilé por lo que obviamente estoy totalmente de acuerdo con el análisis de este articulo…La cuestión que planteo es la siguiente. Hace unos días me cobraron en correos de Granada una comisión de 60 céntimos por el pago de una factura de Endesa….es legal esta comisión…por mi parte presente reclamación de la que estoy esperando respuesta. Eso sí después de que, hasta tres empleados (no se sus cargos) intentaran por todos los medios convencerme de que no pusiera dicha reclamación. Uno de los argumentos fue, que al Estado le costaba cada reclamación 60.000 euros (serán sanciones de la U.E por no cumplir la normativa??)
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