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miércoles, 9 de junio de 2021

Competencia obliga a Correos a negociar con RD Post su acceso a la red postal pública

 

Distribución

Se trata del primer conflicto de acceso que una compañía postal presenta ante la CNMC.

4 junio, 2021 10:21

Nuevo toque atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Correos. El regulador ha obligado a la empresa pública a negociar con el operador alternativo RD Post, en el plazo de un mes, su acceso a infraestructuras de la red postal pública. Se trata del primer conflicto de acceso que una compañía postal presenta ante la CNMC, como supervisor del sector, desde su creación en 2013.

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En concreto, RD Post pide a Correos tener acceso a los servicios de retorno de información (SICER) y de prueba electrónica (PEE) allí donde no dispone de red. La compañía asegura que estos servicios, que forman parte de la red postal pública, son indispensables para poder desempeñar su actividad a la hora de enviar cartas certificadas y notificaciones administrativas. 

Sin embargo, Correos sostiene que son servicios reservados para sus clientes y que otros operadores postales no pueden ni contratarlos ni utilizarlos.

Obligaciones de Correos

Correos, como operador designado para la prestación del servicio postal universal (SPU), debe permitir el acceso a su red tanto a usuarios como a otros operadores postales, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que establece la normativa postal”, según detalla la CNMC en un comunicado.

En el caso de que el operador designado no cumpla con sus obligaciones de acceso a terceros, la normativa postal atribuye a la CNMC la función de resolver el conflicto entre operadores. Asimismo, la CNMC analiza si se trata de infraestructuras que forman parte de la red postal pública y si son necesarias para proteger el interés de los usuarios y favorecer la competencia.

En este caso, la CNMC ha comprobado que tanto los servicios de retorno de información (SICER) como los servicios de prueba electrónica (PEE) forman parte de la red postal pública, y son esenciales para gestionar el elevado número de envíos que RD Post deposita en la red de Correos. En consecuencia, si Correos deniega el acceso a estos servicios dificulta la actividad del operador alternativo, lo que acaba perjudicando a los usuarios.

Asimismo, según la CNMC, negar formalmente el acceso a estos servicios sitúa a RD Post en una posición de desigualdad respecto a otros operadores postales o colaboradores de Correos que sí cuentan con estas herramientas. Esto supone un incumplimiento del principio de no discriminación.

Por todo ello, en su Resolución la CNMC determina que Correos debe permitir a terceros el acceso a su red, tanto si se trata de un servicio postal universal (SPU) como si no. El acceso a estas infraestructuras se negociará y plasmará en un contrato que debe fijar el precio del mismo, entre otras cuestiones.

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20210604/competencia-obliga-correos-negociar-rd-post-publica/586441671_0.html


viernes, 4 de junio de 2021

Un informe oficial sugiere privatizar la red de Correos para minimizar costes

 

Plantea externalizar parte de la red

Un dossier de Economía hace suyas varias de las recomendaciones de la Airef y aconseja recortar los días de entrega y plantearse la posibilidad de cerrar oficinas para hacer más eficiente a la empresa pública.

NOTICIA

01.06.2021 - 04:30h

Actualizado: 01.06.2021 - 10:12h

Un informe interno elaborado por la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos sugiere abrir a la gestión privada parte de la red de Correos como vía para mejorar la eficiencia del operador postal propiedad del Estado y reducir la factura que anualmente le cuesta a las arcas públicas la retribución del llamado Servicio Postal Universal (SPU), un conjunto de servicios postales que todos los ciudadanos del país tienen derecho a recibir según la Ley Postal, que Correos debe prestar según unos determinados estándares de calidad aún cuando su prestación pueda no ser rentable económicamente, y por el que el Presupuesto del Estado ha pagado en el periodo 2011-2020 una compensación anual de 128 millones de euros. 

El dossier, fechado el 15 de julio de 2020, se incluye en la evaluación general que el Ministerio de Asuntos Económicos ha realizado a la propuesta de Plan de Prestación Postal redactada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y hace suyas varias de las propuestas planteadas en su día por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su 'spending review' sobre la gestión del SPU por parte de Correos, según han asegurado a La Información fuentes gubernamentales y del sector.

Fotografía empleada de Correos / EFE

El departamento que dirige Nadia Calviño avala en líneas generales la propuesta de Plan de Prestación para el periodo 2021-2025 planteada desde el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos, que debe regular las condiciones en que se prestará este servicio a lo largo de ese quinquenio y también la aportación que el Estado deberá realizar a la empresa estatal Correos por la ejecución efectiva del mismo, pero formula varias observaciones al mismo con el argumento de que existe margen para mejorar la eficiencia del funcionamiento del operador postal público y apoyándose en el informe que realizara la Airfef hace ya varios meses, según estas mismas fuentes. 

En este sentido la Dirección General de Política Económica, entre cuyas atribuciones está "el análisis y propuesta de las directrices y orientaciones de la política económica, así como el estudio, elaboración y coordinación de propuestas normativas sobre reformas estructurales con impacto económico", invita a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a sopesar medidas como la reducción de cinco a tres días del número de días de entrega de los envíos incluidos en el SPU - cartas y tarjetas postales de hasta dos kilos de peso y paquetes de menos de 20 kilos de peso -, una posible reducción de las oficinas y buzones actualmente operativos y también la ya mencionada externalización de una parte de la red postal como posibles vías para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de Correos.

Una "asignación ineficiente de recursos"

El informe de Economía entiende que la propuesta de Plan de Prestación no tiene en cuenta la caída en la utilización de la red postal a la hora de fijar los criterios de población y distancia que determinan la capacidad instalada necesaria para garantizar la prestación del servicio postal universal y, por ello, no proporciona el suficiente margen a Correos para "adaptarse a la evolución de la demanda de los ciudadanos"; y considera que establecer la densidad de la red postal sin tener en cuenta la evolución de la demanda "podía acabar asignando recursos de manera ineficiente".

Los criterios que regulan el SPU exigen que haya un buzón en todos lo núcleos de población donde haya más de 400 habitantes, en todos los municipios y en todos los puntos necesarios para que no haya que desplazarse más de 1,5 kilómetros, así como un buzón adicional por cada 3.500 habitantes. Asimismo también prevé la existencia de una oficina postal en todas las poblaciones de más de 2.500 habitantes. Tanto la Autoridad Fiscal como la CNMC consideran que ese despliegue puede resultar excesivo en vista del desplome del negocio postal en los últimos meses.

El planteamiento trasladado por la Vicepresidencia Económica reabre el debate sobre la privatización de la empresa postal del Estado, que en los últimos años ha sido tanteada por varios gobiernos - el gabinete de Mariano Rajoy incluso llegó a solicitar un informe al efecto a la consultora AT Kearney- y cuyas sombras los sindicatos han apreciado en los últimos meses tras algunos de los movimientos estratégicos realizados por la actual Dirección de Correos, que en su opinión esconden un 'desguace' progresivo del operador. La empresa ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones.

Ajustar la compensación económica a Correos por el SPU

La persistencia de este debate se debe en buena medida a la delicada situación financiera de Correos, que se mueve en números rojos desde hace años y sobre la que pesa la sospecha de consumir más recursos públicos de los que realmente necesitaría para operar con normalidad. Una sospecha avalada por los expedientes abiertos por Bruselas, que hace tres años obligó al Estado a reintegrar a las arcas públicas 167 millones de euros pagados de más al operador postal público por la prestación del Servicio Postal Universal durante el periodo 2004-2010 y que hace apenas unos años forzó también un recorte en la retribución estatal al operador hasta dejarlo en los 128 millones de euros anuales antes mencionados, que servirán de referencia también para el Plan de Prestación propuesto por el equipo de José Luis Ábalos.

Esta sobrefinanciación ha sido también uno de los caballos de batalla de los competidores de Correos tanto en el mercado postal, organizados bajo la patronal Asempre, como en el del reparto de paquetería, asociados en UNO, que consideran que el Presupuesto del Estado ha estado sufragando una suerte de competencia desleal del operador estatal frente a los operadores privados con los que compite y ha permitido a la compañía de la cornamusa ofrecer descuentos a grandes clientes por debajo de mercado. El fenómeno está siendo investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ya ha llegado a los tribunales, por ejemplo en la causa abierta por la Administración Concursal de la ya desaparecida Unipost - el que fuera principal competidor privado de Correos - que reclama cerca de 300 millones de euros al operador público por este motivo.

El informe del Ministerio de Asuntos Económicos comparte el criterio de la Autoridad Fiscal de que el Servicio Postal Universal se puede prestar con unos estándares de calidad muy similares con una aportación sensiblemente más reducida por parte del Estado, limitando la compensación por la prestación de ese servicio obligatorio a la parte de la red postal de zonas rurales - menos de 5.000 habitantes - por su imposibilidad de aprovechar las economías de escala.

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/informe-interno-gobierno-sugiere-privatizar-parte-red-correos-reducir-factura-perdidas-estado/2840062/

viernes, 14 de mayo de 2021

Hormigas

Si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un frasco de vidrio nada pasará. Pero si tomas el frasco, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las enemigas mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas cuando el verdadero enemigo es quién sacudió el frasco. Lo mismo ocurre en la sociedad. Hombres vs Mujeres Izquierda vs Derecha Pobre vs Rico Empleados vs Patronos Fé vs Ciencia Viejo vs Jóven Antes de ponernos a pelear entre nosotros, debemos preguntarnos ¿Quién sacude el frasco en nuestra sociedad y sigue avanzando con su agenda sigilosamente mientras nosotros estamos distraídos.

jueves, 13 de mayo de 2021

La huelga de Correos en Sabadell se enquista y se extenderá a Terrassa a finales de mayo

Los trabajadores de Correos en Sabadell (Vallès Occidental) denuncian el inmovilismo de la dirección a la hora de negociar las condiciones laborales en la unidad de reparto número 4 de la capital vallesana. Este martes una representación de los empleados se ha concentrado ante la sede de la empresa en Barcelona para reclamar que se les escuche tras acumular 36 días de huelga para protestar por la falta de recursos humanos y materiales y que ha parado el servicio de reparto, con afectación a unos 70.000 ciudadanos del norte de Sabadell. Aseguran que esta misma situación se vive en otras ciudades como Terrassa, que prevé iniciar una huelga de media jornada en toda la ciudad a partir del 31 de mayo, unas movilizaciones que se podrían extender a más municipios del entorno. Carga de trabajo sobredimensionada Los trabajadores de la unidad de reparto número 4 de Sabadell comenzaron la huelga el 6 de abril para denunciar una situación que poco a poco se ha ido agravando. Concretamente, lamentan que tienen una carga de trabajo sobredimensionada, por lo que reclamaron a la empresa que asignara personal a las plazas que tenían pendientes de llenar, y apoyar así a los doce trabajadores. "No ha sido así, y el problema se está enquistando", lamenta Juan Antonio Manjón, delegado sindical de la CGT en Correos en la provincia de Barcelona. Tras 36 días de huelga, están recibiendo el apoyo anímico y económico de trabajadores de otros centros de todo el Estado y también de entidades, que aportan dinero a la caja de solidaridad que han abierto para cubrir los días en que la plantilla se encuentra en situación de protesta. La situación afecta a 70.000 ciudadanos de una decena de barrios del norte de Sabadell, que no están recibiendo su correspondencia. "La empresa ha priorizado el envío de paquetes al del correo y las notificaciones", asegura Manjón. En este sentido, asegura que se está investigando la cabeza sustituta de la unidad de reparto que habría falsificado el aviso de primera notificación en documentos oficiales que no se han llegado a entregar a sus destinatarios. La huelga puede crecer Los trabajadores advierten que la protesta se centra en la unidad en cuestión, pero que pronto se replicará en otros centros donde se encuentran en la misma situación, fruto de la nula voluntad de la dirección de negociar, denuncian. Noticias relacionadas Después de que Reus se haya sumado también a protestas por hechos similares, el 31 de mayo comenzará una huelga de media jornada a los tres centros de reparto de la ciudad de Terrassa, una situación que afectará a la totalidad de la población, y apuntan que en breve podrían sumarse otros municipios del entorno de Barcelona. Más noticias de Sabadell en la edición local de EL PERIÓDICO

viernes, 7 de mayo de 2021

Naturgy y Correos se alían para impulsar la captación de clientes a través de sus oficinas

Naturgy y Correos han suscrito una alianza para impulsar la captación de nuevos clientes de la energética y hacerles llegar sus productos y servicios a través de una red de más de 1.000 oficinas del operador logístico, informaron ambas compañías. De esta manera, en las oficinas de Correos se ofrecerá la posibilidad de acceder a los productos y servicios de Naturgy de una forma ágil y sencilla con el mayor descuento en término fijo de su factura. En concreto, los clientes se beneficiarán de una energía comprometida con el planeta y un precio fijo durante doce meses con un 30% de descuento en el término fijo de la factura de luz y gas, además de tres meses gratis en los servicios de mantenimiento y reparación para el hogar. Para ello, la compañía pondrá en marcha la herramienta digital EasyInfluencers, que agilizará la captación de nuevos clientes en el marco de esta alianza. Gracias a esta nueva alianza, Naturgy indicó que «profundiza en la cercanía al cliente con una mayor capilaridad en todo el territorio nacional». El director general de Comercialización de Naturgy, Carlos Vecino destacó que el grupo trabaja «de forma constante por estar al lado del cliente, tanto física como digitalmente y por agilizar todos los procesos de contratación, con el objetivo de hacer más sencilla la relación con el cliente y la gestión de su propia factura». Para Correos, este acuerdo de colaboración es un paso más en su estrategia de diversificación y en su objetivo de acercar nuevos productos y servicios a los ciudadanos que les faciliten su día a día, aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de su red de oficinas. Naturgy suma así un nuevo partner a su cartera de alianzas con la que consigue una mayor presencia y más capacidad de llegada a diferentes perfiles de consumidor. La energética ya cuenta con un alianzas con firmas como Glovo, para ofrecer reparaciones urgentes domésticas; o Amazon y Booking, para que los clientes pueden acceder a descuentos a través del área cliente; así como con Línea Directa y BP, para reforzar su red. Este tipo de acuerdos se enmarca dentro de la estrategia de transformación e impulso a la digitalización del grupo para conectar y mejorar las relaciones con los clientes.https://elperiodicodelaenergia.com/naturgy-y-correos-se-alian-para-impulsar-la-captacion-de-clientes-a-traves-de-sus-oficinas/

Correos centraliza la toma de decisiones al prescindir de sus siete directores territoriales

Correos ha puesto en marcha un proceso de reorganización interna por el cual la toma de decisiones tendrá lugar directamente en los servicios centrales de la empresa. En concreto, según ha podido confirmar Vozpópuli, la compañía de mensajería ha suprimido sus tradicionales divisiones territoriales y prescindido de los siete directores a cargo de estas áreas. Fue este miércoles cuando los directores recibieron la noticia del fin de su cargo, toda vez que Correos decidió suspender la estructura zonal que justificaba su labor. "No se ha cesado a nadie, es un cambio de funciones", explican fuentes de la empresa de mensajería, que alegan que el cambio se trata de un acuerdo del consejo de administración de la empresa "para una reorganización interna a nivel territorial de cara a mejorar la eficiencia de la compañía". Una decisión que, según denuncian los sindicatos mayoritarios de la empresa, CCOO y UGT, se ha tomado "por sorpresa con alevosía, oscurantismo y una falta de respeto evidente hacia cualquier libro de estilo Serrano y la cuadrilla que desgobierna Correos". Según los representantes de los trabajadores, "al parecer el fantasmal Plan Estratégico justifica esta supresión de estructura organizativa y el consiguiente fusilamiento de los siete postalones que quedaban en puestos directivos". Servicios centrales De esta manera, con la supresión de la división de España en siete zonas, todos los servicios dependerán de los servicios centrales. Estas siete zonas eran: Galicia, Asturias y Castilla y León (Zona 1); Euskadi, Navarra, La Rioja y Aragón (Zona 2); Cataluña (Zona 3); Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura (Zona 4); Comunidad Valenciana y Baleares (Zona 5); Andalucía y Ceuta y Melilla (Zona 6); y Canarias (Zona 7). En julio de 2019, la Airef también apuntó a la "eficiencia" de Correos en su informe sobre la compañía, en el que destacaba que "también existen potenciales ganancias de eficiencia en los servicios centrales de la organización". En concreto, explicaba el organismo independiente, "aparte de los incentivos identificados en las actividades de admisión, clasificación y distribución, también se identifican potenciales ganancias de eficiencia en los servicios centrales a partir de la reducción de estructuras intermedias o la reducción de las principales partidas de gasto". Para justificar su afirmación, la autoridad independiente matizaba que "la reducción o supresión de funciones intermedias es una estrategia habitual en modelos de red en otros sectores como consecuencia de la digitalización de los procesos". Movilización sindical Con todo, Correos se enfrenta estos días a una fuerte movilización sindical que arrancó el martes en Mallorca, en un acto con el que se inició una ronda de "desayunos reivindicativos" para denunciar lo que consideran un "desguace" de la empresa pública. La compañía pública negó el miércoles que exista un plan de privatización de la empresa o una previsión de pérdidas de 634 millones para 2023, en respuesta a las movilizaciones de los sindicatos, y recalcó que las pérdidas recogidas en el plan operativo anual en el ejercicio 2021 son de 77 millones.https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/correos-directores-territoriales.html

sábado, 24 de abril de 2021

CSIF reclama "rejuvenecer la media de edad en Correos con un plan de prejubilaciones"

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) - La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige "rejuvenecer la media de edad en Correos que, según datos de la propia empresa, es superior a los 50 años". El sindicato critica, además, que el nivel de temporalidad en Correos es superior al 35%. "Un porcentaje altísimo que choca frente a la creación de empleo estable que CSIF reclama urgentemente en Correos. Una empresa pública no puede admitir esa tasa de temporalidad", afirman desde el sindicato. La cifra de empleados por encima de los 60 años se acerca a los 5.000. CSIF exige "dar luz verde ya a un programa de prejubilaciones y jubilaciones parciales para rejuvenecer a una plantilla que, en sus puestos bases, desempeña un trabajo físico, cuya dureza diaria se ha aumentado con el imparable crecimiento de la paquetería". CSIF defiende que Correos "está en disposición de llevar a cabo ese rejuvenecimiento como demuestran los 4,7 millones de euros de beneficios de este primer trimestre de 2021". Sin embargo, "la empresa está llevando unos enormes ajustes de plantilla hasta el punto de que en los tres primeros meses del año en los que no se cubren bajas ni permisos de empleados. Las nuevas Bolsas de Empleo no empezarán a funcionar hasta el 1 de junio, y todo este tiempo está siendo un lastre con una falta de efectivos que supera el 15% en los centros de trabajo", explican desde CSIF. Hay dos convocatorias de empleo pendientes que superan las 6.000 plazas y que están detenidas por la situación sanitaria. Pero, mientras tanto, CSIF pide "activar la contratación con contratos de calidad, a tiempo completo, para ofrecer el servicio público que corresponde a la ciudadanía". 

domingo, 18 de abril de 2021

Ofertas fuera de plazo y "falta absoluta de control": más irregularidades en los contratos de Correos en la etapa de Rajoy

Un contrato adjudicado a una oferta que llega una semana fuera de plazo, otro que adolece de "falta absoluta de control interno", prórrogas ilegales, escasa transparencia... son otras de las irregularidades detectadas en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ha destapado "incumplimientos graves" de la normativa de contratación en Correos, la mayor empresa pública de España, en la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. Una auditoría revela el descontrol de adjudicaciones de Correos en la etapa de Rajoy Una auditoría revela el descontrol de adjudicaciones de Correos en la etapa de Rajoy Saber más La lista de irregularidades recogidas en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, de más de 100 páginas, va mucho más allá de las que los auditores del Ministerio de Hacienda dedican a la adjudicación a una consultora fundada por Miguel Marín, entonces directivo de FAES (la fundación de José María Aznar) para ayudar al grupo a "ahorrar" en sus gastos de limpieza. La auditoría detecta por ejemplo varios "incumplimientos legales" en una muestra de contratos sujetos a las instrucciones internas que la propia Correos elaboró en 2013. Destaca un vídeo institucional sobre logística postal encargado por 28.903 euros en 2016 a Quum Comunicación SA, veterana agencia propiedad de familiares de la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar y que hasta 2013 tuvo como consejero delegado solidario a su tío, el constructor José Figar Velasco. Solicitadas ofertas, y pese a que ni esas instrucciones internas ni los pliegos del contrato lo permitían, Correos pidió a las empresas seleccionadas una "solicitud de mejora" de sus propuestas. Tenían hasta las 14 horas del 10 de marzo de 2016 para ello. "De acuerdo con la documentación aportada, la empresa que resultó adjudicataria habría enviado la oferta mejorada con posterioridad a la finalización del plazo fijado, ya que en el presupuesto figura la fecha de 10 de marzo de 2016, pero el correo electrónico en el que se envía el mismo es de fecha de 17 de marzo a las 12:04 horas", dice la IGAE. El informe es especialmente crítico con un contrato para "el Pilotaje de un servicio basado en la venta de productos hortofrutícolas directamente del productor al cliente final" adjudicado en junio de 2014 a la empresa Barrabés Internet SLU por 382.730 euros más IVA. El contrato se adjudicó por el procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación, reservado a "casos tasados" y no aplicables a este contrato, "toda vez que no tiene por objeto fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo con el fin de obtener una rentabilidad o de recuperar los costes de investigación". Tampoco "hay constancia en el expediente de que se haya negociado con otras empresas, o se haya solicitado la participación de las mismas. Simplemente consta una propuesta del futuro adjudicatario" anterior a la memoria justificativa del contrato. De hecho "la iniciativa del proyecto parte de la futura adjudicataria", cuya propuesta inicial "es exactamente el presupuesto de licitación" e idéntico al importe por el que finalmente se le adjudicó. Concluido el contrato, Correos aprobó hasta cinco prórrogas entre 2015 y 2016 "carentes de cobertura jurídica". Según la IGAE, "este contrato y su ejecución revelan una desconexión entre los departamentos encargados de la ejecución y seguimiento del mismo y los encargados de la tramitación administrativa, además de una falta absoluta de control interno por parte de Correos del procedimiento de contratación y ejecución". Acuerdos Marco En el caso de los contratos basados en Acuerdos Marco, destaca la compra de 800 motos Piaggio que el entonces presidente de Correos, Javier Cuesta, tuvo que anular porque Hacienda tumbó la adjudicación al detectar que "se emplearon criterios de valoración técnicos que no estaban previstos". "La valoración técnica se hacía depender de juicios de valor, ya que no se establecieron fórmulas para su valoración", y se propuso comprar una motocicleta que estaba fuera de catálogo y costaba 1.500 euros, un 3% más que el modelo que sí figuraba en el mismo. Tras la anulación, Piaggio interpuso una reclamación por daños y perjuicios alegando que parte de las motos ya estaban fabricadas. "Ante la probabilidad de que, en caso de acudir a la jurisdicción Correos se viera obligado a abonar el importe de las 800 motocicletas", se decidió formalizar un "acuerdo transaccional". Correos compró 490 motos por 735.000 euros (más IVA), a razón de 1.500 euros la unidad. Según la IGAE, "No se considera admisible la solución del "transaccional privado", sino la nulidad del contrato y el inicio del procedimiento". En el caso de la compra de 353 furgonetas a Renault por 3,7 millones, "no queda constancia de que se haya consultado a todas las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco que figuran en la Plataforma de Contratación. Tampoco existe justificación acerca de la falta de capacidad por parte del resto de empresas no consultadas". "No existe constancia de que las ofertas se hayan abierto en acto público", ni del día de recepción de cada oferta. En los pliegos, "no se aporta suficiente información" y son lo bastante inconcretos como para "que puedan producirse arbitrariedades" en su valoración: hay "falta de cuantificación de las mejoras", no se precisan los parámetros mínimos exigidos a los vehículos (consumo, emisiones, sistema de frenado...) y se incluyen expresiones como "otros o etc.", que "suponen indeterminación en el establecimiento e indefinición de los criterios". A la hora de adjudicar el contrato, "el Acuerdo de Adjudicación dictado por el Secretario del Comité de Inversiones con fecha 18 de julio de 2016, carecería de validez", al no ser este el órgano competente, sino la Dirección General de Racionalización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, cuya propuesta de adjudicación es posterior, "con lo cual se deduce que Correos propuso, adjudicó y comunicó vía email la Adjudicación del Contrato previamente". En un servicio de mantenimiento de equipos de Rayos X para inspeccionar la correspondencia adjudicado por el procedimiento negociado con publicidad a la empresa que ya lo venía prestando, una filial de Siemens que fue la única que se presentó, no hubo "ningún tipo de baja que sea consecuencia de una negociación de los términos del contrato", ni "se ha acreditado a lo largo del procedimiento el cumplimiento de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato". Entre los criterios técnicos de valoración "se introducen algunos que pueden interpretarse como normas discriminatorias de exclusión de licitadores que a priori pueden ser perfectamente admisibles". En varios contratos no consta la motivación de la comunicación de la adjudicación a los licitadores. Muchos se prorrogan "con ausencia de cobertura legal". Es el caso de uno de suministro de mobiliario adjudicado a la madrileña Volumen SA por un importe inicial de 1,88 millones que se prorroga irregularmente de forma que acaba ascendiendo a 2,73 millones. Esa solución "engloba un nuevo contrato de suministro que tendría que haber dado lugar a un nuevo expediente de contratación", dice el informe. En varias adjudicaciones, Correos da a la oferta técnica un peso superior al que permiten sus normas internas. Es el caso de un "Programa de Perfeccionamiento" de directivos de segundo nivel adjudicado al IESE por 333.500 euros, incluyendo sucesivas modificaciones. La IGAE avisa de que esa mayor ponderación de la oferta técnica solo aplica para casos excepcionales. "Si no median estas circunstancias, se puede dar lugar a una arbitrariedad en el proceso de adjudicación". La oferta elegida habría sido la segunda si se hubiera aplicado el criterio general. Contra la ley española y europea También hay duras críticas a la adjudicación del servicio de noticias de la Agencia EFE, que como Correos pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el procedimiento "especial". "En tanto que el objeto del contrato puede ser cubierto por otros licitadores, no se acredita en el expediente la "exclusividad" que permita no aplicar los principios de publicidad y concurrencia". Los auditores acusan a Correos de "incumplir los principios de la legislación contractual española y la recogida en las Directivas comunitarias de libertad y concurrencia". En varios casos, se optaba por ejecutar un gasto antes de ser aprobado, en contra de las normas internas de Correos. Así fue en un contrato de asesoría jurídica para Sagardoy, el bufete que asesoró al Gobierno de Rajoy en su reforma laboral. El gasto se facturó el 30 de diciembre de 2015 pero no fue aprobado hasta el 15 de febrero de 2016. Al analizar los recursos interpuestos ante los tribunales contractuales, se aprecia una "vulneración del principio de transparencia" al no permitirse a los licitadores acceder a los expedientes antes de interponer el recurso; y "un aspecto común a todos los expedientes" de contratación negociada es la apertura de las dos ofertas (inicial y negociada) en un solo acto que "no es público, sino que solamente se encuentran dos responsables de la Sociedad". La IGAE, citando la doctrina de los tribunales de recursos contractuales, señala que es "muy recomendable posibilitar la presencia de los licitadores" para "ofrecer una mayor garantía de imparcialidad y una mejora en la imagen de transparencia". Esto permite "garantizar el secreto de las proposiciones" y que las empresas conozcan simultáneamente las ofertas propuestas. "Así, se permite a los licitadores comprobar la integridad de los sobres presentados por cada uno de ellos hasta el momento de su apertura en dicho acto y se descarta así toda posible sospecha de su "manipulación" por la Administración contratante".

viernes, 9 de abril de 2021

cinco vacunas y suma y sigue

Si los resultados son satisfactorios, a finales de agosto seis millones de cubanos, más de la mitad de la población, estarán protegidos. Cuando termine 2021, Cuba será de los primeros países del mundo en vacunar a todos sus residentes. El 23 de marzo de 2021 el primer ministro británico Boris Johnson dijo ante un grupo de partidarios del Partido Conservador: “La razón de nuestro éxito con la vacuna es el capitalismo, es la codicia, amigos”. Johnson estaba expresando la creencia de que la búsqueda del beneficio privado a través de mercados libres capitalistas genera buenos resultados. Sin embargo, en realidad, los logros de Gran Bretaña en el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca y en el lanzamiento nacional de la vacunación tienen más que ver con las inversiones estatales que con los mecanismos del mercado. El dinero del Gobierno subvencionó el desarrollo de la vacuna en la Universidad de Oxford y es el Servicio Nacional de Salud, financiado por el Estado, el que ha llevado a cabo el programa de vacunación. Lo que Johnson no reconoció es que el motivo por el que Gran Bretaña tiene actualmente el quinto peor índice de mortalidad por Covid-19 en el mundo, con más de 125.000 muertes (casi 1.857 por millón de habitantes), y suma y sigue, es el capitalismo y la codicia. El Gobierno británico, como la mayoría de los regímenes neoliberales, se negó a tomar las medidas necesarias para ralentizar y detener la transmisión comunitaria; desde el principio fue incapaz de proporcionar a los trabajadores del sector de la salud y de la asistencia social los EPI adecuados y otros recursos que podrían haber salvado la vida de cientos de personas que trabajaron en primera línea y que fallecieron a consecuencia de ello. El gobierno británico contrató a empresas privadas para que llevaran a cabo actividades esenciales, la mayoría con poca o ninguna experiencia; por ejemplo, en lugar de equipar al sistema comunitario de médicos de cabecera del Servicio Nacional de Salud para que se hicieran cargo del “seguimiento y localización” de casos, el Gobierno repartió 37.000 millones de libras a Serco para administrar parte del sistema. Desde el punto de vista de la salud pública, ha sido un desastre; sin embargo, según los celebrados principios del capitalismo y la codicia de Boris Johnson, en efecto se ha lucido. Los mayores beneficiarios de la respuesta de Gran Bretaña a la pandemia han sido las corporaciones privadas, que han obtenido enormes beneficios. La tarifa media diaria, de los aproximadamente 2.500 consultores de Accenture, Deloitte y McKinsey, es de 1.175 euros, y algunos cobran 7.780 euros al día. Johnson ya ha trazado una hoja de ruta para reabrir la economía. Como consecuencia, incluso el escenario más optimista predice una tercera ola entre septiembre de 2021 y enero de 2022, que comportará al menos 30.000 muertes más en Gran Bretaña. Estas muertes son evitables. Sin embargo, precisamente porque el Gobierno británico funciona movido por el capitalismo y la codicia, insiste en que tenemos que aprender a “vivir con el virus” para que el negocio empresarial pueda continuar. Gran Bretaña Boris Johnson coronavirus la-tinta Contrariamente a las afirmaciones de Johnson, esta pandemia ha ratificado que las necesidades de la atención médica pública, no pueden satisfacerse adecuadamente con un sistema basado en la búsqueda de beneficios. De hecho, es en la ausencia del afán de lucro capitalista en lo que se basa la extraordinaria respuesta nacional e internacional a la COVID-19 por parte de la Cuba socialista, que ahora tiene cinco vacunas en fase de ensayo clínico, y está lista para ser una de las primeras naciones en vacunar a toda su población. Al reaccionar con rapidez y determinación, al movilizar su sistema de salud pública y un sector biotecnológico líder en el mundo, Cuba ha mantenido un número bajo de contagios y muertes. En 2020, Cuba confirmó un total de 12.225 casos de coronavirus y 146 muertes en una población de 11,2 millones, lo cual la sitúa entre los índices más bajos del hemisferio occidental. En noviembre de 2020, se abrieron los aeropuertos, lo que provocó un aumento de contagios: en enero de 2021 se contabilizaron más infecciones que en todo el año anterior. El 24 de marzo de 2021, Cuba había registrado menos de 70.000 casos y 408 muertes. La tasa de mortalidad fue de 35 por millón y la tasa de letalidad fue tan solo del 0,59 por ciento (2,2 por ciento en todo el mundo; 2,9 por ciento en Gran Bretaña). En un año, 57 brigadas de médicos especialistas del Contingente Internacional Henry Reeve cubano habían tratado a 1,26 millones de pacientes con la COVID-19 en 40 países; se adhirieron 28.000 profesionales de la salud cubanos que ya trabajan en 66 países. Los logros de Cuba son todavía más extraordinarios si se tiene en cuenta que, desde 2017, la administración de Donald Trump lanzó punitivamente 240 nuevas sanciones, acciones y medidas para endurecer el bloqueo de 60 años a Cuba, incluidas casi 50 medidas adicionales durante la pandemia, que solo al sector de la salud le costaron más de 200 millones de dólares. ¿Qué caracteriza a las vacunas cubanas? En todo el mundo, se están desarrollando unas 200 vacunas para la COVID-19; el 25 de marzo de 2021, 23 candidatas habían avanzado a ensayos clínicos de fase III. Dos de ellas eran cubanas (Soberana 2 y Abdala). Ningún otro país latinoamericano ha desarrollado su propia vacuna hasta ese punto. Cuba tiene tres vacunas candidatas más en ensayos en fases anteriores (Soberana 1, Soberana Plus y una vacuna intranasal sin aguja llamada Mambisa). ¿Cómo se explica este logro? El sector biotecnológico de Cuba es único: de propiedad y financiación totalmente estatal, libre de intereses privados, los beneficios no se buscan a escala nacional, y la innovación se canaliza para satisfacer las necesidades de salud pública. Decenas de instituciones de investigación y desarrollo colaboran compartiendo recursos y conocimientos en lugar de competir entre ellas, lo que facilita una vía rápida desde la investigación y la innovación hasta los ensayos y la aplicación. Cuba tiene la capacidad de producir entre el 60 y el 70 por ciento de los medicamentos que consume el país, un imperativo derivado del bloqueo de Estados Unidos y del coste de los medicamentos en el mercado internacional. También hay fluidez entre las universidades, los centros de investigación y el sistema de salud pública. Estos elementos han demostrado ser vitales en el desarrollo de las vacunas cubanas para la COVID-19. Cuba analisis vacuna soberana la-tinta A escala mundial se están desarrollando cinco tipos de vacunas para la COVID-19: —Vacunas de vectores virales que inyectan un virus inofensivo no relacionado modificado para entregar material genético del SARS-CoV-2 (Oxford AstraZeneca, Gamaleya y SputnikV). —Vacunas genéticas que contienen un segmento de material genético del virus SARS-CoV-2 (Pfizer, Moderna). —Vacunas inactivadas que contienen virus SARS-CoV-2 desactivado (Sinovac/Butantan, SinoPharm, Bharat Biotec). —Vacunas atenuadas que contienen virus SARS-CoV-2 debilitado (Codagenix). —Vacunas proteicas que contienen proteínas del virus que desencadenan una respuesta inmunitaria (Novavax, Sanofi / GSK). Las cinco vacunas cubanas en fase de ensayo clínico son todas vacunas proteicas; llevan la parte de la proteína de la espiga del virus que se adhiere a las células humanas; genera anticuerpos neutralizantes para bloquear el proceso de unión. La doctora Marlene Ramírez González explica que son “vacunas de subunidades, uno de los métodos más económicos, y el tipo para el cual Cuba tiene el mayor conocimiento e infraestructura”. De la proteína S –el antígeno o parte del virus SARS-CoV2 en el que se centran todas las vacunas para la COVID, porque induce la respuesta inmune más fuerte en humanos– las candidatas cubanas se basan solo en la parte involucrada en contacto con el receptor de la célula: el dominio receptor-obligatorio (RBD, por sus siglas en inglés), que es también el que induce la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. Esta estrategia no es exclusiva de las vacunas cubanas. Sin embargo, Soberana 02 sí se distingue del resto de candidatas del mundo como la única “vacuna conjugada”. Actualmente, está en la fase III de los ensayos clínicos, combina RBD con toxoide tetánico, que potencia la respuesta inmune. Cuba ya había desarrollado otra vacuna con este principio. Se trata de Quimi-Hib, “la primera de su tipo en ser aprobada en América Latina y la segunda en el mundo”, contra el Haemophilus influenzae tipo b, cocobacilo responsable de enfermedades como meningitis, neumonía y epiglotitis. Las vacunas Soberana las produce el Instituto Finlay en alianza con el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y el Centro de Biopreparados. En su nombre viene implícita su importancia económica y política; sin un producto nacional, Cuba tendría dificultades para acceder a vacunas extranjeras, ya sea por el bloqueo de Estados Unidos o por el coste de las mismas. Las vacunas Soberana insertan información genética en células superiores de mamíferos. Soberana Plus es la primera vacuna del mundo para pacientes convalecientes de la COVID-19 que llega a los ensayos clínicos. Las otras vacunas, Abdala y Mambisa, nombres que también rinden homenaje a la lucha de Cuba por la independencia, las produce el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Estas vacunas insertan información genética en un organismo menos evolucionado, un microorganismo unicelular (la levadura Pichia Pastoris). Se apoyan en el extraordinario historial del CIGB, incluidas sus vacunas contra la hepatitis B, utilizadas en Cuba durante 25 años. Al desarrollar diferentes plataformas de vacunas, esas instituciones evitan competir por los recursos. Caballero explica que “Cuba tiene la capacidad de producir dos cadenas vacunales independientes, con más de 90 millones de vacunas anuales, manteniendo la producción requerida de otros productos para el mercado interno y para la exportación”. Las vacunas cubanas requieren tres dosis y, al ser estables a temperaturas de entre dos y ocho grados, no requieren costosos equipos especiales de refrigeración. Cuba coronavirus calles la-tinta Ensayos en fase III y “estudios de intervención” A finales de marzo, los ensayos de fase III estaban en marcha para Soberana 2 y Abdala, cada uno de los cuales incorporaba a más de 44.000 voluntarios mayores de 19 años en regiones con alta incidencia de la COVID-19. Soberana 2 se administra en La Habana, y Abdala en Santiago de Cuba y Guantánamo. El análisis y seguimiento de los pacientes del ensayo de fase III continuarán hasta enero de 2022 para investigar si previenen la transmisión, cuánto dura la inmunidad y otras preguntas que ningún fabricante de vacunas puede responder aún. Sin embargo, otros 150.000 sanitarios en La Habana están recibiendo inyecciones de Soberana 2 como parte de un “estudio intervencionista”, una forma de ensayo clínico que puede autorizarse después de que se haya demostrado la seguridad de los medicamentos en la fase II. Los estudios de intervención no incluyen pruebas de doble ciego ni placebos. Otros 120.000 sanitarios del oeste de Cuba recibirán Abdala en las próximas semanas. A finales de mayo de 2021, otros estudios intervencionistas en la capital administrarán la vacuna a 1,7 millones de personas en La Habana, la mayoría de la población adulta, lo que significa que dos millones de cubanos estarán completamente vacunados. Los científicos médicos cubanos confían en tener la capacidad y la experiencia para adaptar sus formulaciones, tecnologías y protocolos de actuación vacunales para abordar nuevas variantes. Los próximos pasos son que Soberana 1 y Soberana Plus entren en ensayos de fase II y se lanzará un nuevo estudio con jóvenes de 5 a 18 años. Cuba y China forman equipo con Pan-Corona El CIGB de Cuba se ha asociado con colegas en China para trabajar en una nueva vacuna llamada Pan-Corona, diseñada para ser efectiva en diferentes cepas del coronavirus. Utilizará partes del virus que se conservan, no expuestos a variaciones, para generar anticuerpos, combinados con partes dirigidas a respuestas celulares. Los cubanos aportan la experiencia y el personal, mientras que los chinos aportan los equipos y recursos. La investigación se llevará a cabo en el Centro Conjunto de Innovación Biotecnológica de Yongzhou, en la provincia china de Hunan, que se instauró el año pasado con equipos y laboratorios diseñados por especialistas cubanos. Gerardo Guillén, director de ciencias biomédicas del CIGB, afirmó que la propuesta “podría proteger contra emergencias epidemiológicas de nuevas cepas de coronavirus que puedan darse en el futuro”. El proyecto se basa en casi dos décadas de colaboración en ciencias médicas entre Cuba y China, incluidas cinco empresas conjuntas en el sector biotecnológico. Una vacuna para el hemisferio sur Los profesionales cubanos han recibido diez medallas de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) durante 26 años; sus productos biotecnológicos se exportaban a 49 países antes de la pandemia, incluidas las vacunas utilizadas en los programas de inmunización infantil en América Latina. Cuba ha manifestado que sus vacunas para la Covid-19 se exportarán a otros países. Esto brinda esperanza a las naciones con ingresos bajos y medianos, que simplemente no pueden permitirse vacunar a sus poblaciones a los precios elevados (entre 10 y 30 dólares por dosis) exigidos por las grandes farmacéuticas. En febrero de 2021, la Oficina de Periodismo de Investigación informó que la empresa estadounidense Pfizer ha estado “intimidando” a los países latinoamericanos para que pongan activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra el coste de cualquier causa judicial futura en relación con sus vacunas para la COVID-19. Cuba vacuna soberana Covid la-tinta A través de un acuerdo con el Instituto Pasteur, de Irán, 100.000 iraníes participarán en los ensayos clínicos de fase III de Soberana 2 y otras 60.000 personas participarán en Venezuela. Otros países, incluidos México, Jamaica, Vietnam, Pakistán e India, han manifestado su interés en recibir las vacunas cubanas, al igual que la Unión Africana, que representa a las 55 naciones de África. Es probable que Cuba aplique una escala variable a sus exportaciones de vacunas para la COVID-19, como lo hace con la exportación de profesionales médicos, por lo que lo que cobra refleja la capacidad de pago de los países. Lo que ha logrado Cuba es notable, pero como afirma Caballero: “Sin el injusto bloqueo de Estados Unidos, Cuba podría tener más resultados y mejores”. Cuba se ha convertido en un líder mundial en biotecnología, porque tiene un Estado socialista con una economía de planificación centralizada, que ha invertido en ciencia y tecnología, y antepone el bienestar humano a las ganancias; es decir, con la ausencia de capitalismo y codicia que celebra el primer ministro británico Johnson. Fuente: https://www.counterpunch.org/2021/03/30/cuba-libre-to-be-covid-libre-five-vaccines-and-counting/ Traducción de Paloma Farré para CTXT

Los otros efectos secundarios de las vacunas

A ver, una pregunta tonta que me ronda desde hace meses, y que nunca me atrevo a hacer por no alimentar bulos ni dar aire a los plastas negacionistas: las multinacionales farmacéuticas esas de cuyas vacunas depende hoy nuestra salud y nuestra economía, ¿son las mismas multinacionales farmacéuticas de las que llevamos décadas desconfiando y echando pestes por sus prácticas turbias, una y otra vez denunciadas y a veces condenadas por corrupción, sobornos, regalos a médicos, ensayos clínicos irregulares, presión sobre gobiernos e instituciones internacionales, financiación de partidos y candidatos presidenciales que favorezcan sus intereses, expolio de recursos naturales y riqueza biológica de países africanos, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, y mil y un comportamientos nada éticos, cuando no directamente criminales? Sigo con mi pregunta, que tengo que coger aire: las multinacionales farmacéuticas esas de cuyas vacunas depende hoy etcétera, etcétera, ¿se trata por casualidad de las mismas multinacionales farmacéuticas que llevan décadas protagonizando denuncias y demandas de usuarios, todo tipo de investigaciones periodísticas y judiciales, además de cientos de entretenidísimos thrillers cinematográficos en los que intrépidos periodistas y médicos honrados destapan sus actuaciones mafiosas poniendo en riesgo su vida? ¿Hablamos tal vez de los mismos fabricantes acusados desde hace más de medio siglo de dedicar recursos a investigar según qué enfermedades en función de su rentabilidad, desarrollar preferentemente tratamientos crónicos antes que curativos para asegurar ingresos sin fin, o sacar enormes beneficios de nuestros miedos y ansiedades? ¿Los mismos que, contra la creencia de que la investigación progresa gracias a su esfuerzo, en realidad dedican un porcentaje pequeño de sus ganancias a investigar mientras se benefician una y otra vez del trabajo público de universidades, centros de investigación y hospitales por todo el planeta, y de enormes cantidades de dinero público? Venga, tranquilícenme un poco, quítenme el susto del cuerpo: díganme que no, que no son las mismas; que las farmacéuticas que hoy fabrican y suministran nuestras vacunas contra el coronavirus no son las de los dos párrafos anteriores; que son otras, más transparentes, más éticas, más preocupadas por el bienestar de la humanidad y menos obsesionadas por el beneficio a toda costa. No quiero ni pensar que nuestra salud y nuestra economía, es decir, nuestras vidas y nuestro futuro, estuvieran a merced de aquellos granujas. Estoy convencido de que nuestros gobernantes, europeos y españoles, no lo permitirían. Y si no les quedase otro remedio que encomendarse a esos mismos fabricantes, confío en que no permitirían que se beneficiasen de dinero público e investigación pública sin antes asegurar el suministro suficiente y equitativo de vacunas, atendiendo a criterios de salud global antes que a la ley del mercado; y lo harían mediante contratos transparentes, nada de cláusulas confidenciales o párrafos tachados. Es más: incluso en el hipotético caso –improbable, insisto– de que, por causas de fuerza mayor –la urgencia por conseguir una vacuna contrarreloj–, nuestros gobernantes se hubiesen arrojado a los brazos de esas mismas farmacéuticas de los dos primeros párrafos, apuesto a que serían implacables con cualquier incumplimiento de suministro o con la mínima sospecha de desvíos de la producción o subasta de vacunas al mejor postor, llegando incluso a obligarlas a compartir conocimiento para que otros puedan también fabricar. Espera, que voy un paso más allá: en el improbable, hipotético y totalmente inverosímil caso de que toooodo lo anterior hubiese sucedido, y estuviésemos hoy totalmente a merced de unas cuantas farmacéuticas como las descritas en los dos primeros párrafos, y no hubiese más remedio que tragar y seguir adelante, pongo la mano en el fuego porque nuestros gobernantes y organismos internacionales estarían ya preparando futuras reformas contra el oligopolio farmacéutico y planeando incluso la creación de farmacéuticas públicas para que, ya que en esta pandemia no ha sido posible, no nos suceda lo mismo en la siguiente. Más o menos lo que pasó con los bancos cuando la crisis de 2008: entonces hubo que tragar y rescatarlos, porque de su caída dependía la economía mundial, pero una vez pasado el susto los gobiernos y organismos internacionales se pusieron muuuuy serios y metieron en vereda a la banca mundial, que desde entonces rinde cuentas ante la ciudadanía y revierte sus beneficios en el bien común. Perdonen el desahogo, pero quería sacarme estas dudas de encima. Que cuando me llamen para vacunarme, no quiero ir preocupado por los efectos secundarios, ni los de la vacuna ni los derivados del trato con sus fabricantes. Del acceso de los países con menos recursos a la vacunación ya hablamos otro día, que se me acaba la página. Y por favor, al salir apaguen el Ironic Modehttps://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/efectos-secundarios-vacunas_129_7381958.html que me lo he dejado encendido.