2022, el año en que perdimos salario y no pasó nada
Lo perdido en los convenios firmados en 2021 y 2022 suman ocho puntos, el salario entero de un mes. “Hemos retrocedido a 2009, pero a diferencia de entonces, ahora no hay movilización social”, apunta Francisco González, responsable de negociación colectiva del sindicato mayoritario gallego, CIG.
Es como si este año el reloj hubiese retrocedido 13 años, hasta 2009. O incluso 14, hasta 2008. Lo ha hecho a través de la pérdida del poder adquisitivo derivada del aumento de la inflación, en vez de por la destrucción directa del empleo. Seguimos trabajando, pero el sueldo no da para pagar todas las facturas. Mucho menos para ahorrar. La diferencia importante es que “ahora no pasa nada”, resume González. No hay movilización social, “es como si el Gobierno de izquierdas tuviera un efecto placebo en la clase trabajadora”.
A grandes rasgos, en 2019 y 2020 se logró recuperar, más o menos, el poder adquisitivo perdido en 2009. Pero 2021 cerró con 3.650 convenios firmados con una subida salarial media del 1,69%, según los datos del Ministerio de Trabajo mientras la inflación anual alcanzó el 3,1% de media anual, según el INE. En 2022, la variación salarial media es del 2,65% y el IPC es del 8,4% de media anual. “Nos han vuelto a colocar en el punto de partida, incluso retrocediendo más”, advierte el sindicalista gallego. Y eso que Galicia y Euskadi han firmado los convenios colectivos con el aumento salarial medio más alto: 3,9% y 5,2%, respectivamente —6,3% en Gipuzkoa, la provincia que mejor negocia los convenios—.
Con los datos en la mano, González puede afirmar que los trabajadores que consiguen firmar un convenio perderán cuatro puntos este año y cinco el anterior; mientras que la mayoría de trabajadores “se comerá” entera la carestía de este año, a la que deberán sumar la del anterior. “Y el Banco de España predice otra subida de entre cuatro y cinco puntos para 2023”, advierte González.
Lo perdido en los convenios firmados en ambos años suma ocho puntos, el salario equivalente a un mes entero, como explicó en mayo el profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Mario del Rosal —ocho puntos equivale a una de las doce mensualidades—. La pérdida es mayor para quien no tiene convenio o lo tiene congelado. Sin convenio, el IPC de ambos años llega al 11,5%. Un mes y medio de salario.
Gracias, reforma laboral
La reforma laboral ha aportado alegrías, al menos en los datos gruesos, reduciendo en siete puntos la tasa de temporalidad de España (17,5%), dejándola solo a dos puntos de la media europea (15,2%). El cambio impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha supuesto un viraje en el paradigma en las relaciones del mercado laboral: por primera vez, uno de cada dos contratos que se firman son indefinidos. Hasta este año, solo lo eran uno de cada diez. El cambio es enorme.
Pero González añade la mirada puntillosa de sindicalista: “Esta semana tuve una reunión con el Sepe de Galicia y más del 60% de los contratos indefinidos firmados son a tiempo parcial o fijos discontinuos, es decir, hay muchas personas que no trabajan a jornada completa, por lo que su salario no llega al de una jornada completa”, advierte.
La estabilidad de un indefinido, sea a jornada completa, parcial, discontinua o con un salario cada vez más cercano del SMI, aporta tranquilidad. La herencia de los Pactos de Moncloa, la costumbre de dar las gracias y no discutir y una perspectiva centralista.
El sindicalismo combativo
Este año ha sido el de los dos grandes congresos en el anarcosindicalismo. Tanto CGT como CNT han celebrado congresos internos. El de CGT fue tenso y renovó su secretariado general. Tras los tiras y aflojas habituales en estas situaciones, el sector más combativo y alejado de Madrid venció en la votación y Miguel Fadrique (Valladolid) se convirtió en su responsable. No en vano, es en Catalunya donde CGT marca el ritmo: ha conseguido superar la barrera de 20.000 afiliados. En el Estado, CGT movilizó al 60% de los trabajadores que participaron en las huelgas convocadas en 2021.
Por su parte, las diferentes secciones de CNT se reencontraron tras siete años sin congreso. Aportaron 180 ponencias, llegaron a acuerdos mayoritariamente por consenso y aprobaron la creación de una caja de resistencia confederal para huelgas indefinidas.
La caja es precisamente la particularidad que mejor define al sindicato vasco mayoritario, ELA. Con ella financia huelgas larguísimas, como la más larga de Europa, de los trabajadores de Novaltia, que ponen contra la espalda y la pared a empresas imponentes, como el Guggenheim: trece trabajadoras lograron un aumento salarial del 20% y terminar con los contratos parciales tras 9 meses de huelga.
“Por la repercusión mediática, el convenio del metal es muy importante, pero nosotros le damos mucha importancia a pequeños conflictos en subcontratas de limpieza y en ayuda a domicilio que no solo aseguran el poder adquisitivo de las trabajadoras, sino que persiguen acabar con la brecha salarial”, destaca Pello Igeregi, el responsable de negociación colectiva. Reconoce que es en los sectores feminizados donde más dificultades encuentran para mejorar las condiciones de trabajo.
Hasta agosto, País Vasco y Navarra acumulaban el 55% de las huelgas convocadas en todo el Estado, a pesar de tener solo el 6% de la población activa. Hay cosas que no cambian, año tras año.
El hogar, la deuda histórica
Las trabajadoras del hogar lo saben perfectamente. Atomizadas y abandonadas por los consecutivos gobiernos, este año han podido finalmente celebrar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional de los Trabajadoras, establecido en 2011. Ahora ya son asalariadas del régimen general, aunque aún deberán cotizar para generar paro.
Esta ratificación supuso el mayor consenso en el Congreso de los Diputados: 325 votos a favor y una sola abstención. En las inmediaciones del edificio, hubo abrazos, alegría y emoción. “Hemos llorado de alegría”, ha reconocido Marina Díaz, activista del sindicato de Sintrahocu. Considera que la ratificación es “un derecho conquistado”, que supone “un impulso para su lucha, hay que seguir luchando todas juntas sin parar para que el cumplimiento de la norma sea adecuado”.
Son más de 600.000 mujeres que llevaban décadas trabajando sin derecho a la prestación de desempleo, con despidos libres, con pensiones mínimas, sin prevención de riesgos laborales e, incluso, en situaciones de semiesclavitud, como es el trabajo en régimen interno.
Amianto, la factura sin pagar
El amianto se prohibió en 2001; desde 2012, la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi bregaba, primero en el Parlamento Vasco, luego en el Congreso de los Diputados, conseguir este fondo que evitará que las víctimas tengan que emprender un largo, caro y tedioso recorrido judicial si quieren ver reconocidos sus derechos y optar a una indemnización, que depende de la voluntad de cada juez. Jon García es su portavoz y valoraba en julio que la unanimidad en la creación del fondo “daba muchas garantías”.
La Ley 21/2022 quedó aprobada el 19 de octubre. Alfonso Ríos Velada, responsable de salud laboral de CC OO de Euskadi, recordaba que el PSOE no facilitó el camino, pero la movilización sindical y de las asociaciones de víctimas consiguieron revertir la situación. Queda por ver cómo se determinarán las cuantías a indemnizar.
Correos, Amazon, la industria
La empresa pública más grande, Correos, ha mantenido su proceso de amazonización, mientras los sindicatos siguen convocando huelgas en periodos clave, como el Black Friday y Navidades, que coincidieron también con las convocadas por los trabajadores de Amazon.
Pero sin duda las huelgas sectoriales más grandes este año han tenido lugar en dos sectores: transportes e industria. De una parte, la derecha supo capitalizar el descontento de los transportistas con el aumento del gasoil, un sector que hace tiempo dejó de ser su propio jefe para pasar a ser un sub-subcontratado. En la industria, 20.000 trabajadores de Cantabria reivindicaron en verano un convenio colectivo justo y, este otoño, 50.000 en Bizkaia, que aún no ha terminado la negociación.
Represión y siniestralidad
Y de los conflictos más importantes de años anteriores, en 2022 han llegado los procesos judiciales de Tubacex, en la que varias personas han sido juzgadas por presuntos delitos de lesiones, desobediencia a la autoridad y desórdenes, casos de los que fueron absueltos y que los afectados calificaron como montajes policiales.
Las seis condenadas por concentrarse delante de la pastelería La Suiza de Gijón, militantes de CNT, no han tenido la misma suerte. Una gran manifestación en Madrid las arropó el 24 de septiembre.
Y un año termina y con él se cierran las estadísticas más lúgubres. Los datos tardan unos meses en llegar. En 2022 conocimos los definitivos de 2021: 705 personas. La falta de prevención de riesgos laborales o el hecho de anteponer la productividad a la seguridad condicionan las muertes, pero también se vinculan a este índice la alta temporalidad, la externalización, la rotación y la inexperiencia, características que pueden explicar que sea entre los jóvenes trabajadores donde mayor incidencia de accidentes laborales se concentra. A este año se le añadieron los peligros que supone una ola de calor como la sufrida en verano.
